Según el INE, 2,8 millones de personas en nuestro país poseen una discapacidad reconocida por el Estado, lo que supone el 6,7% de la población. Entre ellos, hay al rededor de 125.000 empleados que trabajan para la administración pública. Actualmente, estos funcionarios poseen un régimen de jubilación igual que el resto de personas, pero Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han solicitado en las últimas horas la jubilación anticipada para estas personas justificándolo en la posibilidad de una menor esperanza de vida y la equiparación de los derechos laborales.
A través de un comunicado dirigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que ha podido acceder Europa Press, las organizaciones solicitan a Elma Saiz “que se adopten las medidas necesarias para la promover dos reformas legislativas que protejan a las personas con discapacidad que pertenezcan al Régimen de Clases Pasivas”. El CISF indica que estos colectivos ya disfrutan de una serie de beneficios en el Régimen General de la Seguridad Social; sin embargo, con la premisa del respeto al derecho a la Igualdad, argumentan que siguen desprotegidas de el ámbito de las Clases Pasivas y esto supone un trato discriminatorio a este colectivo. También exigen la gratuidad de los medicamentos para los discapacitados menores de 18 años.
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Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, “la pertenencia de una persona a un régimen u otro no es motivo suficiente para que se produzca una gestión desigual por parte de los poderes públicos”. Por esto mismo, exigen una homologación en cuanto a la edad de jubilación establecida para ambos regímenes basándose en la recomendación del Informe de Evaluación y Reforma, resultado del Pacto de Toledo en 2020.
En este escrito se establecía que aquellos trabajadores que poseen una menor esperanza de vida, debido a su discapacidad, deberían de adelantar su retirada laboral y la de sus familiares. El informe hacía ver las necesidades actuales del colectivo y reflejaba la incompetencia actual de sus derechos, todo con la intención de una mejor inclusión de las personas discapacitadas en la sociedad y mejorar su nivel de vida.
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La gratuidad de medicamentos
Hoy por hoy, vuelve a reflejarse un distanciamiento entre los funcionarios de Clases Pasivas y el resto. Ya que de forma general disfrutan de un servicio de medicamentos gratuitos aquellas personas menores de 18 años cuyos progenitores se encuentran inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social. Aunque este beneficio es algo del que solo pueden disponer aquellos que han sido declarados con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Por esto mismo, incide el CSIF que se trata de un “trato desigual discriminatorio” y solicitan que se puedan adherir también a la prestación farmacéutica quienes se encuentren también dentro del Régimen de Clases Pasivas
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