El Tribunal de Cuentas no detecta gasto irregular de las administraciones en los contratos de emergencia de la pandemia

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha desvelado durante su comparecencia este jueves en el Congreso de los Diputados que la institución no ha detectado responsabilidad contable en ninguno de los contratos de emergencia fiscalizados que las administraciones hicieron durante la pandemia. En concreto, el Tribunal fiscalizó 1.328 contratos de emergencia a través de siete informes, lo que supone solo el 10% del total realizado de este tipo (13.211). No obstante, los contratos revisados ascienden a 1.758 millones de euros, el 83% del importe total (2.129).

De este universo de contratos fiscalizados, Chicano ha señalado que el Tribunal ha abierto procedimientos por posible responsabilidad contable en 60, de los cuales todos han finalizado ya con archivo del expediente, excepto en dos. Los que quedan se debe a que el fiscal del organismo ha decidido suspender el procedimiento porque las administraciones afectadas están “en proceso de recuperación del material pagado y no entregado”. La responsabilidad contable es en la que incurre una administración pública por acción u omisión contraria a la ley y que origina por ello un menoscabo de los caudales públicos, por lo que la función del Tribunal de Cuentas si se comprueba es recuperar el dinero malgastado.

Estos datos han sido facilitados a respuesta de las acusaciones de los parlamentarios del PP, que han reprochado al Tribunal ser “blando” con las administraciones y que no se conozcan los nombres de las empresas adjudicatarias de los contratos, algo que la presidenta ha achacado a la jurisprudencia existente. En este sentido, Chicano ha explicado que la organización que preside se limita a fiscalizar los organismos públicos analizando la información que las administraciones le reportan: “No tenemos la capacidad que tienen los organismos antifraude que pueden abrir puertas y ordenadores (...) nuestro aporte es en la primera parte, en la prevención”, ha defendido.

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Los siete informes citados y publicados ponen de manifiesto deficiencias e irregularidades en el proceso de contratación, a pesar de que cuando se hace a través de la modalidad de emergencia existe prácticamente una ausencia de procedimientos. Estos contratos se pueden llevar a cabo incluso aunque no haya crédito presupuestado y sin formalización o solo acuerdo verbal. El real decreto-ley 7/2020 habilitó esta forma de contratación para hacer frente a la pandemia y estuvo vigente hasta la primavera de 2021.

Aunque en el ámbito de la contratación de emergencia no hay apenas exigencias, no se extiende esta laxitud a la ejecución, de la que sí tienen que quedar registradas las facturas, algo que el Tribunal no encuentra en varios expedientes. “En relación con el pago, se ha observado que el 14% de los expedientes no incluían justificantes de pago y 25 expedientes no acreditaban la aprobación de la cuenta justificativa de los pagos a justificar librados”, ha detallado. También es relevante la existencia de 11 expedientes en los que las facturas incluían un tipo impositivo del impuesto sobre el IVA del 21% a pesar de tener por objeto prestaciones sujetas a tipo cero.

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Además, detecta casos en los que se usaron contratos de emergencia para cuestiones no relacionadas con la protección de la salud de las personas y para cubrir necesidades anteriores a la pandemia, como obras en colegios. En algunos la justificación era excesivamente genérica y hubo casos de concentración de adjudicaciones en un solo proveedor.

Respecto a los importes pagados por la administración, la institución detecta mucha variedad, si bien fueron descendiendo conforme pasaban los meses. Chicano ha reconocido en el Congreso “la poca o nula capacidad de las entidades para negociar el precio en un mercado muy tensionado”.