Sanidad pone en el punto de mira al alcohol tras el plan antitabaco: fin de los botellones y las “horas felices”

El Ministerio de Sanidad tiene claro que quiere lograr una sociedad más saludable sin sucumbir a las presiones que le “llegan de todos lados” y, tras declarar la guerra al tabaco, tiene otra sustancia en el punto de mira para reducir el consumo entre menores: el alcohol.

La Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio trabaja con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) para llevar este año al Congreso el proyecto de ley con el que intentará regular la venta, publicidad y marketing de alcohol para frenar el consumo en los más jóvenes.

“Tenemos un recorrido muy amplio que hacer en medidas legislativas, en conflictos de interés, porque la industria del vino en España es una industria que también tiene mucho poder y hay mucho recorrido que hacer por ahí”, señala en una entrevista con EFE el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón.

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En los más jóvenes, el alcohol afecta a órganos como el hígado o el páncreas en un momento muy vulnerable de pleno desarrollo, pero ataca sobre todo al cerebro, en concreto al hipocampo, relacionado con la memoria y el aprendizaje. Los atracones (beber la mayor cantidad en el menor tiempo posible o ‘binge drinking’), puede causar alteraciones cerebrales irreversibles.

Según la última encuesta ESTUDES de 2023, más del 70 % de los adolescentes de 14 a 18 años había bebido en el últimos año y el 56,6% en los últimos 30 días. Es la sustancia psicoactiva más consumida.

Un 42,1% se ha emborrachado en el último año, una forma de consumo -causante de las intoxicaciones etílicas- que asciende con la edad, de forma que en los de 18 roza el 60 %. El porcentaje de los que se dan atracones se elevó al 28,2%.

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Los datos de los más pequeños también preocupan: en un reciente estudio piloto del PNSD, el 34,6 % de los estudiantes de 12 y 13 años reconocieron haber bebido, al menos, una vez en su vida, prevalencia que desciende a medida que se acorta el período temporal (30,6 % en los últimos 12 meses y 21,5 % en el último mes).

La ley de alcohol y menores no es una aspiración nueva: en 2017, se creó en el marco de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas una ponencia cuyas conclusiones iban a servir para guiar una futura normativa. Entre ellas, acabar con los botellones y las “horas felices”, instaurar una tasa cero de alcohol en conductores de ciclomotores y motos de menos de 18 años o limitar la publicidad en los puntos de venta.

Desde entonces, los distintos ministros que han pasado por el Ministerio -Dolors Montserrat, la única del PP; Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Salvador Illa, Carolina Darias y José Miñones, todos del PSOE- han mostrado su intención de acometer esta ley.

También lo ha hecho Mónica García, que en su primera comparecencia en el Congreso avanzó este anteproyecto de ley de protección de la salud de menores frente al alcohol, que incluirá también a las embarazadas, para armonizar las distintas normativas sobre su consumo, publicidad y venta.

El borrador, ya muy avanzado, gira en torno a 5 ejes, el primero, introducir en el ordenamiento jurídico los compromisos asumidos por España en la protección integral de la infancia y la juventud y armonizar la normativa vigente a nivel estatal, autonómica y municipal en relación al consumo de bebidas alcohólicas por menores y a su venta, así como a su comunicación comercial, publicitaria o de otro tipo.

Además, incorporará una mirada de salud pública y de determinantes sociales de salud, con el fin de desarrollar políticas que permitan prevenir de forma eficaz el consumo.

En tercer lugar, habrá una serie de medidas de prevención ambiental para proteger a los chavales de la exposición y, en cuarto, una serie de herramientas para evitar el alcohol en edades tempranas desde el ámbito educativo y familiar y definir el papel de los sectores sanitarios y de servicios sociales. Por último, se promocionarán los entornos saludables y se favorecerán alternativas sociales y de ocio libres de bebidas alcohólicas.

Gullón cree que el objetivo es “claro” y goza del respaldo de la mayoría. “Creo que estamos alineados casi todos en ello. Lo que pasa es que a veces hay interferencias que se salen de esos objetivos básicos que compartimos todos”.

El epidemiólogo hace estas consideraciones en mitad del revuelo que ha provocado el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 aprobado este viernes.

Un plan para el que, contra todo pronóstico, el Ministerio acabó arrancando el consenso de las comunidades del PP, que tras amagar durante días con que no darían su visto bueno al documento por oponerse al procedimiento utilizado, salieron del Consejo Interterritorial “satisfechas”, calificando el momento de “un día importante para la lucha contra el tabaco”, en palabras del consejero, Julio García Comesaña.

“No hay ningún plan en los últimos años que haya estado sometido a este escrutinio. Y ahí quizá estemos hablando de otros intereses diferentes al de querer aprobarlo”, lamenta.

Desconoce si los consejeros han recibido presiones, “pero desde luego” en Sanidad, que las ha “recibido por todos lados”, sobre todo de la industria, no se han dejado llevar por ellas.

“Nosotros, según el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, no nos tenemos por qué reunir con las tabacaleras porque tienen un interés muy claro ante un producto que no genera ningún beneficio, salvo el perjuicio de la salud de las personas”, remacha.

Si ocurrirá lo mismo con el alcohol, no lo sabe, pero se mantiene firme, por muy fuerte que sea el sector en España: “nosotros vamos siempre con la evidencia científica de las sociedades profesionales y también con la intención de intentar crear una sociedad más saludable. Este es el objetivo claro que tenemos”, concluye.