Las ayudas por hijos en España apenas reducen la pobreza infantil y son las terceras más bajas de la UE

España se encuentra entre los países con más pobreza infantil de la Unión Europea desde hace más de una década y en 2022 (con rentas de 2021) llegó a ser el estado comunitario con la tasa de riesgo de pobreza en menores más elevada. Un 27,8%, según Eurostat, lo que equivale a 2,3 millones de personas. Estos malos datos se deben a múltiples factores socioeconómicos, aunque un informe publicado recientemente por la Comisión Europea explica parte de ellos: las ayudas a la infancia en España son escasas y están mal diseñadas.

Según el documento The Impact of EU Tax and Benefit Systems on Child Poverty and Inequality, España es el tercer país de los 27 con menos gasto en ayudas a la crianza respecto a su renta per cápita. También es el segundo, junto con Portugal, en el que más ineficiente resulta el sistema fiscal y de prestaciones para reducir la pobreza de los más jóvenes. El trabajo engloba en ayudas a la infancia las prestaciones monetarias por hijos, otras prestaciones y las desgravaciones fiscales. En el caso de España, en “otras prestaciones” están incluidas las rentas mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, cuya cuantía se ajusta en función del número de miembros y de menores del hogar.

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En concreto, las ayudas por hijo en España suponen el 4,1% del PIB per cápita, muy lejos de Austria (12%) y de Polonia (11,6%) y solo por delante de Grecia (4%) y de Irlanda (3,2%). La mayor parte de los estados destinan más recursos a las prestaciones por hijos, pero la composición de las ayudas en España está muy repartida entre los tres instrumentos y esto repercute en una menor reducción de la pobreza. Cada una de las herramientas tiene propiedades redistributivas diferentes y que actúen sobre la infancia no significa que tengan el objetivo de reducir la pobreza.

De hecho, aunque la diferencia es pequeña, el 10% más rico de España recibe más ayudas de media por hijo que el 10% más pobre. Esto se debe a que las prestaciones por hijos no están supeditadas a un límite de renta (se ligan a otros requisitos, como familias numerosas o discapacidad) y a que las rebajas fiscales las aprovechan en mayor medida los deciles de renta medios y altos porque los más bajos ya tienen de por sí reducidas obligaciones fiscales. La única herramienta que equilibra esta descompensación son las rentas mínimas, que sí actúan solo entre los deciles bajos de renta.

Además, el documento analiza como han cambiado las ayudas a la infancia por deciles de renta entre 2019 y 2022 y registra que en España las destinadas al 10% más rico han aumentado un 0,02% respecto al PIB per cápita, mientas que las del 10% más pobre no han variado. Estas actuaciones en contra de la progresividad evidencian que España estaba lejos en 2022 de tener las herramientas necesarias para avanzar en la mejora de la pobreza infantil.

Por otra parte, el informe califica las ayudas y concluye que de todas las destinadas a la infancia en España, el 70% no están dirigidas a reducir la pobreza. Después, entre las que sí tienen dicha finalidad, el 20% son inadecuadas, por lo que solo queda un 10% que buscan reducir la pobreza infantil y están bien diseñadas.

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En consecuencia, las ayudas a la infancia en España solo logran rebajar en 4,76 puntos la conocida como tasa AROPE (grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social) de los menores, únicamente por delante de Portugal, con una reducción de 4,72 puntos. Lideran el ranking Eslovaquia (16,05 puntos) y Hungría (16,02). Dentro de esos 4,76 puntos, 1,34 corresponden a las prestaciones por hijo, 1,96 a las rentas mínimas y 1,46 a bonificaciones fiscales.

España también es el segundo estado (detrás de Países Bajos) donde el sistema fiscal y de prestaciones dedicado a los menores consigue menor impacto redistributivo: reduce el coeficiente de Gini menos de 0,01 puntos. Se evidencia además que los beneficios fiscales aumentan ligeramente la desigualdad que mide este índice al beneficiar más a las rentas altas.

Según señala el estudio, España es “un caso atípico” en el que las prestaciones no condicionadas a los hijos “sustituyen el bajo impacto de las prestaciones condicionadas a los hijos” en la reducción de la pobreza infantil, aunque su tasa AROPE “sigue siendo alta después de todas las intervenciones”. En general, las prestaciones monetarias son la herramienta que más reduce la desigualdad de rentas en España, mucho más que los impuestos.

En concreto, las prestaciones por desempleo reducen la pobreza infantil en 5,23 puntos, más que todas las ayudas por hijos juntas. También tienen un efecto muy marcado las pensiones, que restan 4,21 puntos. Con un impacto mucho más reducido se sitúan la asistencia social y habitacional (-0,21 puntos) y otras prestaciones familiares (-0,35). En conjunto, después de toda la intervención pública, la tasa AROPE de los menores pasa del entorno del 42% al del 27% mencionado anteriormente.

Las pensiones de edad avanzada se han comido prácticamente todo el aumento del gasto público en protección social de los últimos 10 años, lo que deja poco margen presupuestario a otro tipo de actuaciones, como las centradas en la infancia y en la vivienda. No obstante, las competencias en materia de protección de las familias y de la infancia están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que el mal diseño del sistema es una responsabilidad compartida de los distintos niveles de gobierno.

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Ante esta situación, la OCDE recomendó a España en su informe bianual publicado en octubre mejorar las oportunidades para los jóvenes. En el paquete de medidas sugeridas incluyeron que las ayudas sociales se dirijan más a los más necesitados, “sobre todo a las familias de bajos ingresos con hijos” y establecer un mejor acceso a la vivienda para “reducir el riesgo de pobreza entre los jóvenes”. Por el momento, el Ejecutivo central cuenta por primera vez con ministerios específicos destinados a Infancia y Juventud y a Vivienda que se suman al de Derechos Sociales y Agenda 2030, ya presente en la pasada legislatura.