El trastorno de las cervicales por el que otorgaron una pensión de incapacidad permanente total a un trabajador de una fábrica de coches

Conseguir la pensión por incapacidad permanente total puede ser un camino muy difícil, incluso tortuoso. La Seguridad Social se encarga de decidir cuándo una persona debe recibir esta recompensa, que se otorga cuando, una vez que se ha agotado el tratamiento médico prescrito, el trabajador sigue presentando problemas funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Los empleados cuyos trabajos son más físicos tienen más problemas en este sentido. Uno de los casos más complejos es el de un hombre que trabajaba en una fábrica de coches y fue diagnosticado de espondiloartrosis cervical con mielopatía y omalgia en el hombro derecho. Dicho de otra manera, mucho más simplificado: fuerte dolor en la espalda para una persona que realiza trabajos físicos.

El demandante, de 52 años, trabajaba como técnico de control de calidad de automoción. Sus principales tareas eran manipular objetos y herramientas, cargar peso e inspeccionar los productos terminados o las piezas fabricadas. Cuando solicitó la ayuda al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la institución declaró que no se encontraba en afecto de ningún grado de incapacidad permanente por “no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”. El trabajador se asesoró legalmente y el primer paso fue explicar todas sus patologías y, sobre todo, las limitaciones que le provocaban. En ese momento, Fidelis, el despacho de abogados al que acudió, decidió que necesitaban mejores informes médicos que le facilitarían acceder a esta pensión.

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“Una vez que tuvimos los informes -explican los letrados- presentamos la solicitud y preparamos a nuestro cliente para pasar el Tribunal Médico, que la Seguridad Social denegó dejándonos un dictamen propuesta del equipo de valoraciones del EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) que indicaba lo siguiente: ‘Espondiloartrosis cervical con mielopatía focal C4-C5,HD C·-C4. Cavidad centromedular siringomiélica C6 y C7 con Chiari I asociado. Omalgia dcha. Tendinopatía calcificante SE. Asma persistente moderada/grave, con buen control en el momento actual’”.

La crítica que realizan desde Fidelis es que el INSS se fijó únicamente en las patologías secundarias. “Si bien es cierto que mencionan un asma persistente del que puede tener un buen control en este momento, se olvidan completamente de las otras patologías, como la espondiloartrosis (un tipo de artrosis que afecta a la columna vertebral, en la que las vértebras, los discos y el cartílago se deterioran), que deja unas secuelas y limitaciones altamente incapacitantes para su trabajo, o la omalgia en su brazo derecho, que hace que se encuentre muy limitado para coger peso y manipular objetos o instrumentos”, apuntan. “El INSS era plenamente consciente de las limitaciones de nuestro cliente, pero directamente decide obviarlas, situación bastante habitual”, agregan.

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La espondilartrosis es una forma de artritis que afecta principalmente a la columna vertebral. Es un tipo de osteoartritis en el que el desgaste y el deterioro afectan a las articulaciones de la columna, incluyendo las vértebras y los discos intervertebrales. A medida que la gente envejece, es común que se desarrollen algunos grados de espondiloartrosis debido al desgaste natural de las articulaciones a lo largo de los años.

Los síntomas pueden variar en intensidad y pueden incluir dolor y rigidez en la espalda o el cuello, especialmente después de periodos de inactividad o al despertar por la mañana. En algunos casos, el dolor puede irradiarse hacia otras partes del cuerpo, como los brazos o las piernas, dependiendo de la ubicación y la severidad de la enfermedad.

El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Esto puede incluir medicamentos para el dolor, terapias físicas, cambios en el estilo de vida como el ejercicio regular y la pérdida de peso, y en casos severos, cirugía para corregir cualquier daño estructural. La gestión efectiva de la condición a menudo requiere un enfoque multidisciplinario para abordar tanto el dolor como la movilidad.

El siguiente paso fue realizar una Reclamación Previa a la vía jurisdiccional de la manera más completa posible para no dejar ningún resquicio de duda. Este documento incluía pruebas “más que suficientes”, apuntan desde el despacho de abogados, para que les dieran la razón. No obstante, volvieron a denegar la prestación. En ese momento decidieron ir a juicio. Para ello, valoraron incluir un informe pericial que ratificase las patologías y limitaciones del trabajador. “Somos conscientes de lo difícil que puede ser valorar a un paciente con limitaciones como las que presentaba nuestro cliente, no solo en la Seguridad Social, sino en los juzgados, por lo que solicitar la ayuda de un médico forense para que valorara a nuestro representado y elaborase un informe para incluirlo como medio de prueba fue un paso importante a nuestro favor”, indican.

Más tarde, este informe pericial, junto a los argumentos del abogado defensor, les dio la razón. El demandante consiguió la pensión por incapacidad permanente en grado de total, cobrando todos los atrasos de más de dos años desde el 3 de septiembre de 2021 hasta el 23 de enero de 2023. Es decir, 11.628 euros en atrasos. Además, el empleado ha conseguido una pensión de 775 euros al mes que puede compatibilizar con otro tipo de trabajo.

La historia de este trabajador es la de muchos otros que también sufren para conseguir esta prestación. Pero ¿por qué? La respuesta que dan desde Fidelitis es que la legislación española no se basa en el diagnóstico, sino en las secuelas, donde una misma enfermedad o accidente puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

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“Poseemos una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel, pero la realidad es muy diferente cuando deciden aplicarla y, a consecuencia de ello, un alto porcentaje de los afectados empiezan a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida”, afirma Lorenzo Pérez, presidente de Grupo Fidelitis.

Hay muchas razones ilegales que nos conducen a este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con mayor facilidad y ahora ocurre todo lo contrario, según Pérez. “Si a eso le sumamos que durante los años de la crisis la gente empezó a solicitar incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo, nos podemos imaginar cuánto le cuesta a la Administración aplicar la legislación vigente y proteger los derechos de los ciudadanos”, concluye.