“Les lanzaron a una fosa común y siguieron abrazados”: Valladolid entierra los restos de 199 fusilados durante la Guerra Civil

Valladolid fue de las primeras capitales de provincia en caer tras el golpe de Estado de 1936. Cientos de partidarios de la II República se reunieron en la Casa del Pueblo para prepararse ante la posible sublevación, pero no contaban con armas. El general Saliquet, encargado de hacerse con la ciudad, sitió el lugar, y la noche del 18 al 19 de julio, el ejército golpista, que colocó dos cañones frente al edificio y efectuó varios disparos, solo tuvo que esperar la rendición, que llegó a la mañana siguiente. Cientos de personas que habían apoyado a la República en Valladolid fueron juzgadas. Algunas entraron en prisión y otras pagaron con la pena de muerte, con sus cuerpos lanzados a fosas comunes.

Este domingo, las vidas y las muertes de 199 personas que fueron asesinadas por el bando golpista en Valladolid han sido honradas por primera vez tras su muerte, durante el 93º aniversario de la II República. Este 14 de abril, la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMH Valladolid) ha enterrado en el Panteón del Cementerio del Carmen de la ciudad sus restos mortales, que fueron exhumados de un total de cuatro fosas comunes, dos localizadas en el mismo cementerio y otras dos en Medina del Campo.

Fueron fusiladas, arrojadas a la tierra sin sepultura y relegadas al olvido durante décadas, hasta que la asociación emprendió la búsqueda. Una de las fosas donde encontraron a los que hoy han sido enterrados fue abierta en 2019 y estaba en una antigua bodega industrial del siglo XVII situada en Medina del Campo. Para dar con ella, recurrieron al relato de los vecinos, porque había quedado sepultada e invisibilizada por el paisaje. Después de tres semanas de excavación, dieron con la puerta de la nave y, tras extraer la tierra, empezaron los procesos de exhumación. De la bodega sacaron los restos de 26 personas.

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A unos centenares de metros, en un pozo, que tampoco era visible en superficie, encontraron a más. Tardaron casi tres meses en extraer todo el agua y los primeros vestigios humanos se localizaron a 31 metros de profundidad, una altura de un edificio de diez plantas. Sacaron a 37 personas que habían arrojado en cuatro sacas diferentes, pues había cal y arena entre las distintas alturas en las que habían tirado los cuerpos, como explica Julio del Olmo, arqueólogo y presidente de la ARMH Valladolid.

El arqueólogo ha participado en decenas de exhumaciones, pero en esta fue testigo de una imagen muy particular. “Ahí nos encontramos -como cuento siempre, porque fue algo muy especial- a dos personas abrazadas. Después de 35 metros, permanecían totalmente abrazadas. Nos explicaron los antropólogos forenses que el rigor mortis tarda unas horas en producirse, pero cuando hay una muerte violenta se puede producir en el momento. En este caso son dos chicos, uno de 18 años, que se abraza a otro. Con la inminencia del asesinato, frío y nocturno, son disparados mientras están abrazados y el rigor mortis se produce. A pesar de una caída de 35 metros, quedan abrazados”, narra.

No hay forma de saber cómo son los últimos momentos de aquellos que sabían que iban a morir en un pelotón de fusilamiento, pero ese abrazo de más de ocho décadas de unos chicos que no alcanzaban ni los 20 años da algunas pinceladas del horror y la desesperanza que sufrieron.

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Los demás restos que han sido enterrados este domingo los sacaron de dos fosas comunes que había en el propio Cementerio del Carmen, donde en la asociación saben que hay un total de diez, en las que calculan que se encuentran al menos 1.000 personas asesinadas. Entre 2022 y 2023, dieron con las dos fosas donde han recuperado los vestigios de 136 personas. Años antes, entre 2016 y 2017, encontraron cinco gracias a los testimonios de los familiares, y allí recuperaron los restos de 247 más, que ya descansan en el memorial.

En el caso del cementerio, los fusilados tenían una condena de muerte que figura en el registro. Del Olmo explica que gracias a esa serie de datos pueden saber los nombres de todos los que dejaron allí, “por lo tanto, aunque solo hemos podido identificar individualmente a algunos, sí que sabemos todos los que entraron”. Bien por ADN, por algunos rasgos físicos singulares o por la vestimenta que llevaban, han podido ubicar a una decena de ellos. “Si hubiéramos tenido más medios, sí hubieran identificado a muchos más -unos 40-, pero como no hay medios, pues solamente se ha podido hacer esas pruebas en aquellos que teníamos otros datos indirectos para identificarlos”, comenta el arqueólogo.

Unos de los restos encontrados son los de Juan García Ortega. “Sabíamos que él fue fusilado con su uniforme y, como tenemos su cartilla militar, sabíamos que era alto para la época y, precisamente, teníamos uno de los esqueletos que conservaba las insignias del arma de artillería. Era un chico que tenía 20 o 21 años, según nos decían los antropólogos forenses, y efectivamente tenía cierta altura. Localizada la familia, se hicieron las pruebas de ADN y salió a la primera”, explica. A Emilio Pedrero, que era médico y dirigente de la CNT, también lo ubicaron por su altura de 1,90 m, un “auténtico gigante” para la época. Sin embargo, encontrar familiares con los que cotejar el ADN no es lo común. Del Olmo recuerda que han pasado más de 80 años: “Es que, aunque se quisiera, aunque se tuvieran todos los medios para la identificación, a fecha de hoy eso ya es imposible. ¿Con quién vas a contrastar esos restos?”.

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A esto se suma que muchos españoles no saben que tienen antepasados enterrados en fosas comunes, porque sus familiares dejaron las regiones y se dispersaron. “Los primeros movimientos de migración que se producen en los años 40 y 50 precisamente son de las familias de los represaliados, porque nadie les da trabajo, porque los maltratan”, expone el arqueólogo.

