El Gobierno permite a los mutualistas mejorar su pensión comprando años cotizados en la Seguridad Social

El Gobierno busca poner paz en la guerra abierta por abogados y procuradores con motivo de las mutualidades. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado que el Ejecutivo llevará a cabo el próximo viernes 19 de abril una reforma del sistema de mutualidades alternativas a la Seguridad Social para tratar de solucionar los problemas de suficiencia de las pensiones. Este anuncio pretende dar respuesta a las denuncias de los colectivos afectados para garantizar una pensión similar a la que disfrutan aquellos trabajadores que cotizan a la Seguridad Social.

Lo cierto es que este anuncio no se llevó a cabo el pasado viernes de forma casual. La titular del departamento de Seguridad Social adelantó esta medida para tratar de apaciguar a las asociaciones que representan a estos profesionales, quienes habían convocado una manifestación para este sábado 13 de abril en Madrid. Una concentración a la que estaban llamados a acudir los afectados de toda España con el fin de reclamar una solución.

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La medida anunciada por el Gobierno pretende abordar tres fuentes. Por un lado, el objetivo del Ejecutivo es que los nuevos profesionales pertenecientes a estos colectivos (abogados, procuradores, aparejadores, médicos, arquitectos o gestores administrativos) comiencen a cotizar al sistema público en lugar de hacerlo a las mutualidades alternativas a la Seguridad Social como hasta ahora. Esta medida afecta a todos aquellos que se den de alta a partir del año 2027, quienes deberán cotizar obligatoriamente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), excepto en los casos de pluriactividad. En este caso, solo podrán acogerse a las mutualidades los profesionales que coticen a la Seguridad Social a través de otro empleo.

La segunda vía que pretende abordar Elma Saiz atañe a las pensiones futuras de los trabajadores que ya se encuentran en activo. En estos casos, el Ejecutivo quiere elevar el importe mínimo de las aportaciones de los mutualistas que permanezcan en el sistema alternativo. Esta medida “permitirá garantizar la suficiencia de las prestaciones” que los trabajadores recibirán en su jubilación. Pero, ¿cómo se llevará a cabo? El Gobierno pretende incrementar de forma progresiva el aporte de las cuotas con las que deben cumplir los mutualistas, pasando del 80% actual hasta el 100% de la base mínima de la escala general del régimen de autónomos. Una idea que acabará con el atractivo de las mutualidades, aportar un 20% menos de lo que cotizan al RETA los profesionales adscritos a la Seguridad Social.

En último término, el Gobierno dará vía libre a que se rescaten los fondos aportados a las mutualidades alternativas y emplear ese dinero para comprar años cotizados a la Seguridad Social. Esta medida garantizará una pensión con un mayor importe, dado que el sistema público cuenta con una tablas de pensiones mínimas que garantizan que las prestaciones sean suficientes en caso de que el jubilado carezca de otras fuentes de ingresos.

En un principio esta medida iba a afectar solo aquellos mutualistas que tuviesen ese régimen desde antes del año 1996. Sin embargo, tras las protestas de los colectivos afectados, el Gobierno decidió rectificar y ampliar el abanico hasta los mutualistas que se encuentren bajo este régimen desde antes del año 2005. “Mediante desarrollo reglamentario, extendemos esta medida a los que estuvieran en mutualidad antes del cambio de sistema de capitalización colectiva a uno individual, que fue en 2005 en el caso de la abogacía”, detallaron desde el Ministerio de Seguridad Social.

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A pesar de que el departamento de Elma Saiz ha adelantado esta medida, todavía debe definirse la vía a través de la cual se transferirá el capital desde la mutualidad hasta la Seguridad Social y cómo este a su vez se convertirá en periodos de cotización al RETA, en los que se tomará la base de cotización mínima establecida para cada año. Por otra parte, el Ejecutivo deberá definir también los criterios que utilizarán para determinar que un mutualista se encuentra en situación de vulnerabilidad y, por tanto, puede solicitar este cambio de sistema.