Madrid y Cataluña proyectan destinar 18.500 viviendas a alquiler asequible

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles debido a que a unos precios de compra que se han disparado en los últimos años y que la mayoría de ciudadanos no puede afrontar. Se suma el encarecimiento del alquiler, que solo en los últimos 12 meses ha subido un 12,6%, hasta situar el precio del metro cuadrado en los 12,7 euros de media. Una renta que casi se duplica en grandes ciudades como Barcelona donde se paga a 20,7 euros el metro cuadrado o Madrid donde cuesta 18,9 euros.

Y el precio del alquiler irá a más, reconoce Francisco Iñareta, portavoz de idealista: “Desafortunadamente, para todos aquellos que están en pleno proceso de búsqueda de una vivienda en alquiler, el mercado acaba de cerrar otro trimestre con más subidas en las rentas, lo que significa que el acceso al alquiler de los más jóvenes y de las personas más desfavorecidas se complica cada día ante la falta de viviendas en el mercado”.

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Para paliar este problema, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas se han puesto manos a la obra para ofrecer viviendas en alquiler asequible dirigidas a los ciudadanos con menores ingresos.

La última en mover ficha fue la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que a finales de marzo anunció que ha firmado convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos para construir más de 22.000 viviendas destinadas a alquiler asequible, lo que, en su opinión, “ha superado las expectativas”, ya que la previsión global era de 20.000 viviendas hasta 2026.

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Solo en marzo suscribió cerca de 40 acuerdos para construir 3.236 viviendas de renta asequible en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid, La Rioja, Cataluña y Cantabria.

No obstante, se necesitan más. Los analistas de la promotora inmobiliaria Culmia calculan que harían falta 761.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible y una inversión de 108.000 millones de euros en los próximos diez años para atender a la demanda y mitigar la subida de precios del mercado del alquiler. Por regiones, las mayores necesidades de pisos con rentas asequibles se dan en Cataluña y Madrid, estima la promotora.

En concreto, Madrid necesitaría 174.000 nuevas viviendas de alquiler social en la próxima década y una inversión del sector público de 5.418 millones de euros para alcanzar ese objetivo, calculan desde Culmia.

Para ello, el gobierno autonómico cuenta con el Plan Vive, un proyecto de alquiler a precio asequible realizado en suelos cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid que integra 8.500 viviendas, de las cuales 4.000 terminarán sus obras antes de finalizar este año y 1.912 se encuentran en proceso de licitación. Entre las que están en fase de entrega o comercialización 300 están en Alcalá de Henares, 563 en Tres Cantos, 492 en Getafe y otras 548 en Alcorcón.

El principal requisito para poder optar a estos pisos es que los solicitantes la destinen a residencia habitual y no tengan ninguna otra propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Además, tienen que tener nacionalidad española y tienen prioridad para acceder a ellos los empadronados en el municipio donde estén ubicadas las casas o los que tengan su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años. Otro aspecto importante es el límite de gasto ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta.

La Comunidad de Madrid también va a invertir nueve millones de euros para la reconversión de 112 locales en viviendas adaptadas de alquiler a precio asequible. Esta actuación, de la Agencia de Vivienda Social (AVS) incluye la reforma integral de estos espacios por valor de 80.000 euros donde se mejorará la distribución interior, revestimientos, carpinterías exteriores e interiores, así como todas las instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción y gas. La AVS gestiona más de 50.000 inmuebles, de los que 25.000 son pisos, el 84% de ellos están actualmente arrendados.

En cuanto a la Comunidad de Cataluña, necesita construir 225.000 viviendas en alquiler asequible en los próximos diez años, lo que requiere una inversión pública de 1.010 millones de euros, indican desde Culmia.

Para cubrir parte de esta demanda la Generalitat impulsará la incorporación de 10.000 nuevas viviendas al parque de alquiler social en los tres próximos años, lo que supondrá un crecimiento del 18% respecto al parque actual, cifrado en 55.000 inmuebles.

Otra de las medidas llevadas a cabo por el gobierno catalán a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, es la adjudicación antes del verano de los primeros pisos comprados a la Sareb. Se trata de 19 viviendas situadas en Constantí, que compró el Institut Català del Sòl (Incasòl) a finales del año pasado y que ahora se destinarán a alquiler asequible.

Los pisos forman parte de una promoción construida en 2009 de 74 viviendas distribuidas en 3 edificios donde ya hay familias residiendo. Tienen una superficie de entre 80 y 90 metros cuadrados. 12 de ellos disponen de tres dormitorios y siete tienen cuatro. Además de las 19 viviendas, el Incasòl adquirió a la Sareb, 22 plazas de aparcamiento, 22 trasteros y un local, por un importe de 1,2 millones de euros.

La Agencia de la Vivienda Cataluña publicará en abril las bases en su página web para que los ciudadanos puedan optar a estas viviendas. Entre otros requisitos destaca estar inscrito y admitido en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial (RSHPO), estar empadronado en el municipio de Constantí y disponer de unos ingresos superiores a 18.000 euros anuales y un máximo de cuatro veces el IPREM.

La selección de los adjudicatarios se realizará por sorteo entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Se reservan cinco viviendas para jóvenes de hasta 35 años y los alquileres oscilarán entre 362 y 420 euros al mes. En este precio están incluidos una plaza de aparcamiento y un trastero.

El objetivo de estos proyectos es, según la consejera de Territorio, Ester Capella i Farré, “rehacer el parque de vivienda social a precios asequibles, lo que supone un paso importante en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda de la Generalitat para garantizar los derechos de la ciudadanía y para construir lo que debería ser un derecho fundamental, el acceso a un techo digno”.