Diez CCAA incumplen sus objetivos de ahorro en 2023 tras aprobar rebajas fiscales y aumentos de gastos en año electoral

Las comunidades autónomas elaboraron sus presupuestos de 2023 con previsiones de ahorrar, pero no lo han hecho: según los datos de ejecución presupuestaria referentes a diciembre, han registrado un saldo negativo de 449 millones de euros frente a los 6.226 que tenían previsto generar. Las desviaciones negativas no se dan en todas las regiones, aunque sí en la mayoría, ya que diez empeoran sus objetivos. El ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos recurrentes (corrientes) y los gastos de funcionamiento (corrientes) y constituye un indicador de la gestión y de la situación financiera de cada administración.

Las autonomías que más se han distanciado de sus presupuestos han sido la Comunidad Valenciana (desviación de 3.428 millones), Andalucía (1.206) y Cataluña (1.188), siendo también estas tres las que mayores cifras negativas registran en el ahorro bruto: -1.809 millones; -865 y -1.509, respectivamente. Les siguen en la desviación Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Canarias, por lo que son una minoría las autonomías que han logrado cerrar el ejercicio ahorrando lo mismo o más de lo que se propusieron.

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Diego Martínez López, catedrático de economía y colaborador de Fedea, ha señalado el desajuste en la red social X alertando de que algunas de las regiones que registran “desahorro” reciben recursos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en la media o por encima de la media. Esto significa que no se puede atribuir su situación a una falta de recursos mayor en términos comparados. Es el caso de Cataluña, con un ahorro de -1.509 millones; Extremadura (-148) y Madrid (-129).

Lo que ha sucedido durante 2023, año de elecciones y de numerosas rebajas fiscales, es que los gastos corrientes han aumentado más de lo presupuestado en 13 autonomías y los ingresos corrientes han crecido menos de lo previsto en algunos casos o menos que los gastos, en otros, generando el desajuste respecto a los planes iniciales. Los ingresos han sido más bajos que los presupuestados especialmente en la Comunidad Valenciana (-13,8%) y Andalucía (-2,6%), comunidades donde se han aplicado rebajas fiscales. Al mismo tiempo, ambas han gastado más de lo previsto (un 2,7% y 1,26% más, respectivamente).

López incide en la idea de que bajar impuestos no implica necesariamente un aumento de la recaudación (como defienden quienes se refieren a la famosa curva de Laffer), de manera que medidas como la bonificación de impuestos a la riqueza o la subvención al transporte público han restado ingresos. Según los datos de ejecución presupuestaria de diciembre, las rebajas fiscales aplicadas por las autonomías en los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; sucesiones y donaciones y patrimonio han restado 1.602 millones de recaudación, un 9,4%, en comparación con 2022.

Por otra parte, el gasto se ha visto influido por un crecimiento de la remuneración de los asalariados públicos del 5,9%, algo que se debe parcialmente al incremento salarial de 2023 del 3% a nivel nacional. También, según detalla un comunicado de Hacienda, se ha producido un aumento de las transferencias sociales en especie por el gasto en conciertos educativos, de farmacia y de asistencia sanitaria.

Si las comunidades autónomas no pueden asumir los gastos corrientes con los ingresos corrientes, se complica su capacidad para hacer frente de manera puntual a las obligaciones de pago (nóminas, proveedores), salvo que recurran a contraer más deuda a través de préstamos con el Estado. Además, el ahorro bruto no se destina a bienes y servicios de consumo final, sino a la adquisición de activos o a la reducción de pasivos. Por tanto, cuando las regiones tienen menos ahorro o este es directamente inexistente, se tensiona el déficit y se destina menos esfuerzo a reducir el endeudamiento.

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Este sería el escenario actual si no fuera por los ingresos récord de la liquidación del SFA, que se produce con dos años de retraso. Dichos recursos ascendieron en 2023 a 19.400 millones, un 10,6% más que en 2022, y es lo que ha permitido reducir el déficit del subsector del -1,12% de 2022 al 0,91% de 2023. No obstante, esta reducción no ha sido suficiente y ha rebasado la tasa de referencia del 0,6%. Como en el ahorro, hay situaciones muy distintas en los niveles de déficit, desde el superávit del 1,43% de Navarra al saldo negativo del 2,45% de la Comunidad Valencia.

Más allá de estos matices, en conjunto hay cada vez más probabilidades de que se terminen materializando los riesgos apuntados por la ARIeF, que recomendó a las comunidades no aprobar aumentos de gastos ni bajadas de impuestos estructurales respaldándose en las liquidaciones, cuyas cuantías disminuirán a partir de 2025. La propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidió hace unas semanas en que si no se tienen en cuenta los recursos extraordinarios del sistema de financiación autonómica, las comunidades autónomas “en realidad” aumentaron el gasto en un 8,8%.

El incumplimiento de la tasa de referencia del déficit en 2023 no tiene ningún efecto por la suspensión de las reglas fiscales, pero sí podría tener repercusiones que no cumplan el equilibrio presupuestario fijado para 2024 con la vuelta de las normas de gobernanza fiscal. Otro riesgo es que el aumento de gasto de las autonomías ponga en riesgo el límite establecido por Bruselas, el 2,6%.