Semana laboral de 32 horas, desmilitarización y otras propuestas llamativas de las elecciones en el País Vasco

El próximo 21 de abril, 1.795.206 vascos están llamados a las urnas para elegir a los 75 parlamentarios que compondrán la Cámara de Vitoria. PNV y EH Bildu, muy igualados en las encuestas a pesar del alto porcentaje de indecisos, se disputarán la hegemonía en el País Vasco, aunque, a tenor de la demoscopia, el PSE-EE (PSOE) tendría la llave de la gobernabilidad.

El PP peleará por incrementar su presencia en el Parlamento vasco tras la desaparición de Ciudadanos, y Vox tratará de mantener el único escaño logrado en la anterior convocatoria electoral. En el lado de la izquierda alternativa a los socialistas, Sumar se examinará por primera vez en este territorio, toda vez que Elkarrekin Podemos-Alianza Verde luchará por la supervivencia.

Durante la campaña electoral, que acaba el próximo viernes, los candidatos de las siete principales formaciones trasladan sus propuestas sobre sanidad, vivienda, seguridad, educación, transición ecológica, fiscalidad o derechos sociales. Asimismo, los programas de estos partidos reflejan los análisis y su modelo de comunidad autónoma, acompañados de decenas de iniciativas a impulsar en el caso de llegar a la Lehendakaritza (sede de la Presidencia del Gobierno Vasco).

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Entre las propuestas más llamativas del PNV, destacan: una línea de avales por parte del Gobierno vasco que cubra las fianzas de los contratos de arrendamiento; una Agencia Vasca de Migración y Asilo como “instrumento de coordinación e impulso de esta política”; impulsar nuevas alternativas de vivienda y convivencia en la comunidad (cohousing, viviendas intergeneracionales...); la creación de una Red de Mercados Locales de Euskadi para “favorecer la venta directa de productos de los y las agricultoras que les permita una conexión directa con las personas consumidoras y favorezca en nuestros municipios el acceso a unos alimentos locales, saludables y seguros”; y un Consejo Vasco de la Justicia como órgano de gobierno del poder judicial en el ámbito de Euskadi.

EH Bildu quiere abanderar la semana laboral de 32 horas sin reducción de salario, “que contribuya al reparto justo del empleo y de los trabajos de cuidados entre hombres y mujeres”, una medida a poner en marcha tanto en el ámbito público como en el privado. La formación abertzale quiere además elaborar un índice de precios de alquileres comerciales, acordado con las Juntas Generales de los territorios, “a fin de castigar fiscalmente a los arrendadores que aplican los precios de alquiler más altos, siempre que esos precios superen en un determinado porcentaje la media del área en el que estén ubicados”.

No es la única medida destacada en este campo, pues pretende implantar un canon ambiental sobre los grandes centros comerciales, además de “negarse a abrir comercios en días festivos”. Asimismo, quiere abrir la vía de volver a una base imponible única en el IRPF para que “las rentas de capital tengan el mismo tratamiento que las rentas de trabajo (puede hacerse de modo progresivo, adaptando paulatinamente la tarifa impositiva de la base del ahorro)”. La coalición soberanista está decidida a “trabajar en favor del control público de Kutxabank”, e incorporar la transición ecológica en el currículum como “asignatura específica y también como línea transversal”.

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Otro apartado de su programa hace hincapié en la desmilitarización, con varias medidas en esta dirección: “Un programa para la disminución del uso de armas de fuego, realizando un programa piloto de patrulla desarmada y confección de un catálogo de actuaciones que se prestarán sin armas. Análisis sobre los efectos reales de las denominadas ‘armas no letales’ (lanzadores de foam, taser), eliminación de las más peligrosas, así como establecimiento de rigurosos límites de empleo, que serán públicos. Enfoque por el que la lógica de estas armas no es complementar las armas de fuego, sino sustituirlas. Reubicación de los agentes de la Brigada Móvil en las atribuciones normales de seguridad ciudadana en las comisarías de las capitales. Actitud enérgica para erradicar simbología, emblemas, parafernalia o actitudes de extrema derecha”.

