Inscribirse en el registro electoral no es el único problema de los migrantes venezolanos para votar en julio: “Hay requisitos arbitrarios”

No ha sido hasta el 26 de marzo, con más de una semana de retraso, cuando los ciudadanos venezolanos residentes en España han podido comenzar a inscribirse en el registro electoral en el consulado de Madrid para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. En realidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela abrió el 18 de marzo el plazo para la inscripción y actualización del registro de votantes hasta el 19 de abril tanto en el país como en el exterior, pero desde entonces se habían producido varias protestas en distintos países por la imposibilidad de poder registrarse, paso imprescindible para poder votar, hasta el punto de que en Madrid una joven venezolana llegó a estar varios días en huelga de hambre.

En el resto de consulados de Venezuela en España la demora ha sido aún mayor. En Tenerife el registro electoral se abrió el 1 de abril, mientras que en Barcelona y Bilbao fue un día después, aunque en este último no pudieron conectarse con el servidor del CNE en Caracas. Por otro lado, en el consulado ubicado en Vigo aún no se ha abierto el registro para poder votar.

Aparte de las demoras y otros inconvenientes en los registros, muchos migrantes venezolanos consideran que el Gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto unos “requisitos arbitrarios” para poder votar desde el exterior. Quienes quieran participar en los comicios del próximo mes de julio deben presentar su DNI español o la Tarjeta de Identidad de Extranjero con residencia permanente, así como la cédula de identidad, el pasaporte venezolano vigente, el certificado de empadronamiento y el certificado de registro consular.

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“Lamentablemente, el régimen de Maduro ha establecido unos requisitos extra que van más allá de los que establece el reglamento electoral, como es la residencia permanente, que se otorga una vez que tengas más de cinco años viviendo en territorio español. En España se conceden también residencias por razones humanitarias o por arraigo, pero para el régimen esas residencias no son válidas para que un venezolano pueda hacer su registro electoral, lo cual llama la atención, pues son las que poseen acá la mayoría de los venezolanos”, dice a Infobae David Iturriago, jefe del grupo de campaña de la opositora María Corina Machado en España. La residencia temporal por razones humanitarias a la que hace referencia es un permiso de un año (prorrogable) que el Gobierno español empezó a conceder en 2019 a aquellas personas venezolanas a las que se les hubiera denegado la solicitud de asilo y cuya petición se hubiese formalizado con posterioridad al 1 de enero de 2014, una medida que facilita una solución legal para muchas de las personas que se vieron obligadas a salir de Venezuela debido a la crisis social e institucional que atraviesa.

En años anteriores, asegura Iturriago, el requisito para poder votar “era que la persona fuese mayor de 18 años y demostrar que había algún tipo de residencia”, pero ahora “es casi imposible cumplir todos esos requisitos”. Además, añade, renovar el pasaporte venezolano tiene un coste de unos 300 euros y “no todos los migrantes tienen la capacidad económica de afrontar ese gasto”. “Hay muchos venezolanos a los que se les está vulnerando su derecho a votar”, resume.

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Se estima que unos 7,7 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años, y de ellos, unos 4,5 millones están en edad de votar. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), residen unos 240.00 venezolanos, muchos de ellos llegados en la última década.

Aunque se haya abierto el registro electoral en diferentes puntos para que los migrantes venezolanos puedan votar en las presidenciales del 28 de julio, el analista político Luis Vicente León asegura que “no va a ser un proceso completamente fluido ni cómodo, ni en España, ni en ninguna parte del mundo”, pues los tiempos serán más ajustados o surgirán problemas, como ya ha ocurrido, para conectarse con el CNE, un órgano controlado por el oficialismo.

“Existe un sesgo importante en la participación electoral de los venezolanos emigrantes con respecto a su posición política y, aunque el Gobierno venezolano ha abierto el registro, no creo que esté muy interesado en que todo el mundo se inscriba y pueda votar en el proceso. No es que haya un bloqueo explícito, pero tampoco hay un gran interés por parte del Gobierno en resolver ese problema”, sostiene el también presidente de la empresa consultora venezolana Datanálisis.

Estas dificultades, sin embargo, “son tan solo un detalle”, recuerda el analista, si se comparan con lo que está ocurriendo en la propia Venezuela, donde la política liberal María Corina Machado no podrá concurrir a las presidenciales a pesar de que fue elegida en primarias como candidata de la oposición para enfrentarse en los comicios a Maduro, quien gobierna desde 2013 y buscará ahora su tercer mandato. Las autoridades venezolanas no han permitido a Machado presentarse porque la consideran inhabilitada para ocupar cargos de elección popular por sentencia judicial.

Ante esa imposibilidad de inscribir su candidatura, Machado anunció hace unos días que la reemplazaría la filósofa y profesora universitaria Corina Yoris, pero tampoco ella pudo inscribirse como candidata durante el periodo de postulación establecido entre el 21 y 25 de marzo debido a un bloqueo en la página web de la autoridad electoral que fue calificado de “maniobra” por la oposición. Pese a ello, Machado insiste en que su sustituta podrá ser inscrita en los comicios. “Las leyes venezolanas son muy claras: tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato y la pelea es peleando, aún hay tiempo”, ha señalado en un vídeo difundido a través de su cuenta en la red social X.

Debido a esas trabas, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió registrar como última opción al diplomático Edmundo González Urrutia, que fue embajador de Venezuela en Argentina (1998-2002) y Argelia (1991-1993), candidatura que sí ha sido admitida por el Consejo Nacional Electoral.

Estos hecho, concluye el analista Luis Vicente León, “muestran la necesidad inminente de cambios en los procesos institucionales y el rescate de los valores democráticos en Venezuela, pero también es un momento en el que la oposición tiene que decidir cómo hace su lucha”.