Yolanda Díaz reformará el despido para que “no sea rentable” a las empresas: “No lo podemos permitir”

El pasado mes de marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) emitió una resolución favorable a la reclamación presentada por UGT en 2022 sobre el coste de los despidos improcedentes. El sindicato alegaba que la normativa española incumplía el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT, por el que este tipo de despidos se indemnizaba con 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Esta era una de las reivindicaciones de la ministra de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y este viernes ha afirmado que reformará el despido para que “no sea rentable” a las empresas.

“Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir”, ha reafirmado Díaz durante la comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado, en la que ha expuesto los principales objetivos de su departamento para esta legislatura, destacando la necesidad de que la normativa española sobre despidos se ajuste a los requerimientos de la Carta Social Europea y las directrices del Comité Europeo de Derechos Sociales.

La intención de la ministra con la nueva reforma es introducir un mecanismo para que la indemnización de un despido improcedente -no justificado- tenga en cuenta las circunstancias personales del trabajador despedido y ha denunciado que “hay grandes empresas que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores”.

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Otro de los propósitos de su ministerio será endurecer las causas del despido objetivo y hacer que el coste para las empresas sea “disuasorio”. En este sentido, Díaz ha aludido a las “nefastas reformas” hechas por el Partido Popular y el Partido Socialista “centradas en el abaratamiento del despido”, como la de 2010, que generalizaba la indemnización de treinta y tres días a todos las contrataciones y la del doce, que, según la vicepresidenta, eliminó todo lo vinculado a las causas.

Sobre la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales acerca del despido en España -que se hará público en julio-, la ministra ha admitido que no puede revelar el contenido del mismo, pero ha hecho hincapié en que “es fuente de Derecho y, por tanto, hay que cumplirlo”.

Hace unos días, el Ministerio de Trabajo publicó el borrador del anteproyecto de ley con el que se pone fin a los despidos automáticos de las personas trabajadoras que contraen invalidez y que modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores con el que hasta ahora se podía extinguir automáticamente el contrato de un trabajador tanto por su muerte, como “gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador”.

Además, se añade un nuevo apartado al artículo que obliga a las empresas a adaptarse a las nuevas condiciones del trabajador cuando se le declara gran invalidez o incapacidad permanente absoluta o total.