El Gobierno llevará al Constitucional las leyes autonómicas contra la memoria histórica impulsadas por PP y Vox

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se prepara para paralizar las denominadas leyes “de concordia” que el Partido Popular y Vox están desarrollando en las comunidades autónomas en las que gobiernan porque consideran que van contra la Ley estatal que regula esta materia. Lo ha anunciado el ministro Ángel Víctor Torres en una entrevista en La Hora de la 1,en la que ha explicado que van a recurrir la ley ya aprobada en Aragón, y que siguen de cerca las dos proposiciones de ley que siguen la misma línea en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León.

El ministro ha calificado de “lamentable” la ley de Memoria que fue aprobada en febrero en Aragón que “retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria. O, por ejemplo, retira la condena del franquismo”. Por estas razones, ha anunciado la intervención del Gobierno en la región: “Vamos a pedir que se siente con el Gobierno de España y si finalmente no está de acuerdo en sentarse o no comparte los postulados jurídicos, iremos al Tribunal Constitucional con una ley ya aprobada”

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Por otro lado, ha informado de que, desde el ministerio, siguen de cerca las proposiciones de ley que se han presentado -aún no aprobado- en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, “que lamentablemente une lo que fue los años del totalitarismo y de la dictadura con un periodo de un régimen democrático como fue la Segunda República”. Para Torres es “inadmisible” porque, denuncia, el objetivo es “blanquear la dictadura”. “No se puede igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de torturas, de ausencia de libertad con un periodo democrático. Eso es inadmisible. Y por tanto, si lo aprobaran en estos momentos son proposiciones de ley. También iremos al Tribunal”, ha informado.

El pasado martes, el PP y Vox en las Cortes de Castilla y León registraron la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica que aprobó en 2018 el anterior Gobierno presidido por los populares. Conformada por cuatro títulos y diecinueve artículos, el texto busca equiparar a las víctimas políticas del periodo que va desde 1931, con la proclamación de la Segunda República, hasta 1978, con la llegada de la democracia. El texto, que formaba parte del acuerdo del pacto de gobierno PP-Vox firmado hace dos años, ha sido criticado por las asociaciones que luchan por defender la memoria histórica. Unas horas después de la presentación en rueda de prensa de la proposición de ley, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lanzaba un comunicado para mostrar su rechazo hacia la propuesta que “supone la puesta en marcha de una gran operación de blanqueamiento del fascismo.”

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Una de las principales novedades que incluye este texto frente al que se pretende sustituir es la creación de una “Comisión de Exhumaciones”, que sustituirá al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que elimina la presencia de las asociaciones sin ánimo de lucro o memorialistas en este proceso. De la Hoz (PP), asegura que esta decisión se debe a que el nuevo organismo contaría con “capacidad resolutiva” y su presencia en él generaría un “conflicto de intereses”, aunque ha subrayado que esto “no significa que estas asociaciones deben de colaborar” en esta tarea.

En la Comunidad Valenciana, PP y Vox también presentaron, el pasado 21 de marzo, una proposición de “ley de Concordia” para sustituir a la actual ley regional de memoria, de 2017. El texto replica el párrafo sobre el “paroxismo” que originó, a su juicio, la Guerra Civil y establece que “una dirección eminentemente técnica” garantizará la autonomía de la voluntad de las familias “sin reabrir las cuestiones de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria”. También afirma que la legislación de memoria aprobada por gobiernos anteriores decretaba “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles” para “moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos”.

En febrero, el Partido Popular, Vox y el PAR derogaron la ley de memoria democrática de Aragón, tal y como dispusieron los populares y la extrema derecha en el acuerdo de coalición para investir a Jorge Azcón. Ahora, la región no tienen una legislación concreta sobre memoria democrática, lo que implica que varias líneas de trabajo, e incluso determinadas sanciones, desaparecen, entre ellas, las que tienen que ver con la exhumación de víctimas de la Guerra Civil. Fuentes del Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, señalaban a Infobae España que las exhumaciones, que es lo que más preocupa, se seguirán realizando hasta ahora para ayudar “a quien lo pida”, y aseguran que el Ejecutivo está trabajando en un “plan de concordia” que recogerá acciones que tienen que ver con estos temas.

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó la Proposición de Ley de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. De manera que quedan suprimidos: el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática de Aragón, el Inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón; el Registro de entidades de memoria democrática de Aragón; las actuaciones en el ámbito educativo; el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática... También se suprimen las iniciativas de colaboración y cooperación y las subvenciones y ayudas económicas concedidas en materia de memoria.