Abolir o regular la prostitución: radiografía del conflicto y las dudas sobre el plan del PSOE

El Partido Socialista registró el pasado martes en el Congreso una proposición de ley para castigar el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución, un proyecto que ya presentaron en la pasada legislatura pero que decayó por la convocatoria de elecciones generales. Tampoco ahora le resultará sencillo al PSOE lograr un consenso político dada la división de posturas que suscita este asunto dentro de la izquierda y más aún teniendo en cuenta que Sumar, el socio del Ejecutivo de coalición, ya ha señalado que no apoyará la iniciativa, y es probable que de nuevo necesiten recabar el apoyo del Partido Popular si quieren sacarla adelante.

Los socialistas proponen una reforma del Código Penal centrada en la modificación del artículo 187, planteando así penas de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses para la persona que “emplee violencia, intimidación, engaño, o abuse de una situación de superioridad o determine a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución”. También se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien, “con ánimo de lucro, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”.

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Se castiga asimismo la tercería locativa, es decir, la cesión de inmuebles para el ejercicio de la prostitución con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses, mientras que para los clientes que paguen dinero por sexo u otro tipo de prestación de contenido económico, el texto de la iniciativa señala que habrá “multas de 12 a 24 meses”. La iniciativa también deja claro que en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.

Más allá de las discrepancias que vaya a generar esta nueva iniciativa socialista, el eterno dilema sobre regular, abolir o despenalizar la prostitución también divide al feminismo, al ser un movimiento plural y diverso, por lo que hay voces que consideran positiva esta proposición de ley y otras que la rechazan al considerar que va a criminalizar aún más a las trabajadoras sexuales y las empujará a la clandestinidad. También hay opiniones que toman propuestas de ambos lados, que introducen matices, y tratan de construir un consenso, por eso en Infobae España hemos querido recoger esa diversidad de opiniones.

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De momento, en España la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, ya permite establecer sanciones a las personas que pagan por sexo y también a las mujeres que ejercen la prostitución, una actividad que se encuentra en el limbo de la alegalidad — no es ni legal ni ilegal — y que mueve unos 4.200 millones de euros anuales, lo que representa un 0,35% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras del Gobierno. Y aunque no hay muchos datos sobre los consumidores de prostitución, un 32% de los hombres reconoció haber pagado por sexo cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó sobre el tema en 2008, y más del 98% son hombres, lo cual convierte a España en uno de los países con más puteros de Europa y del mundo.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla tiene claro que “a golpe de Código Penal no se va a abolir la prostitución” en el país y creen que, en realidad, la iniciativa presentada al Congreso por el PSOE abocará a la “clandestinidad” a las trabajadoras sexuales. “Las mujeres no van a dejar de ejercer la prostitución porque se multe al cliente, van a seguir ejerciendo pero en mayor clandestinidad y expuestas a mayores abusos, a más persecución policial”, explica Kenia García, trabajadora sexual independiente desde hace 10 años e integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. La Policía, asegura, a quien persigue para llegar al cliente cuando hay una ordenanza, “y ya ocurre con la actual ley mordaza, es a las mujeres que ejercen la prostitución”.

En su opinión, multar económicamente a quien paga por sexo llevará a que las trabajadoras sexuales “prioricen la seguridad de su cliente sobre la suya propia porque es su fuente de ingresos”, de forma que terminarán ejerciendo en “lugares más escondidos, oscuros y apartados” para evitar esa sanción.

Y aunque el PSOE ha asegurado que en ningún caso se castigará a las mujeres que ejercen la prostitución, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular, e incluso se ha mostrado dispuesto a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la actividad, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España, García se muestra desconfiada. Cree que la proposición de ley es una “clara herramienta de control migratorio, como ya ha ocurrido en otros países europeos” con normas similares como Suecia, donde la Policía persigue activamente a los clientes poniéndose en contacto con las mujeres a través de sus anuncios, comprobando así su situación migratoria.

“La Policía a quien persigue, hostiga, vigila y chantajea para llegar a ese cliente es a las trabajadoras sexuales”, asegura. “La consecuencia de multar al cliente es que quedamos más desprotegidas y ellos se pueden aprovechar de esa necesidad. Querrán negociar las tarifas e incluso el preservativo, porque el riesgo no lo asumen nunca ellos, ni los empresarios ni los clientes. El riesgo siempre lo acabamos pagando nosotras”, sostiene esta mujer paraguaya que ya lleva casi una dos décadas en España.