Los socialistas vascos piden la gratuidad del tramo 0-2 en el sistema público educativo y un sistema de ayudas a las familias trabajadoras en aras de la igualdad de oportunidades. También apuestan por establecer “la gratuidad en los billetes para los y las jóvenes de hasta 26 años, las personas paradas y beneficiarios del Bono Social en todo el transporte público en Euskadi, en función de la renta familiar y exceptuando los servicios prestados por Renfe y las concesiones de competencia estatal del transporte por carretera, para lo cual impulsaremos los desarrollos tecnológicos necesarios en coordinación con los distintos operadores del transporte de Euskadi”. Además, el PSE-EE (PSOE) propone impulsar la gratuidad de los euskaltegis (centros de enseñanza de la lengua vasca orientados mayoritariamente para adultos) para “facilitar el conocimiento del euskera a toda la población que quiera acercarse a él”.

El PP plantea un programa de ayudas para bonificar las cuotas de la Seguridad Social, con una cuota 0 para jóvenes menores de 30 años y mayores de 55 que se establezcan como trabajadores autónomos durante los dos primeros años de actividad. También propone suspender la exigencia del euskera en el acceso a un puesto en Osakidetza “hasta que se estabilice la plantilla”, o permitir el “no cobro del IBI durante el tiempo que la vivienda permanezca ocupada” y que los Ayuntamientos asuman los gastos de agua y basuras durante el tiempo que dure la ocupación.

Asimismo, los populares pretenden fomentar un “voluntariado entre los mayores y hacia los mayores” y quieren que se solicite la presencia física de las personas perceptoras de ayudas sociales “de forma aleatoria”, así como que se presenten periódicamente los documentos que justifiquen mediante ingreso bancario los gastos de alquiler de la vivienda o alojamiento habitual.

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Sumar apuesta por ampliar la cartera de servicios de Osakidetza, reconociendo derechos sanitarios que “hasta ahora han sido olvidados”, como la atención bucodental, ginecológica, oftalmológica o salud mental. Además, quiere impulsar un proyecto piloto de Renta Básica Universal e Incondicional para “garantizar a toda la ciudadanía un ingreso que le permita llevar a cabo su proyecto de vida”.

Los de Yolanda Díaz abogan por unificar todos los billetes de transporte y avanzar paralelamente hacia “la gratuidad en todos los medios de transporte públicos (bus, tren, metro y tranvía) para todo Euskadi, en colaboración con los Ayuntamientos y Diputaciones forales”. También, piden declarar una “moratoria turística” o prórroga de la concesión de plazas turísticas en aquellas ciudades y municipios como Donostia, donde sus impactos ecológicos, sociales y urbanísticos son evidentes y constatables.

Para Elkarrekin Podemos-Alianza Verde, los estudios universitarios son considerados un “derecho sustantivo” exigible a la Administración Pública vasca. Además, los morados piden prohibir el acceso de fuerzas policiales a las sedes universitarias, salvo causas de fuerza mayor. “La universidad pública ha sido, y debe ser, germen y sede del pensamiento crítico, las movilizaciones y las protestas. La represión violenta de cualquier protesta o movilización estudiantil es contraria al Estado de Derecho y los principios democráticos”, añaden para justificar la medida.

También, proponen la concesión de la tarjeta individual sanitaria (TIS) a “cualquier ciudadano/a que resida” en Euskadi, impulsar una Farmacéutica Pública para asegurar la soberanía en productos farmacéuticos, e implementar “la obligación de avisar sobre las consecuencias patológicas del juego”.

Por último, Vox pide declarar como “profesión de riesgo” la actividad de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía), Servicio de Vigilancia Aduanera y funcionarios de Instituciones Penitenciarias. También exige modificar la ley “de forma que los ultrajes a Bandera de España, al Escudo de España y al Himno nacional, o el aliento o tolerancia a dichos ultrajes constituya una infracción grave para los clubes deportivos, federaciones deportivas, empresas de servicios deportivos, etc”.

La formación de extrema derecha quiere eliminar “las subvenciones a todas las asociaciones que pretenden imponer el euskera como lengua única en las escuelas”. Además, plantea que “terroristas, personas que hayan enaltecido o justificado el terrorismo no puedan ser nombrados o contratados como empleados públicos, y que las organizaciones o instituciones que así procedan tampoco puedan percibir subvenciones”.