La declaración de la Renta es un procedimiento fiscal que afecta a todas las comunidades autónomas. Así, este 3 de abril se ha abierto el plazo para llevar a cabo el procedimiento correspondiente al ejercicio fiscal del año 2023. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los contribuyentes tributará de una forma distinta en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.
Los diversos impuestos aplicados por cada Comunidad Autónoma en la Declaración de la Renta están determinados por la autoridad normativa de cada región. En este sentido, cada Comunidad Autónoma tiene potestad normativa sobre el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), conocido como el tramo autonómico. Esto implica que, dentro de esta porción, puede aplicar una variedad de exenciones y deducciones según lo considere apropiado.
Te puede interesar: Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta
Cuando se lleva a cabo la Declaración de la Renta, el objetivo principal es determinar la cantidad de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que debe pagarse o devolverse. Sin embargo, exceptuando a País Vasco y Navarra, el Estado es quien se encarga de la recaudación y la liquidación en casos de devolución. En consecuencia, esto hace que cada territorio tenga que pagar más o menos.
Por otro lado, es importante tener presente que las comunidades autónomas pueden otorgar bonificaciones y exenciones, considerando diversas circunstancias más allá de los ingresos. De forma habitual, se tienen en cuenta la composición familiar y aspectos como el número de hijos o la responsabilidad sobre personas dependientes.
Te puede interesar: Cuál es la indemnización por despido de un trabajo en España y qué cambios pide el Consejo de Europa
Cuál es el tramo autonómico de cada comunidad
Tras algunos ajustes, los tramos autonómicos de la Declaración de la Renta se configuran de la siguiente manera: En Andalucía, el tramo autonómico varía entre el 9,75 % para bases liquidables de hasta 12.450 euros y un 23,3% para rentas superiores a 120.000 euros. Sumando el tramo estatal, los contribuyentes pagan un mínimo del 19 % y un máximo del 48,2%.
Cataluña ostenta la fiscalidad más elevada entre las comunidades de régimen fiscal común. El tipo autonómico mínimo del IRPF es del 12,5% para rentas inferiores a 17.707,20 euros y un máximo del 25,50% para bases de más de 175.000,20 euros. En total, los contribuyentes abonan entre el 21,5% y el 50%.
Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, se aplica la fiscalidad más baja del Estado en el tramo autonómico del IRPF. Los rangos oscilan entre el 9% para bases inferiores a 12.450 euros y el 21% para las rentas superiores a 53.407,20 euros. En conjunto, los madrileños pagan entre el 18,5% y el 45,5%.
Navarra, con su propia hacienda y plena potestad normativa sobre la Renta, establece impuestos que van del 13% para las rentas inferiores a 4.000 euros al 52% para las rentas superiores a 300.000 euros. Aunque este último es uno de los niveles más elevados, se aplica solo a ingresos muy altos. Asimismo, el País Vasco cuenta con un sistema propio, con haciendas forales, permitiendo que cada provincia aplique sus propios tipos de gravamen del IRPF. El mínimo en las tres provincias es del 23% para rentas inferiores a 15.500 euros, mientras que el máximo es del 49% para rentas superiores a 179.460 euros.