El Ministerio de Hacienda ha informado este jueves de los datos de avance de ejecución presupuestaria de 2023, según los cuales el déficit de las administraciones públicas ha cerrado en un 3,66% sobre el PIB (53.556 millones), un punto menos que en 2022 y dos décimas por debajo de la cifra comprometida con la Comisión Europea (3,9%). Según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esto ha sido gracias al crecimiento económico y la creación de empleo, que ha permitido seguir elevando la recaudación, aunque la inflación también influye en el nuevo récord.
En concreto, la Administración General del Estado (AGE) ha pasado de un déficit del 3,06% en 2022 a uno del 2,11% en 2023; las comunidades autónomas del 1,12% al 0,91%; las entidades locales del 0,11% al 0,09% y la Seguridad Social del 0,44% al 0,56%. Esto refleja que la mayor parte de la reducción de déficit en el último año procede de la AGE, mientas que las regiones han superado en tres décimas su objetivo comprometido con Bruselas (el 0,6% de déficit sobre el PIB).
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Aunque el 3,7% cumple con la cifra enviada a la Comisión, está por encima del 3% que exigen para 2024 las reglas fiscales. La previsión del Gobierno es cumplir con ese límite sin acometer “recortes” y para reforzar esa idea Montero ha avanzado que 2023 ya habría cerrado con un déficit del 2,5% si se descuentan los 17.000 millones de euros invertidos en medidas anticrisis. Algunas son la bajada del IVA de los alimentos y la bonificación del transporte público.
Respecto a la vía para reducir esas siete décimas de déficit en este año, Montero ha señalado que “el crecimiento robusto y el empleo” van a aumentar las bases imponibles y a permitir la reducción del déficit. “El Gobierno de España no tiene previsto aplicar ninguna política de recortes para la reducción del déficit”, ha afirmado. En esta línea, ha asegurado que “evidentemente” tiene que haber “prudencia en el gasto” y destinar “gran parte de la recaudación” a la bajada del déficit, como ha recomendado la Comisión en reiteradas ocasiones.
Las comunidades autónomas gastan más
Los ingresos públicos aumentaron un 6,4% anual en 2023, hasta los 271.935 millones en términos de caja. El aumento proviene sobre todo de un incremento del 9,9% de la recaudación por IRPF y del 9% por el Impuesto de Sociedades, algo que el Gobierno atribuye a la mejora de la actividad económica y el aumento del empleo. En cuanto a los ingresos y los gastos por subsectores, los ingresos de la AGE han crecido un 4,1%, los de las comunidades autónomas un 5,8%, los de las entidades locales un 6,7% y los de la Seguridad Social un 9,3%. Los gastos también han crecido un 0,4%; un 4,6%; un 6,3% y un 10,1%, respectivamente. Este reducido crecimiento del gasto de la AGE se debe a la retirada de ayudas establecidas durante la pandemia.
Montero ha incidido en que si no se tienen en cuenta los recursos extraordinarios del sistema de financiación autonómica, las comunidades autónomas “en realidad” aumentaron el gasto en un 8,8%, es decir, 18.110 millones de euros más “dirigidos a servicios públicos”. De continuar con esta tendencia, las regiones podrían poner en riesgo el límite de gasto primario neto establecido por Bruselas para 2024, el 2,6%.
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