Estafa, coacciones y falsedad documental... la realidad de los franquiciados de McDonald’s: la empresa enfrenta una posible querella criminal

Tiempos agridulces para McDonald’s en España. El gigante estadounidense de las hamburguesas ha celebrado estos días una nueva Convención Global, cuya sede, la primera fuera lejos del continente norteamericano, ha sido Barcelona. Sin embargo, esta reunión masiva de los empleados de la marca puede verse empañada por la complicada situación judicial que afronta la compañía en nuestro país.

En los últimos 10 años, McDonald’s ha tenido que hacer frente a varios litigios con sus propios franquiciados. Estos socios han denunciado un trato abusivo por parte de la compañía, especialmente a causa de varias “cláusulas ocultas” que no están en el contrato y que, no obstante, han conllevado una serie de gastos adicionales. A causa de esto, dichos franquiciados han reclamado compensaciones por encima de los 10 millones de euros y ultiman la presentación de una querella criminal por delitos como falsedad documental, coacción y estafa.

Puede parecer extraño en un primer momento, pero lo cierto es que McDonald’s no es el propietario de todos sus restaurantes. En realidad, la filial española es la responsable de gestionar un modelo de franquiciados en el que, a cambio de una suma considerable de dinero -solo la entrada roza el millón de euros, a lo que habría que añadir una serie de pagos periódicos-, concede una serie de derechos y prestaciones, entre los que se encuentran el local, la imagen de la compañía y todos los productos y promociones asociados a la misma.

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Los pagos periódicos se calculan a partir de porcentajes sobre las ventas brutas y sirven para sufragar el alquiler de la superficie, los royalties, la publicidad y promoción. A través de esta fórmula, a día de hoy McDonald’s opera en unos 600 restaurantes en nuestro país, la mayoría de ellos regentados por los más de 120 socios franquiciados que la marca contabiliza. Cerca de una veintena de los mismos estarían participando en la elaboración de la querella.

Este periódico ha podido contactar con el entorno de uno de estos socios enfrentados a McDonald’s. Su relación contractual con la franquicia dio comienzo en 1993, con la adquisición, por 20 años, de uno de sus locales. Abriría dos más, de hecho, en 1995 y 2003, todos en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, cuando faltaba poco para vencer el plazo del primer contrato, el franquiciado intentó hacerse con un cuarto restaurante, algo que le fue negado por McDonald’s. Por este motivo, decidió sacar a dos de sus restaurantes del COOP, la asociación de franquiciados en España que, en teoría, es un ente independiente de McDonald’s.

“Cuando deciden darse de baja del COOP, McDonald’s les ataca sin piedad”, cuenta José Luis González Montes, abogado del bufete Cremades & Calvo-Sotelo y encargado de representar ha dicho franquiciado. Porque, resulta, y siempre según palabras de González Montes, que a partir de la salida de estos restaurantes, McDonald’s empezó a hostigar a su propio franquiciado: “Se les privó de productos de marketing, de promociones, se les borró de la web y abrieron otros restaurantes de la marca justo al lado”, cuenta el letrado. Y lo que es más, en 2013 se decidió expulsar al tercer restaurante del COOP, una medida declarada nula por un juzgado en 2014.

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Ese momento marcó el inicio de una guerra entre la empresa y McDonald’s, la cual llegaría a los juzgados cuando esta última presentara, en 2017, una demanda por lo civil alegando el impago de los cánones por parte de su socio. Como respuesta, el franquiciado denunció a su vez a McDonald’s porque, según ellos, habían incurrido en esa falta de pagos porque la franquicia había empezado a quitarles dinero por otros sitios, ya fuera a través de costes añadidos o privación de ciertos bienes y servicios que otros restaurantes sí tenían.

De cara a este proceso, se encargó un peritaje para que calibrara hasta qué punto era verdadera dicha “descompensación del contrato” y cuánto había podido verse perjudicado el franquiciado. La conclusión del análisis cifró los daños en más de 10 millones de euros, una cifra que se podía calcular a partir de los efectos de varias decisiones tomadas por la filial. Por ejemplo, solo la expulsión del COOP y la privación, por lo tanto, de todas sus ventajas, provocó daños cercanos a los 4 millones de euros. Además, la instalación de otros locales cercanos repercutió también negativamente sobre el franquiciado, con una pérdida de hasta 1,4 millones.

Otro elemento que señaló el peritaje fue un conjunto de sobrecostes logísticos que McDonald’s, supuestamente, había cobrado a su franquiciado, a través de un proveedor de productos y servicios que, al igual que el COOP, se presupone independiente de la marca principal. El nombre de este proveedor es HAVI Logistics, un tercero que, hasta hace unos años, no aparecía en los contratos con McDonald’s, ya que, en teoría, se trataba de un acuerdo verbal. “Según la cláusula del contrato, McDonald’s encarga la prestación a un tercero autorizado, que es HAVI, pero quien termina pagando los servicios es el franquiciado porque este tercero incluye una serie de sobrecostes logísticos”, explica González Montes.

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En ambos casos, por tanto, se encontraron con situaciones que exigían pagos adicionales no advertidos en el contrato -al COOP a cambio de ciertos servicios y promociones, a HAVI para obtener los productos- pero que, de no realizarse, conllevaban una serie de pérdidas fatales para la viabilidad económica de los restaurantes. Así, aunque no apareciera en el contrato, era tan estrecha la relación entre estos terceros y la franquicia que un juzgado de primera instancia sentenció a favor del franquiciado, obligando a la filial de la empresa estadounidense a desembolsar 3,7 millones de euros como compensación. McDonald’s, no obstante, recurrió la decisión y la Audiencia Provincial resolvió revocar la indemnización con argumentos tales como que, hasta el momento de la denuncia, el franquiciado nunca había protestado por esos pagos. “Dejémoslo en que es una decisión muy extraña”, comenta González Montes al respecto.

A pesar de todo, la sentencia de este órgano está muy lejos de suponer el final del problema. El abogado ha revelado a este medio de comunicación que están esperando el momento indicado para presentar la nueva querella criminal. Según sus palabras, de cada proceso judicial “suele salir oro”, es decir, información que podría resultar muy útil de cara a los futuros juicios que se produzcan. “Además”, añade el abogado, “para apoyarnos estamos concretando una alianza con un fondo de inversión de financiación de litigios”, algo que les asegurará la posibilidad de “litigar a nivel nacional e internacional”.

Lo que está por ver es cuántos franquiciados participaran en la querella. Al tratarse de un proceso abierto en el ámbito penal, se pueden incorporar perjudicados hasta el escrito de la acusación, es decir, tiempo después de que la querella sea presentada. De hecho, también antiguos franquiciados podrían unirse a la misma, aunque ya no estuvieran asociados con McDonald’s.