El Gobierno eliminará las golden visa por inversión inmobiliaria a través de una enmienda a la Ley del Suelo, que se tramita en el Congreso, según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda. La propia titular de este departamento, Isabel Rodríguez, ha informado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre esta decisión, adoptada en pleno contexto electoral.
La ley aprobada en el 2013 por el Partido Popular permite obtener el visado de residencia si se invierte en nuestro país comprando vivienda por encima de 500.000 euros. La vigencia de las autorizaciones concedidas para las llamadas golden visa son de cinco años y se pueden renovar de cinco en cinco años siempre y cuando se cumplan las condiciones que generaron el derecho. Es más, “no se exige ningún tipo de permanencia en el país para renovar estos permisos”, ha recalcado Rodríguez.
La ministra de Vivienda ha informado de que, desde el comienzo de esta medida (adoptada por el PP en 2013) hasta 2023, se han concedido en España 14.576 golden visa correspondientes a las denominadas inversiones en bienes inmuebles, siendo las principales nacionalidades China, Rusia, Reino Unido, EEUU, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Asimismo, ha señalado que las principales provincias de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, concentrando hasta el 90% de las autorizaciones en estos seis lugares de territorio nacional.
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Rodríguez ha ofrecido otros datos relevantes al respecto. En sus palabras, “la compra de viviendas por extranjeros ha aumentado considerablemente en los últimos trimestres del año 2023″. De hecho, en ciudades de relevancia como Marbella o Barcelona, las adquisiciones de viviendas ligadas a inversiones previstas en la Ley 14/2013 han llegado a representar hasta el 7,1% (Marbella) y el 5,3% (Barcelona), del total de las compraventas de vivienda en un mismo año.
“Por tanto, esta medida da respuesta para que en aquellas ciudades donde las personas estén buscando una vivienda se sientan aliviadas porque su Gobierno está ofreciendo una respuesta dejando de diferenciar entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, priorizamos la vivienda como un derecho y no como especulación, ya que hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y, justamente, se produce en ciudades donde el mercado de la vivienda se encuentra altamente tensionado”, ha subrayado la dirigente socialista.
También, ha detallado que la especulación ha incrementado de manera exponencial este tipo de visados (se otorgan para los inversores de más de 500.000 euros en inmuebles en España) desde hace un par de años: 2.017 visados en 2022, 3.273 en 2023 y 424 en febrero de este 2024. Es decir, “se nos encendió la luz de alarma, ya que en los últimos dos años se han duplicado las concesiones de golden visa y la inversión extranjera”.
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Fin a la especulación
Por todo ello, “para acabar con la especulación de viviendas en diferentes lugares de nuestro país”, la ministra ha informado al Gobierno de la necesidad de modificar la Ley 14/2013. La reforma persigue eliminar los beneficios que actualmente se contemplan en el ámbito residencial y dirigir esa inversión de forma “más cualitativa”, y especialmente vinculada con “la promoción de vivienda asequible y con la rehabilitación de viviendas para dedicarla a vivienda asequible o social”, ha explicado.
En este sentido, fuentes de su departamento añaden que esta modificación se hará a través de la Ley del Suelo, cuyo plazo para presentar enmiendas concluye a finales de este mes. Estas voces exponen que, una vez finalice el plazo para registrar modificaciones, no se contempla ninguna nueva ampliación, pues se pretende dar un impulso a la norma en el Congreso.
Isabel Rodríguez ha recordado que esta medida no es solo una iniciativa del Gobierno de España. Y es que, la Comisión Europea ya instó en 2022 a los Estados miembros a “derogar inmediatamente” cualquier sistema de ciudadanía para inversores existente y a garantizar que se establezcan “controles estrictos” para abordar los riesgos que plantean los sistemas de residencias para inversores. En esta línea, países como Irlanda o Portugal ya han eliminado dichos visados y “otros están endureciendo los requisitos para obtenerlos”, ha sostenido.