Madrid y la ‘multa fantasma’ por abandono al palacio que perteneció a los Franco y que hoy es propiedad del promotor del hotel Algarrobico

La pregunta es sencilla. ¿Cómo se está haciendo cumplir el expediente sancionador impuesto por la Dirección General de Patrimonio a la empresa Stoyam Holdings por sus obligaciones en el palacio conocido como Canto del Pico? La cuestión la ha formulado el diputado socialista Horacio Díez, que está interesado en conocer la cuantía de la multa que en su día puso la Comunidad de Madrid a los dueños de este palacete ubicado en el municipio madrileño de Torrelodones. El inmueble es Bien de Interés Cultural (BIC) y como indica la ley, debe ser conservado por sus propietarios.

“Pero hoy está totalmente abandonado, en estado lamentable, por eso pregunté al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso qué estaba haciendo para que se cumpliera la obligación de conservación”, señala el parlamentario socialista a Infobae España. “La respuesta no ha podido ser más contradictoria”, matiza Díez. Porque el Gobierno regional ha explicado que nunca “se abrió expediente sancionador. Se impuso una multa coercitiva”, reza la respuesta. “Si hay multa, debe haber expediente sancionador, es de lógica”, sentencia Díez.

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“La multa se impuso como medio de ejecución forzosa ante el incumplimiento del deber de conservación por el propietario (artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 12 y 41 de la derogada Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, entonces aplicable)”, aclara la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en una respuesta fechada el pasado 22 de marzo. Desde el PSOE señalan que hay muchos interrogantes sin resolver: ¿Cuándo se impuso la multa?, ¿cuál es la cuantía de la misma hasta la fecha?, ¿sigue en vigor esa multa coercitiva?

Este diario ha trasladado las mismas preguntas a la consejería. “La empresa ha recurrido judicialmente la sanción y estamos a la espera, por lo que no podemos dar más información al estar el asunto judicializado”, explican desde Cultura, Turismo y Deportes. “Esto es un embrollo judicial. Lo único claro es que el palacio está abandonado a su suerte. Parte del tejado se quemó en 2019 y nadie lo ha reparado. Hay que destacar que al ser un BIC, está exento, por ejemplo, de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y los propietarios no hacen nada por mantenerlo en buen estado”, señala Víctor Ibáñez, secretario general del PSOE en Torrelodones y que conoce muy bien la historia del palacio.

El Canto del Pico ya ha superado el siglo de vida. Fue construido en 1922 por José María del Palacio y Abárzuza, tercer conde de Las Almenas. En sus estancias moriría, en diciembre de 1925, Antonio Maura (presidente del Consejo de Ministros hasta en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII) cuando, ya retirado de la política, pasaba en él unos días descansando. Durante la guerra civil fue cuartel general del Estado Mayor del Ejército del Centro de la España republicana y desde él se dirigió la batalla de Brunete en julio de 1937. A su muerte, en 1940, el Conde de las Almenas legó este edificio a Francisco Franco. En 1975 aún conservaba su uso residencial, pero tras la muerte del dictador fue abandonado. En 1988, la hija de Franco, Carmen Franco Polo, decidió venderlo por 320 millones de pesetas a José Antonio Oyamburu Goicoechea a través de la empresa Stoyam Holdings. El objetivo era convertirlo en un hotel, proyecto que nunca se ha consumado.

Stoyam Holdings tiene su domicilio social en York (ciudad al nordeste de Inglaterra) y fue creada el 9 de diciembre de 1971. La empresa reparte su accionariado entre la familia Oyamburu, que tiene el 40%, y la constructora Grupo Azata SA, cuyo dueño es José Domingo Rodríguez Losada, famoso por ser el promotor del hotel Algarrobico, en Carboneras, Almería. Convertido en icono de la especulación urbanística, la estructura abandonada de este hotel de más de 20 plantas se levanta todavía sobre un terreno protegido del Parque Natural del Cabo de Gata, junto al mar. La obra fue paralizada en 2002 y tiene una orden de demolición pendiente desde 2016. En enero de 2024, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se mostró a favor de la demolición del hotel por ser un “monumento a la irregularidad urbanística y al destrozo ambiental”. Pero ahí sigue.

El palacio fue declarado Monumento Histórico Artístico (BIC) en 1930 y está incluido en el catálogo de bienes protegidos. La finca tiene una superficie total de 1.044.917 metros cuadrados. El edificio principal ocupa 2.190 metros cuadrados, pero existen edificaciones secundarias a unos 300 metros. Se trata de dos chalés o residencias. Además, existe un pabellón de servicio, una nave de caballerizas y un edificio que estuvo dedicado, en su momento, a la explotación de colmenas y a su aprovechamiento industrial. “El palacio está en terreno protegido y en 2021 agentes forestales de la Comunidad de Madrid nos dijeron que habían abierto expediente sancionador a los dueños porque habían hecho trabajos no permitidos en los caminos que llevan al inmueble”, explican desde el PSOE. La denuncia se puso en noviembre de 2019. “Se tramitó un expediente sancionador por infracción de la ley de residuos: utilizar tierras de excavación para el arreglo de caminos, sin haber efectuado la comunicación previa en la Consejería. Se le impuso una multa de 3.000 euros”, explican desde Medio Ambiente. En este caso sí hubo sanción.

Infobae España también ha intentado contactar con la familia Oyamburu, que no ha querido hacer comentarios. Fuentes de su entorno sí aseguran, en cambio, que nunca han sido sancionados por tener abandonado el palacio. La ley marca una sanción máxima de 1.000 euros al mes. La siguiente pregunta es si se puede construir un hotel en un palacio que es un BIC y que además está en terreno protegido. El suelo donde se ubica está en el parque regional de la cuenca alta del Manzanares, calificado como no urbanizable común y no urbanizable protegido. Alfredo García-Plaza, que fue alcalde de Torrelodones entre 2019 y 2023 por un partido independiente, señala que la finca es “espectacular” y que “es una pena que esté totalmente vandalizada”.

¿Soluciones? “Los propietarios tienen el proyecto de hacer un hotel de lujo, que choca con la legislación urbanística actual, ya que los terrenos están protegidos, pertenecen a un parque regional y a una reserva de la biosfera. De momento no se permite un coeficiente de edificabilidad suficiente para que un proyecto así sea rentable”. Así que es verdad que en el pasado el Gobierno local exploró la posibilidad de una permuta para quedarse con el Palacio del Canto del Pico y darle una utilidad social o cultural para el municipio. “Pero no fue posible. Pedían demasiado”, asegura García-Plaza, que matiza que él sí tiene conocimiento de que antes de 2019 la Comunidad de Madrid impuso a los propietarios un expediente sancionador, aunque desconoce la cuantía y si sigue en vigor. Este diario también ha intentado ponerse en contacto con los actuales dirigentes del Ayuntamiento, una coalición formada por PP y Vox. Tampoco ha obtenido respuesta.