El Gobierno plantea una reforma que endurece la jubilación compatible con el empleo y ahorra gasto en pensiones

La propuesta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto encima de la mesa para reformar la jubilación parcial y la jubilación activa no ha gustado ni a los sindicatos ni, al menos, a una parte de las patronales. El motivo que argumentan ambos es que supone “un recorte” de derechos, dificulta el acceso a estas modalidades de jubilación y, de paso, conlleva un ahorro para el sistema de pensiones. Las críticas van dirigidas especialmente a la jubilación parcial, una vía que el Gobierno se comprometió a mejorar cuando aprobó la reforma de pensiones de 2023, pero que lleva retraso.

Esta opción permite actualmente cobrar una parte de la pensión a partir de los 60 años mientras se compagina con el salario de un empleo a tiempo parcial y no reduce la cuantía de la pensión porque no se aplican coeficientes reductores. Puede tener además un contrato de relevo asociado, que se celebra con un nuevo trabajador para que ocupe la parte de la jornada que el jubilado deja de realizar. Según la propuesta del ministerio, se endurece esta modalidad cuando se accede de manera anticipada a la edad ordinaria de jubilación (que llegará a los 67 años en 2027).

Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional de UGT, explica que se mantienen los dos años de acceso anticipado, pero aumenta la base de cotización del relevista del 65% actual al 75%, lo que supone un aumento del coste para las empresas. También se elimina la posibilidad de acumular la jornada, lo que hace posible que un jubilado parcial concentre en unos meses todo el tiempo que le quede por trabajar y después se retire, lo que hace posible un aumento del periodo de cobro de la pensión completa respecto al modelo propuesto.

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Además, Seguridad Social quiere eliminar la jubilación parcial de la industria manufacturera y sustituirla por una “jubilación parcial extraordinaria”. El modelo planteado reduce de cuatro a tres años el periodo de acceso anticipado y se abre a todos los sectores, pero con unos condicionantes muy difíciles de cumplir. Se limita a que se pueda acreditar una mayor penosidad por edad, a que esté regulada esta vía en el convenio colectivo correspondiente y rebaja el máximo de reducción de jornada al 50% cuando actualmente llega al 80%.

“Son recortes por todos lados”, critica Estévez. A esto se añade que en la modalidad extraordinaria la prestación se calcula en el momento de la jubilación parcial, sin recalcularse al final, por lo que se aplican coeficientes reductores y disminuye la cuantía. “Con estos condicionantes lo que hacen es que desaparezca la jubilación parcial. No se hace atractiva, se hace cara y dependiente de muchas cosas”, señala. Otro condicionante es que la empresa tiene que tener como mínimo un 85% de la plantilla contratada como indefinida.

Respecto a la motivación de estas propuestas, Estévez concluye que “evidentemente” el Gobierno no quiere volver a sistema existente en 2011, antes de las reformas que han ido recortando la jubilación parcial y tras las cuales ha disminuido su popularidad. Sostiene además que el Gobierno “no ha demostrado” que el sistema actual sea excesivamente caro como para requerir una reforma como la planteada. Al salir de la reunión mantenida el pasado lunes, el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, afirmó que la propuesta tiene elementos que “disminuyen los derechos de acceso” y “genera elementos de penalización que no compartimos”.

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La otra gran parte de la propuesta es la reforma de la jubilación activa, que consiste en volver a trabajar parcialmente tras un año de jubilación total. Estévez señala algunos aspectos positivos: que sea compatible con el complemento de demora (lo que aumenta la pensión) y no se exija una carrera de cotización completa, pero hay reducciones temporales en las cuantías a cobrar. Durante el primer año el pensionista solo cobraría el 30% de la pensión frente al 50% actual y dicho porcentaje inicial iría subiendo: el 40% en dos años; el 50% en tres años; el 75% en cuatro años y el 100% en cinco años.

En opinión de UGT “se empeoran las condiciones al inicio y solo las mejora a partir del cuarto año, por lo que es un recorte y no lo hace precisamente atractivo”. Esta regulación eliminaría también el sistema especial vigente para los autónomos con una persona contratada, que pueden cobrar el 100% de la pensión si están en jubilación activa, algo que ya rechazó ATA. Esta modalidad de jubilación es actualmente minoritaria y se reduce a profesiones intelectuales bien remuneradas. La próxima reunión con los agentes sociales para negociar estos tipos de jubilaciones, más asuntos como los coeficientes reductores, será el 22 de abril.