Los residentes extranjeros en España, ante el fin de la Golden Visa: “¡Madre mía! Espero no lo permitan avanzar”

El Gobierno ha anunciado el fin de la era de las Golden Visa inmobiliarias, un mecanismo que lleva en vigor más de una década y que permite a los extranjeros con un alto poder adquisitivo acceder al régimen de residencia si invierten más de medio millón de euros en bienes inmuebles ubicados en suelo español. Pero lo que para algunos es de justicia, pues el resto de extranjeros tiene ver cómo pasan años hasta conseguir su residencia, para otros es el fin de un negocio y el cierre a un sistema de apertura de puertas muy ventajoso.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, arrojaba datos sobre la envergadura de estas transacciones, que se han duplicado en los últimos años: en 2022 fueron expedidos 2.017 visados con la Golden Visa, que ascendieron a 3.273 en 2023 y 1.894 solo en lo que va de 2024. Con estos datos, el Gobierno ha decidido acabar con el pase de oro que diferencia “entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

“Priorizamos la vivienda como un derecho y no como especulación, ya que hoy 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y, justamente, se produce en ciudades donde el mercado de la vivienda se encuentra altamente tensionado”, exponía la ministra, que matizaba en su discurso que las principales provincias de inversión son Barcelona (33%), Madrid (19%), Málaga (18%), Alicante (10%), Baleares (5%) y Valencia (4%), que concentran hasta el 90% de las autorizaciones en estos seis lugares del territorio nacional. De hecho, este sistema de compraventa de vivienda ha llegado a representar el 7,1% del total de las operaciones de todo un año en Marbella y el 5,3% en Barcelona.

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Sin embargo, esta decisión, que el Gobierno anuncia como una medida positiva para “acabar con la especulación de viviendas en diferentes lugares de nuestro país”, resulta nefasta para algunas empresas que se dedicaban exclusivamente a este negocio que mueve miles de millones de euros al año (concretamente, 10.014.263.852 euros en los últimos ocho años).

“A nosotros nos ha hecho polvo, sinceramente, ya no solamente a nosotros. Es decir, nosotros tenemos colaboraciones. Yo tengo colaboraciones en el extranjero y era una fuente también de negocio, ya no solamente para mí, sino pues para gente que vive fuera”, explica Camila Bayón, agente inmobiliaria especializada en los procesos de tramitación de la Golden Visa. “Entonces, pues eso es, nos han dado en la línea de flotación directamente, porque aunque también en este sector, pues se trabaja también con público nacional a otro nivel, para nosotros representaba una importante fuente de ingreso”, añade. Y concluye: “Realmente no podemos hacer nada. Tendremos que modificar nuestro modelo de negocio y ya. Pues volver un poco a los inicios, dedicarnos al mercado inmobiliario con cliente nacional, y por supuesto, si los extranjeros quieren invertir, pues bienvenidos sean, pero ya es otro perfil de cliente”, añade.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez, han llegado las preocupaciones por parte de los segundos damnificados, aparte de las inmobiliarias: los compradores. Desde otra consultora que también se dedica a este negocio en la capital, explican que las personas con las que habían iniciado el proceso empezaron a “meter presión” para que la gestión sea lo más rápida posible, pues esperan que a finales de año la medida entre en vigor, aunque el Gobierno no ha hablado aún de plazos. Hasta entonces, la asesoría consultada por Infobae España asegura que tratará de acelerar los procesos, “enfocándonos a vender más porque pues no sabemos cómo va a estar la cosa”, comenta. Bayón añade que “los que están más preocupados son los que tenían ese plan futuro y tenían ya colegios mirados y todo”. Muchos de ellos ya están tratando de acelerar los trámites.

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14.576 extranjeros, provenientes principalmente de China (22.81%), Rusia (21.78%), Reino Unido (7.53%), EEUU (5.19%), Ucrania (4.08%), Irán (2.95%), Venezuela (2.56%) y México (2.53%) han conseguido la residencia a través de este sistema desde 2013 -año en el que el Partido Popular aprobó la medida- hasta 2023. Para hacerlo, hasta ahora solo han necesitado acreditar haber adquirido la propiedad de los bienes inmuebles mediante certificación de dominio y cargas del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles por un importe superior a los 500.000 euros. Una vez hecha la compra, en cuestión de entre dos y seis meses (dependiendo de la asesoría a la que se consulte) se consigue el visado.

Ahora, muchos de los extranjeros que obtuvieron la autorización de residencia y trabajo a través de este sistema se preguntan qué sucederá cuando acabe su permiso de estancia en el país que le concede este visado de oro. Un grupo de mujeres mexicanas, que residen en España gracias a este sistema, concretamente en el barrio de Salamanca de Madrid, comentaban su preocupación a través de un chat de WhatsApp al que ha tenido acceso Infobae. “Falta que se apruebe, espero no le permitan avanzar. ¡Madre mía!”, comentaba una de las participantes; a la que otra contestaba: “En Portugal me dicen que también se elimina”. Otra las calmaba: “Obviamente, se va a respetar el de quienes la tengan de antes o necesiten su renovación”. Pero, ¿hasta cuando les servirá?

En un primer lugar, la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que recoge este mecanismo, contemplaba que la autorización de residencia tendría una duración de tres años y, cumplido este periodo, los inversores extranjeros interesados en residir en España durante más tiempo podrían solicitar la renovación de la autorización de residencia por periodos sucesivos de cinco años, siempre y cuando se mantuvieran las condiciones que generaron el derecho.

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy redujo de tres a dos los años la autorización y el Gobierno de Pedro Sánchez amplió este periodo, de nuevo, hasta tres años -a pesar de que ahora critica esta medida- a través de la Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Entonces se fijó el plazo de nuevo en tres años. De esta manera, pasados los tres años no se podrá hacer ninguna prórroga, pues las condiciones que generaron el derecho ya no existirán, conforme ratifica Bayón: “Lo que sabemos es eso, que ya no va a haber esas prórrogas, que ya van a acabar ese permiso como tal”.