Paridad, ley de familias o desperdicio alimentario: el ciclo electoral amenaza con lastrar hasta junio 12 leyes del Gobierno

El Congreso tramita actualmente hasta 12 proyectos de ley del Gobierno y otras 11 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. Si bien, el balance de la legislatura desde que comenzó a mediados de agosto es escaso. Cabe tener en cuenta que el nuevo Gobierno de coalición no se conformó hasta finales de noviembre, a lo que hay que añadir el parón navideño.

De las pocas iniciativas avaladas por la Cámara Baja en estos siete meses destacan la ley de amnistía y la ley de enseñanzas artísticas, que continúan su tramitación en el Senado. También, se aprobó la reforma constitucional para eliminar el término “disminuido” de la Carta Magna con el único rechazo de Vox y se permitió el uso de las lenguas cooficiales, dos reivindicaciones históricas.

Sin embargo, el Congreso no aprobará en los próximos meses unas nuevas cuentas públicas para este año. El Ejecutivo decidió de manera inmediata mantener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 tras el adelanto electoral en Cataluña (12 de mayo) para evitar ser rehén de una nueva disputa entre ERC y Junts por capitalizar el voto independentista.

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En cualquier caso, esta no es la única cita que lastrará el funcionamiento habitual parlamentario. Dentro del actual periodo de sesiones, cuya actividad ordinaria finaliza en junio, el trabajo en la Cámara Baja tendrá que hacer frente a las elecciones en el País Vasco (21 de abril), y el Parlamento Europeo (9 de junio). Asimismo, sus señorías tendrán que compaginar sus labores legislativas y de control al Gobierno con el desarrollo de hasta cuatro comisiones de investigación (sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, el caso Pegasus, la Operación Cataluña y los atentados de Barcelona y Cambrils).

Todo este volumen de trabajo y compromisos amenaza la tramitación de las iniciativas que se tramitan en el Congreso. Al menos hasta que el panorama político quede exento de citas electorales que faciliten la búsqueda de consensos en un Parlamento bastante fragmentado y crispado. Fuentes parlamentarias del PSOE prometen que “no habrá parón” a pesar de que solo quedan siete plenos hasta junio, pero voces de diferentes partidos de la oposición son escépticas y asumen que el Congreso seguirá funcionando a ralentí, al menos, hasta verano.

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Entre las medidas que se tramitan, siete proyectos de ley lo hacen por el procedimiento de urgencia al ser hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para recibir los fondos europeos. Otras eran proyectos del Gobierno que decayeron en la anterior legislatura con el adelanto electoral y que buscan una nueva oportunidad en esta legislatura. Otras dos son resultado de la tramitación como proyecto de ley del decreto ómnibus y el nuevo paquete de medidas, aunque sus preceptos ya están en vigor. De las doce enviadas por el Gobierno al Congreso, cuatro acumulan ya más de cinco ampliaciones del plazo de enmiendas.

Los proyectos de ley que más opciones tienen de ver antes la luz por su carácter “urgente” suponen importantes reformas, aunque muchos de ellos son de sobra conocidos porque ya se abordaron en el anterior periodo legislativo. Uno de ellos plantea la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. La ley de movilidad sostenible establecerá un Sistema Nacional de Transporte. La ley de familias contiene entre sus principales medidas la prestación universal por hijo y la protección a familias monoparentales. La norma por la que se regulan los servicios de atención a la cliente prohíbe el empleo de contestadores automáticos o sistemas robotizados como medio exclusivo de atención, impone un tiempo máximo de espera de tres minutos y otro plazo máximo para las reclamaciones, que deberán resolverse en 15 días.

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Otras leyes comprometidas con la UE proponen la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, “medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios”; así como facilitar el intercambio de antecedentes penales entre Estados miembros de la UE.

Por otro lado, la Cámara Baja alberga la tramitación de la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, lastrada por la disolución de las Cortes. Por ello, fue la primera norma que el Gobierno mandó al Congreso. El texto modifica la legislación para establecer la obligatoriedad de las llamadas listas cremallera (personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa). Además, extenderá el principio de representación equilibrada (ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40%) al Gobierno, los órganos constitucionales o de relevancia constitucional.

Otra norma pendiente en la anterior legislatura es la que hace referencia a la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario para evitar el despilfarro de comida. Obliga a las empresas de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas. Asimismo, establece como prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos y, cuando no sea posible, se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost.

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Entre las proposiciones de ley, las presentadas por los grupos parlamentarios, también hay algunas conocidas y no solo de la anterior legislatura. La ley de secretos oficiales del PNV afronta su quinto intento en el Congreso, un texto que “servirá de base” para trabajar durante esta legislatura, como apuntó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Otras normas esperan un impulso, como la ley para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica o la derogación de los delitos de opinión.

Por otro lado, pese a las tres convocatorias electorales previstas para este 2024 y la debilidad del Ejecutivo en el Congreso al no disponer de una mayoría parlamentaria estable, Pedro Sánchez es optimista de cara a los próximos meses. Ni más ni menos, el Gobierno aspira a aprobar a lo largo de este año hasta 43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas. Moncloa se escuda en que estas normas son de “consenso”, por lo que creen que no le será muy difícil encontrar apoyos en la Cámara Baja.

El plan anual normativo de 2024 contempla hasta 198 iniciativas para su aprobación en 2024. 149 son reales decretos (no son decretos-ley), 43 son leyes ordinarias y seis son leyes orgánicas, según precisó Bolaños. Eso sí, de todas ellas, la “mitad” están comprometidas con la UE: 36 vienen recogidas entre los hitos para recibir los fondos europeos y 62 suponen la incorporación al derecho nacional de normas que son de derecho europeo.