La Comunidad de Madrid quiso cobrar a una embarazada por hacerle una cesárea tras un parto prematuro en la sanidad pública

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad a costear una cesárea a una mujer embarazada que sufrió un parto prematuro cuando estaba de visita en España. La mujer, originaria de Guinea Ecuatorial, aterrizó en Madrid en diciembre de 2019 embarazada de cinco meses, pero tras el vuelo se encontró mal y todo derivó en un adelanto de su parto.

Eloísa tenía planes de visitar a una tía en Guadalajara, de forma que viajó hasta allí al llegar a España. Sin embargo, los dolores le forzaron a acudir a urgencias del hospital de la provincia. Una vez allí, al comprobar que el parto se había adelantado y que tenía algunas infecciones identificadas en esos chequeos, se la derivó al Hospital Universitario La Paz en un viaje en ambulancia.

“No ha sido nada fácil. Estuve varios días hasta que me trasladaron al hospital en Madrid. Tras parir, me quedé en la calle porque no tenía a donde ir y era Navidad, las pasé sola en la cama de un hospital. Cada vez que lo cuento es revivirlo de nuevo”, explica la mujer durante una llamada a Infobae, ya de nuevo en su país.

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La sorpresa de la mujer fue que, durante los meses que estuvo en Madrid a la espera de que su hijo neonato fuera dado de alta, recibió una factura por los costes que habían derivado de la cesárea de urgencias. Castilla-La Mancha no le pidió ni un euro por la atención que recibió en Guadalajara, pero la Comunidad de Madrid sí consideró que la mujer tenía que hacerse cargo de los costes. En total, a una mujer africana que estaba de paso en el país y que vivía en una situación total de vulnerabilidad, se le pidieron casi 4.000 euros, según reza la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae. De esos, 3.483 eran por practicar la cesárea durante el parto y los 354 euros restantes eran en calidad de la atención que había recibido el menor durante su ingreso hospitalario.

La mujer se encontraba sin recursos económicos suficientes y sin apoyo social. Tan deficitaria era su situación, que la trabajadora social del Hospital La Paz y las trabajadoras sociales de los centros de salud de Azuqueca de Henares y de Sigüenza “tramitaron varias ayudas para alimentación, alojamiento, ropa y transporte público en varias instituciones, como Karibu, la Asamblea Local de Cruz Roja y la Asociación Provida en Torrejón de Ardoz”, explican las organizaciones que acompañaron a Eloísa durante su periplo por Madrid.

La Comunidad de Madrid quiso que la mujer se costeara todos los gastos por ser extranjera, pero la Justicia ha dado la razón a la mujer. El Gobierno de Mariano Rajoy eliminó la universalidad del sistema sanitario en 2013 mediante un Real Decreto, un fuerte revés que sufrieron las personas migrantes y extranjeras en España, pero dejaba la posibilidad de atención a mujeres embarazadas. Años más tarde, el Gobierno de Sánchez, en 2018, recuperó esa universalidad, aunque mediante una fórmula que ha producido muchos casos polémicos en la Comunidad de Madrid, reticente a reconocer con facilidad este derecho.

Sea como fuere, la cobertura de mujeres embarazadas está blindada en la sanidad pública española, pero la Consejería de Hacienda insistió en cobrar la factura mediante un único argumento: que la mujer “no tenía abierta la vía al reconocimiento de derecho a través de un informe de arraigo social al estar con turista de visado”, según reza el escrito de la justicia madrileña. La sentencia recoge claramente que “las mujeres extranjeras no autorizadas ni registradas ostentan la condición de aseguradas”.

Juan Rubiño, perteneciente al despacho Red Jurídica y abogado que se encarga de la defensa de casos de exclusión sanitaria se muestra muy crítica con las posturas que tiene el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: ”La Comunidad de Madrid está llegando al sinsentido de que excluye del derecho a personas que están incluidas, además de por leyes nacionales y tratados, por sus propias normas internas dictadas por ellos mismos, como son casos de embarazadas y menores. Actualmente, trabajo en el caso de un menor, que además es español, y al que el SERMAS ha facturado la atención sanitaria. A estas alturas confío poco en que la Consejería rectifique su proceder y tendremos que seguir reclamando en los juzgados el derecho que se nos niega, a menos que el Ministerio de Sanidad tome cartas en el asunto, ya que este tiene competencias para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud y fijar sus términos”, explica en declaraciones a este medio.

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Ante las actuales problemáticas en varias comunidades autónomas, donde la exclusión sanitaria sigue teniendo espacio, el Ministerio de Sanidad de Mónica García anunció los trámites para reforzar este derecho en la legislación española. Nada más arrancar la legislatura se dieron los primeros pasos y reuniones para terminar de cristalizar el proyecto. Desde la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que pelean por este principio y atienden los casos de personas migrantes en situación de desatención, son optimistas en torno a este derecho.

Raquel, portavoz de la organización, explica que el caso de Eloísa ni siquiera podría volver a darse en la Comunidad de Madrid, que ya ha reconocido los derechos de las mujeres embarazadas en la resolución 16/2023. Los menores de edad están contemplados como excepcionalidad en este mismo régimen. “Desde el año pasado se reconoce la atención y un protocolo a menores, embarazadas y personas con enfermedades reconocidas de Salud Pública y dan pasos porque ha habido mucha presión social, aunque en Madrid la situación de exclusión sanitaria siguen existiendo”, zanja.