Bruselas avisa a España de que debe subir impuestos para cumplir con el Plan de Recuperación y la consolidación fiscal

La Comisión Europea ha publicado este lunes los primeros exámenes exhaustivos (In-Depth Review) para los países que registran desequilibrios macroeconómicos y entre ellos se encuentra España. El documento recuerda, como ya anticipó un informe de diciembre, que existe un riesgo elevado a largo plazo de la deuda pública, por lo que es necesario “un esfuerzo de consolidación adicional” para que el déficit y la deuda se mantengan en una senda descendente en la próxima década. La ya reiterada llamada de atención para que España haga un plan de consolidación fiscal a medio plazo va acompañada esta vez de recomendaciones específicas por el lado de los ingresos: el Ejecutivo comunitario señala tres ámbitos de actuación y los liga al Plan de Recuperación.

Bruselas resalta que España sigue teniendo un peso de los ingresos tributarios sobre el PIB menor al de otros estados miembros, con una presión fiscal del 38,3% en 2022, frente a la media del 41,2% de la UE. Además, Hacienda ya ha avanzado que el porcentaje ha caído al 38% en 2023 por las rebajas fiscales relacionadas con la inflación. Por ello, aunque Bruselas reconoce avances (la brecha era de 5,6 puntos en 2019) insta a tomar nuevas medidas. “Habría margen para ser más ambicioso en lo que respecta a las medidas políticas, sobre todo teniendo en cuenta que el reciente incremento de los ingresos tributarios es mayoritariamente de naturaleza temporal”, señala el documento.

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En opinión de la Comisión, la inflación, el crecimiento del PIB y el aguante del mercado laboral están haciendo posibles crecimientos extraordinarios de los ingresos, pero eso terminará, por lo que señala tres posibles medidas adicionales. Apunta a simplificar el sistema del IVA, ajustar los beneficios fiscales y aumentar la fiscalidad medioambiental “protegiendo al mismo tiempo a las personas vulnerables con medidas compensatorias específicas”.

Estos aspectos son precisamente los recomendados por los expertos del libro blanco de la reforma tributaria de 2022, documento que forma parte del Plan de Recuperación comprometido para recibir los fondos y así lo recuerda la Comisión. “Una aplicación ambiciosa de estas medidas ayudaría a garantizar unos ingresos públicos sostenibles, contribuyendo al mismo tiempo a la consolidación fiscal de cara al futuro y alcanzando el nivel de ambición establecido en el Plan de Recuperación”, detalla.

La referencia al nivel de ambición es clave y novedosa respecto al mismo informe del año anterior. La Comisión se limitó entonces a reconocer los avances de España en materia tributaria con la aprobación de los impuestos a los servicios digitales y a las transiciones financieras, así como el gravamen temporal de solidaridad a las grandes fortunas, “mientras que se espera una reforma fiscal integral”. En contraste, en el informe de este lunes insta a “seguir mejorando el sistema tributario aplicando las acciones previstas en el Plan de Recuperación”.

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En los tres aspectos señalados por Bruselas, España mantiene un marco fiscal diferencial. Según recoge el informe anual de fiscalidad de la Comisión, solo cuatro estados miembros tenían un IVA superreducido en 2023: España (4%), Francia (2,1%), Croacia (0%) e Italia (4%). El Comité de expertos instó a eliminar esta anomalía simplificando y elevando los tipos a la vez que se compensa a las rentas bajas. Esto se debe a que los bajos impuestos en el consumo restan recaudación y benefician más a las rentas altas.

En España también se pagan menos impuestos medioambientales a pesar de algunas actuaciones, como el impuesto a los plásticos de un solo uso y a los residuos en vertederos. Según el citado informe, España es el tercer país con menos peso de la fiscalidad medioambiental en su PIB, solo por delante de Luxemburgo e Irlanda. Este diferencial negativo se refleja tanto en los impuestos energéticos como en los asociados al transporte (peajes) y a la contaminación.

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En el Plan de Recuperación hay un punto polémico relacionado con esta área sobre el que no se ha actuado: la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante. España tiene tipos inferiores para el gasóleo e incluso el gasóleo agrícola y el pesquero están exentos del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos. El Comité de expertos recomendó efectuar un “aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos” de la gasolina, el diésel y el gas natural para reducir las emisiones y aumentar la recaudación, aunque también con compensaciones a las rentas bajas y sectores más afectados.

El toque de atención llega en un momento en el que Hacienda esperaba pasar el examen de Bruselas con las acciones ya acometidas, aunque en privado no se cierra a negociar con la Comisión y a adoptar novedades impositivas para recibir los fondos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda explicó el pasado jueves los planes del Ejecutivo en materia de impuestos y no contempló ninguna de las acciones sobre las que ahora pone el foco Bruselas.

En concreto, Montero detalló que al no haber Presupuestos en 2024 el Gobierno quiere aprobar en una ley la reducción por rendimientos del trabajo ligada a la subida del SMI de 2024 y una bonificación fiscal a inversiones verdes en el impuesto a las energéticas. En otro paquete prevé hacer definitivo tanto el impuesto a las energéticas como a la banca si logra apoyos parlamentarios. A preguntas de los periodistas detalló además que “no tenemos previsto que se vayan a establecer medidas adicionales de las ya comentadas (...) por voluntad del Gobierno no tenemos perspectiva de poner en marcha ninguna subida del IRPF ni ninguna otra cuestión”.

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En la misma línea, Montero aseguró que “el Gobierno de España no tiene previsto aplicar ninguna política de recortes para la reducción del déficit” al 3% porque bastará con el crecimiento económico. Un escenario que el Ejecutivo comunitario no ve factible ante el aumento del gasto en envejecimiento que, considera, repercutirá en un repunte de la deuda en los próximos diez años si no se toman medidas adicionales. Todas estas discordancias, o al menos las más importantes, se tendrán que terminar pactando en el plan de ajuste fiscal que España debe presentar antes del 20 de septiembre para cumplir con las nuevas reglas fiscales.