El juez de la Audiencia Nacional se echa atrás y rechaza suspender Telegram: “Sería una medida excesiva”

El juez de la Audiencia Nacional ha decidido dejar sin efecto el bloqueo temporal de Telegram que él mismo había acordado el pasado viernes. El magistrado Santiago Pedraz, tras solicitar un informe policial, ha concluido que la medida sería “excesiva y no proporcional”.

En una providencia dictada a primera hora de la mañana de este lunes, el magistrado Santiago Pedraz dejaba sin efecto la suspensión temporal de Telegram en España, una medida que el propio juez adoptó a raíz de la denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+. Pedraz había dado este lunes un plazo de tres horas a las operadoras para que bloqueasen la aplicación en España.

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Horas después, el magistrado ha dictado un auto en el que rechaza esta medida al constatarse “un hecho notorio que el instructor no puede ignorar” y que es “la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión” del servicio de mensajería de Telegram.

Añade que, “sin perjuicio de que es sabido que dicha plataforma es utilizada también para actividades delictivas, son más que múltiples usuarios de todo tipo (particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) que han optado por utilizar Telegram al brindarles unos beneficios que otras plataformas no dan, todo ello bajo una “amparada privacidad”.

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Los denunciantes, Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+, acusan a la plataforma de alojar sin permiso contenido que atenta contra los derechos de propiedad intelectual. Pedraz justificó su orden -ahora sin efecto- de bloquear temporalmente Telegram ante la falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la aplicación) con la petición de información de la Audiencia Nacional sobre datos que identificaran a los titulares de cuentas que incurrían en la presunta violación de derechos de propiedad intelectual.

La falta de información por parte de Telegram, argumentaba el juez, no le permitía continuar investigando la causa, por lo que tomó la decisión de bloquear la plataforma para evitar “la reiteración de los hechos denunciados”. Subrayaba que la medida, apoyada por la Fiscalía, era “necesaria, idónea y proporcional”, ya que, a su juicio, no existía alternativa para frenar la difusión de los contenidos creados por los denunciantes.

Las reacciones a la resolución judicial no se hicieron esperar. Facua-Consumidores en Acción la calificó como “absolutamente desproporcionada”. En un comunicado, la asociación advirtió de los “enormes perjuicios” que causaría para los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería. “Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas piratas”, criticó el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en un comunicado.

El partido Pirates de Catalunya, miembro de los Piratas Europeos, fue más allá y denunció “al Estado español” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “por la desproporcionalidad de las medidas tomadas por la Audiencia Nacional”. Además, aseguraron que presentarían unas consultas en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea “por la deriva autoritaria y censuradora de determinados estamentos del Estado español”.