La conservación de los restos en los distintos ambientes también juega en contra y dificulta la obtención de las muestras necesarias. Pero lo importante no son los nombres. Para del Olmo, el valor de la labor de las exhumaciones reside en otro lugar: “Como asociación de familiares de víctimas, lo que queremos es que haya cuantas menos personas por ahí perdidas y desperdigadas mejor. Les queremos sacar”, dice. “Aquí hay una cosa evidente, que es el meollo y la esencia de todo esto, y es que una vez que muere el dictador y se conforma esta democracia, hay una clara voluntad de todas las formaciones políticas -esta no es una cuestión de derechas ni de izquierdas- de que todo lo que era el franquismo, la República y los desaparecidos, dejarlo tapado en la tierra”. Y la ARMH Valladolid, junto al resto de asociaciones memorísticas, lleva décadas quitándola.

Su objetivo es sacarles de la tierra, recuperar la memoria y devolver la dignidad a las víctimas. Hasta ahora, no habían encontrado piedras en el camino. De hecho, Del Olmo cuenta que en alguna ocasión incluso han recibido alguna ayuda económica de la Junta de Castilla y León, aunque los procesos de exhumación han corrido a cuenta de la asociación a través de voluntarios. “Nosotros hemos abierto 40 fosas y hemos recibido ayudas para nueve”, matiza del Olmo, que añade que solo han contado con ese soporte cuando los voluntarios no daban abasto por la magnitud del trabajo.

En el caso de la bodega y el pozo, pidieron financiación y se la concedieron. “Son las dos únicas intervenciones que se nos han financiado para pagar a los trabajadores. Pero lo cierto es que recibimos la mitad. La otra mitad se ha tenido que hacer con trabajo voluntario. De hecho, los informes antropológicos y forenses de esa intervención, que se acabó hace un año, todavía se están realizando. ¿Por qué? Porque el equipo que lo está haciendo, pues lo tiene que hacer en sus ratos libres”, denuncia.

Los que antes permitían su labor y ayudaban a financiarla, aunque fuera parcialmente, son los mismos que ahora pretenden quitarles del medio. “Fíjate una cosa que ocurrió con la Junta de Castilla y León. En el año 2017, me llamó su vicepresidente y nos dijo: ‘Bueno, estamos viendo el trabajo que ustedes están haciendo, han recuperado más de 200 personas y creemos que nosotros algo tenemos que ayudar’. Lo más importante de aquello no fue la ayuda económica, sino que se aprobó en un pleno de las Cortes de Castilla y León”, cuenta.

A este episodio se añade otro más alejado en el tiempo: “En el año 2003, mira de lo que te hablo, de hace 21 años, quien era el portavoz en el Gobierno del Partido Popular, que luego fue el vicepresidente, [José Antonio] de Santiago-Juárez, se reunió con nosotros y nos dijo: ‘Mire, nosotros no vamos a ayudar con dinero, pero sí vamos a hacer una cosa, y es que si ustedes van a buscar una cosa y alguno de los nuestros les pone un problema, nosotros lo solucionamos’. Y, de hecho, en esta región nunca ha habido problemas para buscar y cuando lo hemos tenido nos lo han solucionado desde el propio Partido Popular. En cambio, ha llegado este señor, el señor Mañueco. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues una involución absoluta, y eso es algo terrible”.

“Hay muchísimas personas que tienen claras raíces democráticas y sentimientos democráticos y dentro del Partido Popular, pero tienen sectores que nunca han creído en la democracia, excepto si les sirve para sus intereses. Y está claro que ahora mismo el señor Mañueco, pues se ha convertido en un representante de estos sectores donde sus valores democráticos, pues sencillamente son los que son, es decir, bajo mínimos”, sentencia del Olmo.

Del Olmo se refiere a la denominada “ley de Concordia” que el PP y Vox registraron como proposición que en las Cortes de Castilla y León a finales de marzo para derogar el actual Decreto de Memoria Histórica (aprobado en 2018 en el anterior Gobierno presidido por los populares). El presidente de la asociación memorística califica el texto de “intento de revertir otra vez a la defensa de los valores del franquismo”. Por eso, la ARMH Valladolid, que junto a la de Palencia representa el conjunto de asociaciones en el Consejo Técnico, ha decidido plantarse. “Nuestra colaboración la dejamos cortada mientras este desaguisado no vuelva a descruzarse”, asegura.

Entre otros aspectos, como equiparar a las víctimas políticas del periodo que va desde 1931, con la proclamación de la Segunda República, hasta 1978 con la Transición, la propuesta contempla la creación de una “Comisión de Exhumaciones” que sustituirá al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que elimina la presencia de las asociaciones sin ánimo de lucro o memorialistas en este proceso. Aunque se aprobase la ley, Del Olmo ya ha avisado: no van a dejar de buscar.

“Si esto se aprueba y nosotros tenemos que abrir una fosa, no vamos a acudir a esta ley, ni mucho menos. En realidad, el tema de las exhumaciones se empezó a regular hace nada . O sea, la mayor parte de nuestras exhumaciones se han hecho por petición de familiares y con el permiso del dueño de la tierra. Así es como se han hecho. Y si esta ley se aprueba, lo seguiremos haciendo así, eso sin lugar a duda. No vamos a entrar en juegos antidemocráticos y esto es una ley completamente antidemocrática”, expone. “De ningún modo nosotros acudiríamos a esta ley. Acudiríamos a la ley nacional, acudiríamos a lo que fuera, o lo haríamos clandestinamente, pero desde luego nunca acudiríamos a una ley que contiene sesgos claramente antidemocráticos”, defiende.