Si al PSOE le preocupara realmente la situación de las mujeres migrantes que ejercen la prostitución, añade García, “ya habría aprobado la Iniciativa Legislativa Popular de regularización extraordinaria de personas extranjeras”.

El Código Penal española ya tipifica la explotación sexual y el proxenetismo, recuerda por su parte Paula Arce, jurista especializada en violencia de género y derechos humanos, que considera que las políticas punitivistas de la reforma “solo criminalizan más a las trabajadoras sexuales”. “La realidad es mucho más compleja y no se soluciona con una reforma del Código Penal. Por supuesto que todos estamos en contra de la trata y la violencia, pero criminalizando el ejercicio de la prostitución no se la va a hacer desaparecer, tan solo se conseguirá crear condiciones de ejercicio más precarias e inseguras”, asegura la también investigadora del Grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Multar, por ejemplo, a los clientes puede derivar en violencia contra las trabajadoras sexuales, aclara Arce, ya que las pueden culpabilizar de haber sido sancionados, o pueden decidir no pagarles el servicio. Cuando se sanciona a los clientes, tal y como apuntan diversos estudios — entre ellos algunos de Amnistía Internacional —, también es habitual que empiecen a solicitar más servicios en sus domicilios, con lo cual ellas se ven obligadas a acudir a lugares más inseguros y alejados de sus redes de apoyo, por lo que en definitiva, disminuyen “las probabilidades de autogestión de estas mujeres”.

Tampoco considera positivo perseguir y reducir los espacios legales donde las mujeres pueden ejercer la prostitución, porque “supone una degradación de los mismos, como ya ha ocurrido en Barcelona desde los años 90″.

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La socióloga Águeda Gómez, experta en género y profesora en la Universidad de Vigo, cree sin embargo que multar al cliente que paga por sexo es una medida eficaz, pero solo “si se acompaña de otras de carácter pedagógico, como introducir la educación afectivo-sexual en las escuelas como algo regular”, ya que de lo contrario, añade, “se generan carencias que propician que jóvenes y adultos acaben recurriendo a la industria sexual”, tanto a la pornografía como a la prostitución. “Debe haber medidas contundentes, pero que “no solo sean punitivistas ni solo sean sancionadoras por el punitivismo”.

Gómez, autora también del libro El putero español junto a Silvia Pérez y Rosa María Verdugo, considera que para que desaparezca la prostitución es fundamental dar alternativas a quien la ejerce, pues “la feminización de la pobreza es una realidad y la industria sexual se alimenta justamente de ese empobrecimiento de las mujeres vulnerables que no tienen otras alternativas”, añade.

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Por su parte, la activista Beatriz Gimeno, feminista abolicionista y exdirectora del Instituto de las Mujeres, se muestra crítica con la iniciativa socialista para abolir la prostitución, pues considera “incongruente” que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijera el pasado mes de enero que en España “se necesita consenso para ofrecer ayudas y protección a las 60.000 mujeres en situación de prostitución y no, en cambio, para reformar el Código Penal”. “Es al revés”, sostiene Gimeno, porque “habría mucho más consenso en ofrecer las ayudas y se avanzaría de manera más importante en el camino de la abolición”.

El objetivo, añade la experta, no es aprobar una ley abolicionista, sino “una reforma del Código Penal para penalizar el proxenetismo pero dejando completamente desasistidas a las mujeres”. “Personalmente estoy a favor de la penalización de todo el proxenetismo, pero me parece que no es una ley valiente, sino una ley muy temerosa, que se queda muy corta y que no aborda el corazón del asunto”, asegura, si bien también considera que “deja en una situación de mayor indefensión a las mujeres en situación irregular”, pues de momento, “no parece que vaya a haber ningún tipo de protección para ellas”.

En ese sentido, Kenia García también indica que cada vez conoce a más mujeres que deciden ejercer la prostitución debido a la precarización de sus trabajos en sectores como la limpieza, la hostelería o el campo. De hecho, ella misma optó por esta opción después de haber pasado años trabajando como limpiadora con contratos precarios y jornadas de 12 horas.