Canarias tiene un límite: de la crisis habitacional a la sequía selectiva

Las organizaciones ciudadanas y ecologistas lo tienen claro: Canarias tiene un límite. Este mensaje lanzará a las calles el próximo 20 de abril a la población de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria y La Palma, a las que se unirán desde la península Granada y Barcelona. Las movilizaciones piden un cambio de modelo económico, que se aleje del turismo masivo y sus efectos negativos.

Lo cierto es que el archipiélago canario es una de las regiones españolas que más visitantes recibe cada año: en 2023, un total de 13.942.966 turistas extranjeros aterrizaron en las islas, un 6,1% más que en 2019, antes de los efectos de la pandemia. Este 2024, Canarias ha recibido cerca de tres millones de visitantes de fuera de España en los dos primeros meses del año. Así, el turismo supone el 35% del PIB de la comunidad y genera cerca del 40% del empleo.

Sin embargo, tal y como denuncian las organizaciones, los puestos de trabajo que surgen son de baja remuneración: de media, los sueldos canarios son de 1.869,3 euros brutos al mes, según datos del Instituto Nacional de Estadística en 2022, el segundo salario más bajo de España. No es de extrañar, pues los sectores directamente ligados al turismo, como la hostelería, las actividades recreativas o de personal doméstico se encuentran entre las peores retribuidas en el país.

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“Pese a los récords turísticos que se superan año tras año y los millones de euros que genera la industria turística en las islas, casi el 34% de la población canaria, cerca de 800.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, unas cifras muy superiores a la media estatal”, señala Ecologistas en Acción en un comunicado.

Con estos salarios, señalan colectivos como Canarias Se Agota, la población local se ve incapaz “de competir con el poder adquisitivo de esos turistas que llegan” de países como Reino Unido o Alemania. Por ello, no es de extrañar que el 28,5% de la compraventa de vivienda en 2023 respondiese a individuos extranjeros. Sucede igual con el alquiler: en barrios como el de Guanarteme-Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, los alquileres se mueven entre los 700 y 1.200 euros al mes, inasumibles para la población local. “Compañeros del mundo de la educación reciben ofertas para trabajar en islas como Lanzarote o Fuerteventura y declinan ir a esas islas porque es imposible encontrar un alojamiento que se les haga rentable”, denuncia desde Canarias Se Agota Rubén Pérez Flores. A pesar de ello, en 2021 Canarias acumulaba 200.000 viviendas vacías.

El ascenso de las viviendas vacacionales también empeora la situación: el ISTAC registró en 2023 545.344 alojamientos turísticos, de los que 195.994 respondían a viviendas vacacionales y 98.042 a apartamentos. Suponen ocho plazas de vivienda vacacional por cada 100.000 habitantes, una cifra que solo superan las islas Baleares (cerca de 14 plazas por cada 100 mil habitantes). La tensión se concentra en Fuerteventura, con una ratio cercana a las 22 plazas de vivienda vacacional por cada 100.000 habitantes.

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El pasado 3 de abril, el Gobierno de Canarias presentó una iniciativa legislativa que limitará la presencia de viviendas turísticas al 10% en las zonas de edificabilidad residencial, para asegurar que su principal uso sea el domicilio permanente. Este cupo podrá duplicarse hasta el 20% en islas como La Gomera, El Hierro o La Palma, con menor presencia extranjera. “Esta ley busca el equilibrio entre el derecho a la vivienda, el de libertad de empresa, el de todos los canarios a preservar su identidad, su medioambiente, sus ciudades, sus pueblos y el de los 54.284 propietarios de viviendas vacacionales a tener una renta adicional”, explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Esos más de 13 millones de turistas deben compartir espacio con los más de 2 millones de habitantes que residen en las siete islas, y no siempre es posible. Pérez comenta que “trayectos que antes te duraban 20 minutos te pueden durar dos horas hoy en día” en las carreteras. Los vecinos viven con atascos diarios en los municipios más visitados. Además, la población se siente desplazada por la congestión urbana que sufren las ciudades a causa de un “turismo masivo” que “asfixia a la población”.

Con ello, estos viajeros se salen cada vez más de los lugares turísticos para adentrarse en terrenos recónditos y menos conocidos. “Rincones que habían estado al margen de la turistificación, como pueden ser los charcos, que nunca fueron un reclamo turístico de primer nivel, están masificados”, denuncia Pérez. Así, la población empieza a ver menos suyos rincones que antes estaban más aislados.

¿Pueden las islas aguantar estos niveles de turismo? El archipiélago ha pasado el invierno más seco y caluroso de su historia, lo que ha llevado al Cabildo de Tenerife a declarar la emergencia hídrica y a implantar restricciones parciales del uso del agua. “En el municipio de mi familia, ya hemos recibido órdenes de no poder utilizar el agua para el riego y vemos cómo los grandes municipios turísticos, que son los que mayor demanda de agua dulce tienen, no han visto ningún tipo de restricciones”, afirma Pérez. A su vez, las islas se han visto obligadas a implantar en marzo su plan de incendios forestales, declaración preventiva ante la falta de lluvias y las altas temperaturas.

Los datos muestran un 72% menos de precipitaciones, 12 días de calima y récord de temperaturas máximas. Además, no se ha documentado ninguna nevada en Izaña (Tenerife) por primera vez en más de cien años. La situación de los montes es especialmente preocupante, asegura el Gobierno regional, por la sequedad acumulada en el subsuelo en el sur de Gran Canaria, el suroeste de Tenerife e incluso en el macizo de Anaga, que nunca había registrado la actual carencia de humedad.

En esta situación de estrés climático, continúan en marcha proyectos como los de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita, cuyos trabajos podrían afectar a la flora y fauna de la región. Así, declaran desde Ecologistas en Acción, “la industria turística sigue haciendo un uso irresponsable de este recurso, llenando piscinas o regando campos de golf, consumiendo además hasta seis veces más agua que la población residente”.