La jueza ha abierto diligencias previas de investigación y ha imputado al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil, denunciados por la Fiscalía, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En el auto de apertura de diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid cita a declarar en calidad de investigados, además de a Alberto González Amador, a otras cuatro personas: Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S. Aún se desconoce la fecha en la que tendrán lugar las comparecencias.
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“La conducta defraudadora”, señala la jueza tras analizar el informe de la Agencia Tributaria, “consistiría en reflejar en la declaración del impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona SL unos gastos ficticios basados en facturas emitidas a diversas sociedades con la finalidad de ingresar del erario público menor cantidad de la que correspondía abonar”.
Por otro lado, apunta la magistrada, la inspección fiscal al novio de Díaz Ayuso “detectó que las facturas que no se corresponden con los servicios realmente prestados” por Maxwell Cremona SL “fueron giradas” por otras mercantiles, supuestas empresas pantalla a nombre de Alberto González Amador.
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Facturas falsas y 350.951 euros defraudados
La jueza contabiliza, como ya hizo la Fiscalía, las cantidades que el ahora investigado dejó de pagar a Hacienda en los ejercicios de 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951 euros), un total de 350.951 euros. Asimismo, clasifica en el auto las facturas que, a juicio de la Fiscalía, no se corresponden con los servicios prestados por la sociedad inspeccionada, un total de 15 facturas falsas por supuestos gastos ficticios que ascienden hasta 1,7 millones de euros.
En su auto la jueza también deja constancia de que Maxwell Cremona, en el ejercicio de 2021, “facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, haciéndolo a través de una empresa” a nombre de Alberto González Amador. Dicha sociedad, prosigue la magistrada, “carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona”. Así, deduce que el novio de Ayuso “buscaba con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas” en su sociedad “a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener”.
Cabe recordar que el abogado de González Amador ofreció un acuerdo de conformidad a la Fiscalía en el que el novio de la presidenta regional reconocería los dos delitos fiscales que ahora se le imputan y que la propia Díaz Ayuso negó en una comparecencia pública.
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