El Parlamento Europeo aprueba el Pacto de Migración y Asilo

El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno este miércoles al nuevo Pacto de Migración y Asilo Europeo (PEMA). Este marco regulatorio fue acordado el pasado 20 de diciembre entre el Parlamento y el Consejo para reformar la política común, con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El acuerdo, según el vicepresidente Margaritis Schinas, trae a la mesa “lo único que no hemos intentado: tener un marco regulatorio para la migración”. La votación ha sido interrumpida por un grupo de manifestantes contrarios al acuerdo, que han pedido a los eurodiputados votar “no”. “Este pacto mata”, han asegurado. A pesar de su intervención, los parlamentarios han decidido aprobarlo.

El pacto supone un endurecimiento en el control de las fronteras y ofrece a los Estados una ‘solidaridad a la carta’: en vez de trasladar a los migrantes de los países más afectados por las llegadas irregulares a su territorio, los miembros de la UE podrán pagar una compensación económica al Fondo de Asilo y de Migraciones para rechazar el traslado. El pacto fue tildado de “histórico” el pasado diciembre”, pero muchos eurodiputados han mostrado su descontento con el texto final. Especialmente contrarios se han mostrado los parlamentaros de La Izquierda, que votaron contra su aprobación. Según ha expresado la sueca Malin Björk, con este reglamento “el derecho al refugio quedará desmantelado y habrá más pactos con Estados totalitarios”, razones por las que se han opuesto.

El acuerdo tampoco termina de convencer a los socialistas europeos, si bien su voto ha sido favorable. Como ha declarado el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, el español Juan Fernando López Aguilar, consideran el pacto como “un paso adelante y positivo”. Ha defendido su papel como miembros del Parlamento Europeo que deben “asumir la responsabilidad de tomar decisiones” y ha asegurado que “la alternativa es peor”.

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El Pacto de Migración y Asilo ha sido duramente criticado por las organizaciones humanitarias, que consideran que tendrá “efectos devastadores” para las miles de personas que cada año cruzan las fronteras con la esperanza de llegar a Europa.

Tras el visto bueno de la Eurocámara, solo queda el paso por el Consejo Europeo para que se aplique la nueva normativa, que busca un equilibrio entre la “solidaridad” con los países en primera línea, como son España o Italia, y la “responsabilidad” que reclaman el resto de socios, receptores de movimientos migratorios secundarios. El acuerdo plantea una suerte de solidaridad flexible (aprobada por 322 votos a favor, 266 en contra y 31 abstenciones): los Estados deberán responder a la llamada de un miembro desbordado por los niveles de llegadas a sus fronteras, con el objetivo de trasladar al menos 30.000 migrantes al año. No obstante, los países podrán rechazar la reubicación con el pago de 20.000 euros por migrante rehusado. También podrán proveer de apoyo técnico y operativo cuando sea necesario.

El pacto establece además “procedimientos de asilo más rápidos” (aprobado por 301 votos a favor y 269 en contra), lo que implica límites más cortos para el rechazo de solicitudes de asilo y los procedimientos de retorno. Los procesos de deportación se realizarán en un periodo de 12 semanas desde el momento del rechazo, ampliable en 6 semanas en situaciones de crisis. Esta extensión en los plazos ha sido tachada de “preocupante” por organizaciones como CEAR, que pide que España no aplique esta medida.

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Respecto al reconocimiento de asilo, la Eurocámara ha establecido estándares uniformes basados en el país de origen del migrante (aprobado por 340 votos a favor, 249 en contra). Las decisiones se tomarán en base a la información recogida por la Agencia de Asilo de la UE.

Asimismo, el acuerdo migratorio permite a los Estados pasar a los migrantes en frontera por un control de identificación o screening (aprobado por 366 votos a favor, 229 en contra), que incluye la recogida de datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial) y controles de salud y seguridad, antes de “ser dirigidos a los correspondientes procesos de asilo o rechazo”. Almacenados en la base de datos Eurodac (reforma aprobada por 404 votos a favor y 202 en contra) durante un máximo de diez años, se incluirá obligatoriamente la identificación de los migrantes irregulares que se encuentren en Europa, almacenando los datos de todas las personas mayores de seis años. Las autoridades, indica el texto, deberán tener en cuenta las necesidades específicas de los menores y cada país contará con un “mecanismo de supervisión independiente” para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha expresado este miércoles una vez más sus reticencias ante el PEMA, que plantea “riesgos significativos en términos de protección”, profundiza la externalización de fronteras (acuerdos políticos con países no europeos en los que se delega la gestión de las fronteras) y plantea medidas “que ponen en peligro los derechos humanos”.

“El Pacto Europeo hace una apuesta insuficiente por aumentar las vías legales y seguras para buscar protección”, asegura la organización, para quien las nuevas normas obligan a los migrantes “a arriesgar la vida en viajes cada vez más peligrosos”. CEAR critica igualmente el nuevo procedimiento de control previo a la entrada, que “retrasa el acceso al procedimiento de protección internacional” y alerta de que las fronteras se pueden convertir “en espacios de no-derechos”, en los que se generaliza la privación de libertad de los solicitantes de asilo.

A su vez, aseguran que la declaración de situación de crisis, fuerza mayor o instrumentalización (escenario en el que un actor manipula los movimientos migratorios para ejercer presión) “posibilita la suspensión del derecho al asilo”, pues se retrasa el acceso y la acogida “impidiendo una evaluación individualizada de las solicitudes”.