Los Inspectores de Hacienda creen que una financiación singular para Cataluña es inconstitucional y aumentará el fraude

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha valorado este lunes la propuesta de independencia fiscal del gobierno de Cataluña, la cual han considerado parcialmente inconstitucional y que supondrá una merma de la eficacia de la lucha contra el fraude. Según la asociación, el planteamiento de Cataluña fraccionaría la Agencia Tributaria (AEAT) y pondría en riesgo la dotación de los cinco fondos de reequilibrio autonómicos existentes y contemplados en la Constitución.

Así lo ha explicado José María Peláez, inspector de Hacienda y uno de los portavoces de la organización: “Con el marco actual no tendría amparo legal”, ha defendido, citando la propia Constitución, la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las distintas normas de desarrollo. En concreto, la postura de los inspectores es que la legalidad actual no permite la cesión de la recaudación de todos los tributos ni pasar a una gestión total autonómica de la fiscalidad, lo que implicaría plena capacidad normativa y órganos propios.

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Respecto a la posibilidad de modificar la LOFCA como plantea la Generalitat, Peláez opina que “sería inconstitucional porque no se estarían aportando los recursos a los cinco fondos” e “incumpliría los principios de igualdad y solidaridad” fijados en la Constitución. En consecuencia, la pretendida soberanía fiscal de Cataluña “conllevará una sustancial merca de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos”.

Por otra parte, Teresa Benito ha defendido que el “gran activo” de la AEAT es la base de datos conjunta a todas las comunidades autónomas, que se nutre a diario de más información y permite que la lucha contra el fraude “sea más eficaz”. “Perderíamos información de las empresas catalanas”, ha considerado Benito, a lo que ha añadido que “la tendencia europea es totalmente la contraria a la fragmentación”. En esta línea han estimado que si Cataluña tiene su propia agencia tributaria se podrían ver afectados unos 3.000 millones de euros recaudados por fraude fiscal, en torno al 20% de los 15.000 millones totales.

De hecho, los inspectores han criticado que el actual modelo de las regiones forales ya supone un perjuicio para el fraude fiscal, aunque es legal. “Cuando hacemos comprobaciones tributarias todo lo que se refiere a País Vasco es un agujero negro, no hay información”, ha señalado Peláez. “Esa información no está en la base de datos de la AEAT y por supuesto que perjudica, lo que pasa es que representan el 6 o el 7% del PIB, Cataluña es un 20%, sería un agujero demasiado importante”, ha añadido el inspector.

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También han criticado la propuesta desde el punto de vista organizativo, ya que crear una agencia tributaria catalana implicaría traspasar a los funcionarios de la AEAT de Cataluña, unos 5.000, a ese nuevo organismo. “Los compañeros que están en Cataluña nos han trasladado su preocupación y nerviosismo”, ha asegurado Ana de la Herrán, miembro de IHE.

En cuanto a la posible creación de un consorcio, como ha planteado el PSOE, también se muestran excépticos: “No hay motivo para hacer un consorcio salvo lo que dice el Estatuto de Cataluña (...) no se mejora la eficacia”, ha opinado Peláez. Solo ven viable esta opción para establecer colaboraciones específicas entre el Estado y la comunidad autónoma, pero no para recaudar impuestos no cedidos, como pretenden los partidos independentistas.