Sentencia clave para los trabajadores fijos discontinuos: el Supremo reconoce que el tiempo de inactividad compute como antigüedad

El Tribunal Supremo ha confirmado que el tiempo completo de la relación laboral de los trabajadores fijos discontinuos, incluyendo los periodos sin trabajo efectivo, debe computarse para la antigüedad en la Administración Pública. Esta decisión, derivada de una sentencia emitida el pasado 6 de marzo, rechaza un recurso de Hacienda contra una decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se pronunció a favor de un trabajador en el mes de octubre de 2022.

En concreto, este tribunal reconoció el derecho del trabajador a efectos de que se le computara la antigüedad en su relación laboral previa a su adquisición de la condición de funcionario público por años naturales tanto a efectos económicos (de reconocimiento de trienios) como de promoción profesional, incluidos los periodos de tiempo entre llamamientos en los que no hubo prestación efectiva de servicios.

La controversia se centraba en determinar si, para el reconocimiento de servicios previos en la Administración, debería considerarse solo el tiempo de trabajo efectivo de los empleados con contrato fijo discontinuo o incluir también los intervalos entre llamamientos sin prestación de servicios.

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Según el Tribunal Supremo, la legislación española especifica que deben reconocerse como servicios previos solamente aquellos de carácter “efectivo”. Sin embargo, este enfoque se matiza al considerar el derecho europeo, que apoya el cómputo integral del tiempo laboral para estos trabajadores, sin discriminación por la naturaleza de su empleo, ya sea a tiempo completo o determinado.

Además, la sentencia aclara que esta interpretación no solo se alinea con la normativa comunitaria, sino que también es consistente con precedentes jurídicos del propio Tribunal Supremo. En situaciones donde un trabajador transita de ser personal estatutario interino o laboral a funcionario público, el cálculo de sus servicios previos debe abarcar todo el periodo laboral, independientemente de los lapsos sin actividad laboral efectiva. Esto establece un importante precedente para el tratamiento de los periodos inactivos en los contratos fijos discontinuos dentro de la Administración Pública.

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Es importante destacar que esta resolución judicial no tiene impacto sobre el personal laboral que trabaja de manera esporádica o aquellos que forman parte de una bolsa de trabajo, delimitando su aplicación a casos específicos dentro del marco laboral español.

La revelación de esta decisión jurídica refuerza los derechos laborales de los trabajadores fijos discontinuos dentro de la Administración Pública española, alineándose con principios de equidad y reconocimiento pleno de la experiencia laboral, conforme a normativas nacionales y europeas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, reveló que actualmente hay 55.300 empleados con contrato fijo discontinuo inactivos, basándose en los datos del cuarto trimestre de 2023 de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta información fue solicitada específicamente al Instituto Nacional de Estadística (INE) por el gobierno. En un contexto más amplio, estos trabajadores forman parte de un total de 651.000 personas bajo esta modalidad de empleo, representando el 3.1% del total de asalariados del país, que superan los 18 millones.

La declaración de Díaz tuvo lugar durante una sesión de control en el Senado, donde destacó el aumento de 278.000 trabajadores fijos discontinuos en comparación con el periodo anterior a la reforma laboral. Este incremento resalta un crecimiento significativo en este sector laboral, que ha sido medido de la misma manera durante los últimos 39 años. La vicepresidenta también criticó al Partido Popular (PP) por desacreditar las estadísticas oficiales y por introducir el concepto de “paro efectivo”, el cual argumentó carece de base real y está influenciado por entidades financiadas por la banca española.

Por otro lado, la senadora del PP, Rocío Divar, expresó su escepticismo ante las cifras presentadas por Díaz, señalando una gran discrepancia con los números proporcionados anteriormente por el SEPE, que en diciembre de 2022 indicaban que había 400.000 fijos discontinuos inactivos. Esta discrepancia subraya un debate en torno a la fiabilidad y metodología utilizada para medir el empleo y el desempleo en España.

Adicionalmente, la vicepresidenta respondió a las críticas del PP subrayando la credibilidad de la EPA como el único instrumento confiable para medir el desempleo, al igual que las estadísticas de Eurostat. Como parte de su defensa, Díaz presentó una carta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitando protección contra la posible erosión del diálogo social en Castilla y León por parte del PP.

La situación laboral en España, especialmente en lo que respecta a los trabajadores fijos discontinuos, sigue siendo un tema de relevante discusión política y social. Las estadísticas y declaraciones recientes reflejan no solo el estado actual del mercado laboral, sino también las tensiones entre diferentes visiones políticas sobre cómo registrar y abordar el desempleo en el país.

*Artículo elaborado con información de EFE