Ecologistas en Acción asegura que la nueva Ley de Suelo recorta el derecho a recurrir el urbanismo ilegal: “Es un retroceso”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto para la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana con el objetivo de “dar seguridad jurídica” y “evitar que los errores que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Una modificación con la que el Gobierno quiere dar respuesta a una solicitud “muy importante” trasladada por parte de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y por numerosos ayuntamientos y que, sin embargo, ha sido muy criticada por Ecologistas en Acción al considerar que “recorta la acción pública y el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo ilegal”.

“En lugar de incidir en la base del problema, que es el reiterado incumplimiento del derecho urbanístico y administrativo por parte de las administraciones competentes en la tramitación y aprobación del planeamiento (ayuntamientos y gobiernos autonómicos), la reforma se centra en criminalizar a quien apunta y pone el dedo sobre esa situación de ilegalidad de las administraciones”, explica a Infobae María Ángeles Nieto, portavoz de Urbanismo y Turismo de Ecologistas en Acción. La organización, que califica la medida como un “retroceso sin precedentes”, asegura que la reforma responde a una reivindicación del sector inmobiliario.

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Los motivos para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, según indica el Gobierno, son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística, con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado. Razones que no convencen a Ecologistas en Acción, pues consideran que la reforma pretende “disminuir el riesgo de nulidades, reduciendo la posibilidad de que la ciudadanía recurra a los tribunales”. “Supone poner un freno a las sentencias que declaran nulos esos planeamientos urbanísticos y de aquellos colectivos o personas que denuncian esas ilegalidades”, señalan.

Nieto también aclara que esta no es la primera vez que se intenta sacar adelante este anteproyecto, pues el Partido Popular ya trató de hacerlo en 2018, y el PSOE hizo lo propio en 2021, con José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y después en 2022, con Raquel Sánchez como titular del departamento, pero después la convocatoria de elecciones generales impidió la aprobación del texto final. “Es un empeño por parte del Gobierno”, dice la portavoz de la organización, al tiempo que insiste en que la reforma “facilita que los ayuntamientos aprueben planeamientos ilegales sabiendo que no les va a pasar nada, porque la probabilidad de que les pase algo, que lo anulen, todavía es menor [con esta nueva ley] de la que hay ahora”.

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El anteproyecto presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, advierte la organización ecologista, introduce un nuevo articulado que permite cancelar la constancia registral del derecho de reversión, fundamentalmente en las expropiaciones urbanísticas integradas en expedientes de equidistribución de cargas y beneficios (reparcelaciones). Así, sostienen, “autoriza que los terrenos expropiados para un fin público y social que no se incorporan al mismo por falta de ejecución, aunque su derecho de reversión conste inscrito en el Registro de la Propiedad, pueda ser cancelado cuando pasa a una nueva propiedad privada”. “Este articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto urbanístico del Estado español”, aseguran.

La organización también lamenta que el Gobierno “opte por blindar los instrumentos de planeamiento ilegales frente a los recursos contencioso-administrativos y perpetúe el urbanismo como un negocio y no como un derecho ciudadano”, en lugar de favorecer “un cambio de modelo en el panorama urbanístico estatal”.