Los Piratas Europeos salen en defensa de Telegram y denuncian su bloqueo en la UE

Tres días después de la orden judicial para bloquear la red social Telegram en España, la aplicación continúa en funcionamiento. A pesar del auto emitido este viernes por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que ordenaba a las operadoras de telecomunicaciones la suspensión de los recursos asociados a Telegram, las compañías negaban el domingo haber recibido este mandato desde los juzgados.

Mientras, organizaciones y usuarios critican la medida cautelar emitida por el juez Pedraz. Además, parece que el rechazo a su decisión ha llegado a Europa: el partido Pirates de Catalunya, miembro de los Piratas Europeos, ha denunciado al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “por la desproporcionalidad de las medidas tomadas por la Audiencia Nacional”.

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Según ha comunicado el partido, acudirán al TJUE con el abogado Josep Jover i Padró, especialista en legislación europea. El letrado defendió en la radio catalana RAC1 que la orden de la Audiencia Nacional viola el derecho a la libertad de expresión, recogida en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. En concreto, el conflicto estaría con la “libertad de recibir y comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de las autoridades públicas”.

Los Pirates de Catalunya irán más allá: presentarán unas consultas en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea “por la deriva autoritaria y censuradora de determinados estamentos del estado (sic) español”. A su vez, trabajarán por “facilitar a las personas usuarias de Telegram herramientas para poder continuar accediendo a la aplicación saltando el bloqueo”. La plataforma, que supera los 900 millones de usuarios activos, es manejada por un 28% de la población española, según una encuesta de Statista en 2023.

La Audiencia Nacional respondía este viernes a una denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar+ por un presunto delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra diversos canales de la aplicación. El juzgado español había solicitado en el marco de la investigación de estos hechos la colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, donde está registrado Telegram Group Inc. La falta de respuesta desde este territorio de ultramar, necesaria para identificar a los titulares de las cuentas infractoras, es lo que ha motivado la orden de bloqueo.

En el auto, el magistrado considera que “no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados”, por lo que la orden sería “necesaria, idónea y proporcional”.

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La oposición a la medida impuesta por el juez Pedraz ha llevado desde diversos entornos: la organización de consumidores Facua considera desproporcionado el bloqueo y advierte de que podría tener “enormes prejuicios” para los “millones de usuarios de esta aplicación de mensajería. “Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas que incurren en piratería”, ha criticado su secretario general, Rubén Sánchez.

Mientras, el partido político Podemos ha criticado en Twitter (ahora X) el “injusto bloqueo de Telegram”. Su secretaria general, Ione Belarra, ha valorado la decisión del magistrado como “una medida injusta, censora y totalmente desproporcionada que atenta contra las libertades”. Otras figuras de la formación, como Pablo Echenique, también se han pronunciado al respecto. “Conseguirá equiparar a España con Corea del Norte”, ha aseverado el secretario de Programa de Podemos.

También se oponen a la Audiencia Nacional desde la ultraderecha. Vox ha considerado que el bloqueo de Telegram supone “un ataque sin precedentes contra la libertad de información”. Desde la formación liderada por Santiago Abascal, aseguran que “no se han tomado medidas tan contundentes cuando desde las redes sociales se ha delinquido contra particulares o se ha difundido propaganda del ISIS” y achacan la decisión al “poder del duopolio mediático, que es quien la ha impulsado”.