Las operadoras de telecomunicaciones no han recibido aún la orden de bloquear Telegram

El juez Pedraz ha ordenado suspender la actividad de Telegram en España por el presunto uso no autorizado de contenido audiovisual

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Imagen del logo de Telegram
Imagen del logo de Telegram (Fabian Sommer/Dpa)

Las operadoras de telecomunicaciones no han recibido aun la orden de bloquear la red social Telegram dictada el sábado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por usar sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor, según fuentes del sector.

El juez Pedraz dio este sábado tres horas de plazo a las operadoras de telefonía para bloquear en España la aplicación de mensajería instantánea Telegram, que contarían desde la recepción de la comunicación judicial, según figura en el auto del magistrado.

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Denuncia de las empresas por uso no autorizado

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha ordenado suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram, ha dado un plazo de tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procedan a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación.

La orden judicial deriva de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor. Pedraz, titular de juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, considera la medida “necesaria, idónea y proporcional” porque no hay alternativa para frenar la difusión de esos contenidos.

El auto explica que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la empresa de mensajería) no han colaborado con la comisión rogatoria enviada a Telegram para que informase de determinados datos e identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción.

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La falta de información por parte de Telegram no le permite continuar instruyendo la causa por lo que el juez tomó la decisión de bloquear para evitar “la reiteración de los hechos denunciados”.

La decisión judicial ha sido criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital.

*Información elaborada por EFE

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