El Gobierno de España ha aprobado recientemente, a través de un Real Decreto, una serie de modificaciones en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Entre las medidas más destacadas se encuentra la introducción de una cuota de solidaridad aplicable a los salarios que superen la base máxima de cotización, efectiva desde enero de 2025. Esta medida responde a la necesidad de reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y enfrentarse a los retos demográficos y financieros actuales.
La cuota de solidaridad, que desde el año que viene estará entre un 0.92 y un 1,17%, se articulará sobre el exceso en los salarios por encima de la base máxima de cotización, previamente establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año y ajustada a la previsión de inflación junto a un incremento adicional. La implementación de esta política busca, así lo indica el mismo nombre del Real Decreto, la “ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones”. Con este fin, el incremento progresivo de esta cuota aumentará anualmente 0,25 puntos hasta el año 2045, apunta a un enfoque gradual y sostenido.
A dividir entre empleadores y empleados
De este modo, si todo sigue el camino señalado con esta nueva regulación, la cuota estará situada para entonces entre un 5,5% y un 7%, dependiendo de por qué cantidad se supere la base máxima establecida. Con todo, se establece que la distribución de la carga financiera derivada de esta cuota de solidaridad se dividirá entre empresas y trabajadores, manteniendo la proporción aplicada en la cotización por contingencias comunes. Concretamente, un 83,39% del importe correrá cargo de la empresa y un 16,61% lo deberá poner el empleado.
Te puede interesar: La patronal ‘Foment’ advierte de que la “cuota de solidaridad” incrementará costes laborales
Esto implica que la mayor parte de la cotización adicional recaerá sobre las empresas, siguiendo un modelo de responsabilidad compartida en el fortalecimiento del sistema de pensiones. Esto se traduce como que, en 2025, ese 1,17% máximo al que correspondería el aumento de la cotización solo repercutiría, en caso del trabajador, en una subida del 0,23%.
Con relación a este porcentaje, el banco BBVA ha realizado una estimación de lo que podría suponer esta cantidad en 2025, situando la base máxima en 59.098,77 euros. “Por un trabajador cuyo salario fuera un 10% mayor que la base máxima de cotización”, indica la empresa en su portal Jubilación del Futuro, “se cotizarían 54,36 euros anuales más”, mientras que en el caso de aquellos cuyo sueldo doblara ese mismo máximo -superando los 118.000 euros anuales- “se cotizarían 582,12 euros anuales más”.
Los efectos de la cuota
Cabe señalar que la cuota de solidaridad solo afectará a aquellos trabajadores cuyos ingresos superen la mencionada base máxima, excluyendo a los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Este enfoque busca dirigir la medida a los segmentos con mayor capacidad contributiva, en línea con los principios de equidad y solidaridad del sistema de la Seguridad Social, a saber: los que coticen en el Régimen General de la misma, los trabajadores por cuenta ajena del Régimen de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
Te puede interesar: Tabla de la cuota de solidaridad para pagar las pensiones: cuánto dinero ‘quitarán’ de tu nómina si tienes un sueldo alto
Este conjunto de medidas, destinado a preservar la viabilidad del sistema de pensiones español, subraya la importancia de la planificación a largo plazo y el consenso social para enfrentar desafíos estructurales de magnitud. La cuota de solidaridad representa un paso más en la búsqueda de un equilibrio entre solidaridad intergeneracional y sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la misma ha provocado críticas desde varias patronales, advirtiendo del aumento de los costes laborales, y también desde la Administración pública. Hace apenas unos días, por ejemplo, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid expresó sus dudas al respecto.