El Gobierno busca ahora fórmulas para regular los pisos turísticos con la propuesta europea como guía

En pleno ciclo electoral y con las encuestas a la baja, Pedro Sánchez quiere mostrar su implicación en consolidar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar. Este es sin duda uno de los principales retos fijados en una legislatura que no termina de despegar por las continuas convocatorias electorales, pero en la que destacan varias medidas aprobadas ya en esta materia. El Consejo de Ministros dio este martes un paso más en esta dirección al poner fin a las golden visas y culminar los trabajos para activar la línea de avales ICO del 20% para la entrada de la primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a cargo.

Ante el escaso impacto de la ley de vivienda por el rechazo de las comunidades del PP (gobierna en 11 de las 17 autonomías tras el 28-M) a poner en marcha la norma, el Ministerio de Vivienda no solo centra sus esfuerzos en tratar de aterrizar la ley entre las autonomías. En este sentido, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez tiene en el punto de mira la regulación del alquiler turístico, un objetivo que quedó fuera de la ley de vivienda ante la negativa del PSOE a abordarlo en la pasada legislatura en el marco de la norma.

Fuentes del ministerio señalan este asunto como una prioridad. Desde el mes de diciembre, Vivienda y el Ministerio de Turismo –ambos en manos de los socialistas– exploran una fórmula para que las comunidades y ayuntamientos puedan acometer dicha regulación. Y, precisamente, la complejidad radica en garantizar la seguridad jurídica. “Estamos en el marco de análisis competencial”, esbozan estas voces cercanas a la ministra de Vivienda.

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A la complejidad de articular una normativa se suma la posibilidad de que el Gobierno vuelva a encontrar en las comunidades autónomas un nuevo rechazo para aplicar la medida, por lo que confía en tener a los ayuntamientos como principales aliados. Asimismo, fuentes ministeriales recuerdan la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se avaló la capacidad de las comunidades de vecinos para vetar pisos vacacionales, siempre y cuando sus estatutos prohíban expresamente el ejercicio de la actividad económica en sus viviendas.

En todo caso, la propuesta que exploran ambos ministerios y que trasladarán a las comunidades en su respectiva conferencia sectorial tiene un espejo en el que mirarse. Estas voces cercanas a Rodríguez admiten que el reglamento impulsado por la Comisión Europea será su “guía”, un plan que recibió luz verde del Parlamento Europeo a finales de febrero.

En concreto, este reglamento tiene como objetivo mejorar la transparencia en el ámbito del alquiler de alojamiento a corto plazo y ayudar a las autoridades públicas a regular esta parte cada vez más importante del sector turístico. Según el Gobierno comunitario, “las plataformas en línea han impulsado el uso de estos servicios, que representan actualmente casi una cuarta parte del total de los alojamientos turísticos en la UE”.

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Una de las principales novedades es la creación de un registro de propietarios de alojamientos turísticos, el número de viviendas en alquiler de corta duración y su ubicación. Asimismo, obliga a las plataformas en línea a comunicar mensualmente los datos de actividad a las autoridades públicas, mientras que a las plataformas pequeñas y microplataformas en línea de alquiler de corta duración transmitirán la actividad cada tres meses.

La regulación de los alquileres turísticos, más allá de ser una prioridad, es un compromiso contemplado en el acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. El portavoz del partido de Yolanda Díaz en el Congreso, Íñigo Errejón, recordó este martes en rueda de prensa la necesidad de “meter mano al agujero negro” del mercado inmobiliario con una modificación de la legislación en este sentido.

Además de así regular el alquiler turístico y vacacional, el dirigente de Sumar añadió otra medida: prohibir la compra de pisos a no residentes si no es para afincarse en España. Todo ello después de presumir de “marcar la agenda” al PSOE con la supresión de las golden visa por inversión inmobiliaria, que se llevará a cabo mediante una enmienda en la Ley del Suelo.

“Sumar es el motor social del Gobierno y esto no es una pugna contra nadie. Esto es un motivo de orgullo y sobre todo una forma de trabajar. A nosotros nos parece bien y vamos a seguir de empujando así para que las medidas que propone algunos, después se conviertan en leyes. Nos enorgullecemos de que la agenda del Gobierno sea la agenda de sumar”, reivindicó.

Con esta medida, los socialistas asumen como propia una bandera defendida por el espacio que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. No es la única en los últimos meses; también ha ocurrido lo mismo con el reconocimiento del Estado palestino. Aunque fuentes de Sumar reconocen ser conscientes de que sus socios de coalición buscan rentabilizar los logros del Ejecutivo y afean la “mirada estrecha” del PSOE en esta estrategia, llaman a ampliar la base social de la coalición para que los partidos del Gobierno salgan fortalecidos.