La “Ley de Concordia” del PP y Vox de Castilla y León equipara a las víctimas de entre 1931 y 1978 y deja fuera a las asociaciones de memoria

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia que la proposición “supone la puesta en marcha de una gran operación de blanqueamiento del fascismo”

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El vicepresidente de la Junta
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo y el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en una imagen de archivo.(Claudia Alba / Europa Press)

Los grupos PP y Vox en las Cortes de Castilla y León han registrado la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica que aprobó en 2018 el anterior Gobierno presidido por los populares. Conformada por cuatro títulos y diecinueve artículos, el texto busca equiparar a las víctimas políticas del periodo que va desde 1931, con la proclamación de la Segunda República, hasta 1978, con la llegada de la democracia: “Las víctimas son víctimas, con independencia del cómo, cuándo y quién”, ha expresado el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, que omite la diferencias entre el régimen democrático de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y los primeros años de la Transición.

El texto, que formaba parte del acuerdo del pacto de gobierno PP-Vox firmado hace dos años, ha sido criticado por las asociaciones que luchan por defender la memoria histórica. Unas horas después de la presentacion en rueda de prensa de la proposiión de ley, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha lanzado un comunicado para mostrara su rechazo hacía la propuesta que “supone la puesta en marcha de una gran operación de blanqueamiento del fascismo.”

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Creación de una “Comisión de Exhumaciones”

Una de las principales novedades que incluye este texto frente al que se pretende sustituir es la creción de una “Comisión de Exhumaciones”, que sustituirá al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que elimina la presencia de las asociaciones sin ánimo de lucro o memorialistas en este proceso. De la Hoz (PP), asegura que esta decisión se debe a que el nuevo organismo contaría con “capacidad resolutiva” y su presencia en él generaría un “conflicto de intereses”, aunque ha subrayado que esto “no significa que estas asociaciones deben de colaborar” en esta tarea.

Concretamente, entre las funciones de esta comisión estarán la de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas; informar del mapa de fosas; realizar un informe de las actuaciones desarrolladas y velar por el depósito, conservación y accesibilidad de los trabajos realizados.

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Sin condena ni alusión expresa a la “dictadura”

El texto que han redactado Vox y el PP no recoge ninguna condena expresa a lo ocurrido en el periodo comprendido entre 1936 y 1978. En las trece páginas con las que cuenta el documento, no se menciona en ninguna ocasión la palabra “dictadura”. Preguntado por esta omisión, el portavoz de los populares ha indicado que la condena a la “dictadura” está “implícita” en el “espíritu del texto” y ha pedido “no buscar tres pies al gato con interpretaciones malintencionadas” del texto presentado junto a sus socios de Vox.

Por su parte, el portavoz de Vox ha asegurado que lo que no hacen en esta norma es, “al contrario que en la actual ley nacional de Memoria Democrática”, una “interpretación sesgada de la historia”, al tiempo que “elimina imposiciones ideológicas que intentan instaurar una versión oficial de la historia”, algo que para Menéndez es “impropio de una democracia y sí de gobiernos autoritarios”.

“Blanqueamiento del fascismo”

La ARMH ha denunciado que el texto es un ejercicio de “blanqueamiento del fascismo” y han calificado el uso de la palabra “concordia” como “una patraña para utilizar la guerra civil como burladero para esconder y embellecer la historia del fascismo castellano leonés”. Lo explica Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado en España por una prueba genética, que fue exhumado en una fosa común en un pueblo castellano leonés en octubre del año 2000.

“Lo que ocurrió de forma generalizada a partir de julio de 1936 en el territorio de Castilla y León es que miles de pistoleros falangistas se vistieron sus camisas azules, se enfundaron sus pistolas, asesinaron a miles de hombres y mujeres civiles y desarmados, se apoderaron a punta de pistola de sus propiedades y otros bienes y perpetraron la mayor actividad literalmente terrorista que se ha conocido en la historia de la comunidad”, ha explicado Silva.

El presidente de la asociación de memoria también ha hecho referencia a una de las líneas del texto que menciona “relatos heredados de padres, abuelos y bisabuelos”. “En familias como la mía se heredó un abuelo desaparecido en una cuneta, un miedo y un silencio que mi abuela arrastró hasta la tumba y un padre que con diez años salió un día de un colegio en Villafranca del Bierzo y nunca más volvió a entrar en él porque los mismas fascistas que asesinaron a su padre les quitaron todas sus pertenencias; y es que empobrecerlos era parte de la represión”, ha añadido.

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