El Gobierno quiere aprobar en pleno año electoral hasta 50 leyes de “consenso” pese a la debilidad de las mayorías en el Congreso

Pese a las tres convocatorias electorales previstas para este 2024 y la debilidad del Ejecutivo en el Congreso al no disponer de una mayoría parlamentaria estable, Pedro Sánchez es optimista de cara a los próximos meses. Ni más ni menos, el Gobierno aspira a aprobar a lo largo de este año hasta 43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas. Moncloa se escuda en que estas normas son de “consenso”, por lo que creen que no le será muy difícil encontrar apoyos en la Cámara Baja.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha esbozado las líneas generales del Plan anual normativo de 2024, que contempla “grandes reformas necesarias y avances en derechos”. Según las cifras expuestas por el dirigente socialista, el Gobierno planteará 198 iniciativas para su aprobación en 2024. “149 son reales decretos (no son decretos-ley), 43 son leyes ordinarias y seis son leyes orgánicas”, ha añadido. De todas ellas, la “mitad” están comprometidas con la UE: 36 vienen recogidas entre los hitos para recibir los fondos europeos y 62 suponen la incorporación al derecho nacional de normas que son de derecho europeo.

Las previsiones del Ejecutivo tendrán que hacer frente a los ritmos de la actividad parlamentaria, que se verán afectados por las elecciones en el País Vasco (21 de abril), Cataluña (12 de mayo) y el Parlamento Europeo (9 de junio). Asimismo, estará por ver si los resultados de esos comicios tendrán un impacto a nivel nacional, así como en la relación entre el Gobierno y las fuerzas nacionalistas e independentistas que le sostienen en el Congreso. PNV y EH Bildu, y ERC y Junts, aliados parlamentarios de Sánchez, se disputarán la hegemonía en el País Vasco y Cataluña, respectivamente.

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Además, el horizonte electoral aleja la posibilidad de cualquier entendimiento duradero y mayoritario en un clima político que ya está bastante crispado, con casi todos los puentes rotos entre los dos principales partidos. A tenor de las últimas semanas, tanto en el Congreso y el Senado como en otras cámaras autonómicas, PP y PSOE mantienen sus tensiones e insisten en la estrategia de lanzarse mutuamente serias acusaciones sobre corrupción.

Bolaños ha resumido el plan en cuatro líneas de actuación. La primera tiene que ver con el compromiso de la transformación ecológica, con medidas como la ley de industria, la ley del cine y otras normas en materia de ciberseguridad y ciberresilencia. Otra pata es la “mejora y modernización de las administraciones públicas”, por lo que contempla retomar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), planteada por otros gobiernos sin éxito.

Sin dar muchos detalles al respecto, el objetivo del Gobierno es modificar una norma que data de 1982 y que otorgará la investigación de las causas penales a los fiscales en sustitución de los jueces de instrucción. ”Ha llegado el momento que nuestras normas procesales en el ámbito penal se adapten al siglo XXI y dejemos atrás una norma del siglo XIX”, ha señalado en respuesta a si en esa reforma se incluirá el acotamiento de los plazos de instrucción, tal como deslizó Sánchez para llegar a un acuerdo con Junts en torno a la ley de amnistía.

En todo caso, el ministro de Justicia ha afeado el retraso del Consejo General del Poder Judicial a la hora de emitir un informe preceptivo sobre este anteproyecto. Bolaños ha reprochado así al órgano de gobierno de los jueces, con mandato caducado desde hace más de cinco años, que lleve “tres años” sin emitir su valoración, cuando el plazo legal es de un mes y “pese a que hay otras normas que, sin existir, emiten informe con mucha agilidad”, en clara alusión a la medida de gracia a los encausados por el procés.

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Otra apuesta del Gobierno es la que tiene que ver con los derechos para la ciudadanía, entre las que destaca la ley orgánica de medidas complementarias para fomentar la protección frente a la violencia de género, otra norma de igualdad de acceso y disfrute de los servicios sociales, o la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita. Por último, dentro de la previsión de seguir ahondando en los derechos de los trabajadores tras la reforma laboral, el Gobierno mejorará las condiciones laborales del personal estatutario del servicio de salud y fomentará un empleo agrario “estable”.

Bolaños también ha puesto el foco en el colectivo de los jóvenes, “con el que se vuelca el Gobierno”. Dentro de este plan, ha subrayado la intención de aprobar una ley de juventud en la que se pretende “mejorar su capacitación y condiciones de acceso al mercado de trabajo”. Además, ha recordado el compromiso del presidente del Gobierno en la protección de los menores en el entorno digital para que ponga pie en pared con el acceso al contenido pornográfico, y una ley de consumo de alcohol y sus efectos en personas menores de edad.

En otro orden de cosas, el ministro de la Presidencia ha expuesto los principales rasgos del Informe de ejecución normativa de 2023, un año que estuvo marcado por los conflictos geopolíticos que “sufre el mundo y condicionaron la actividad productiva de este país”, y el adelanto electoral, que impidió agotar la legislatura cuando quedaban seis meses. La disolución de las cámaras limitó la actividad parlamentaria a escasos seis meses. Pese a estos plazos, Bolaños ha destacado que el Gobierno dio cumplimiento al 52% del plan anual de 2023, “coincidiendo con la actividad parlamentaria limitada”.