El Congreso se lanza a destapar nuevos ‘casos Koldo’ con Díaz Ayuso en la diana

El Congreso aprobará previsiblemente este jueves la creación de una nueva comisión de investigación. El órgano parlamentario tiene el objetivo de estudiar los contratos del Gobierno y otras administraciones durante la pandemia, una petición impulsada por el PSOE a raíz del caso Koldo. El presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas es ahora el principal caballo de batalla del PP contra el Gobierno, ya que envuelve al exasesor del exministro de Fomento, José Luis Ábalos.

No obstante, aunque la parte socialista del Ejecutivo quiere dejar este asunto en manos de los tribunales después de que Ferraz exigiera responsabilidades políticas a quien fuera su secretario de Organización, los socialistas ven en este caso un filón para desgastar al PP apuntando hacia su principal baza: Isabel Díaz Ayuso. Fuentes con peso en el Gobierno y en el PSOE reconocen que han asumido la gestión del caso con “dolor”.

“No ha sido agradable exigirle responsabilidades a Ábalos”, añaden estas voces para justificar la predisposición de los socialistas a utilizar esta comisión para indagar sobre los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado más allá del caso Koldo. Y es que, “durante los últimos años se ha tenido conocimiento público de hechos de esta naturaleza en relación con varias administraciones públicas de distinto nivel”, señala el texto de los socialistas en alusión a los diferentes casos que interpelan a otros gobiernos, también del PP.

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“Resulta intolerable siempre cualquier irregularidad o delito en la contratación pública. Pero resulta especialmente reprochable el aprovechamiento para lucro personal de aquel drama de la pandemia que se llevó por delante la vida de tantos hombres y mujeres”. Por ello, el PSOE quiere que el Congreso “aclare hechos, circunstancias y responsabilidades en torno a las circunstancias” en las que se llevó a cabo la adquisición de material sanitario durante la pandemia en la Administración Pública.

Si el PP utiliza el caso Koldo para atacar al Gobierno, los de Pedro Sánchez arremeten contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por el caso del fraude fiscal cometido presuntamente por su novio. “No podemos quedarnos callados ante los bulos”, reconocen en Ferraz ante la estrategia seguida en esta legislatura de ir al choque con el PP. En el PSOE aseguran haber “aprendido” la lección del anterior periodo legislativo, en el que estaban centrados en vender la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

“En la anterior legislatura no entramos en su juego y defendimos la gestión, pero ya no nos quedamos callados y respondemos a sus mentiras poniéndoles frente al espejo”, resumen estas voces. En este contexto, Ayuso es el principal punto de mira. Su pareja, Alberto González Amador, defraudó al menos 350.000 euros durante los ejercicios de 2020 y 2021. Además, ganó más de dos millones de euros a través de comisiones por intermediar en la compraventa de mascarillas.

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“Sobre corrupción, este Gobierno lo que hace es colaborar con la Justicia. Sin embargo, ustedes en el caso Ayuso señalan a la Fiscalía, a la Agencia Tributaria y a los medios de comunicación”, afeó el presidente del Ejecutivo a Feijóo durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso, marcada nuevamente por los reproches sobre corrupción en ambas direcciones.

Sánchez volvió a poner el foco en la “responsabilidad política” de Ayuso, pues vive “en dos pisos valorados en más de dos millones de euros pagados en buena medida por fraude fiscal a Hacienda”, sostuvo en virtud de la investigación periodística de eldiario.es para instar al líder del PP a exigir la dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la dirección del grupo socialista quieren seguir estrechando el cerco sobre Ayuso. Por ello, auguran que citarán a la presidenta madrileña una vez se inicien los trabajos de la comisión, cuya creación recibirá previsiblemente el respaldo de los partidos del Gobierno y sus socios nacionalistas e independentistas. “Que dé ejemplo”, explicó el portavoz socialista, Patxi López.

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“Ayuso empezó que si los padres no pagaban lo que estaba en los préstamos, luego que el hermano comisionista, y ahora la pareja”. Y es que, no es la primera vez que la polémica rodea a la baronesa regional del PP. Tomás Díaz Ayuso, su hermano, fue investigado por la compra de 250.000 mascarillas por la Comunidad de Madrid durante la pandemia, con un contrato por valor de 1,5 millones de euros.

Aunque el caso fue archivado, el PSOE cree que la comparecencia de Ayuso en la comisión sobre las mascarillas estaría justificada porque “hay un delito directamente de fraude” en el caso de su pareja toda vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid exige explicaciones a “todo el mundo”. Los de Feijóo quieren evitar que se vuelva a poner sobre la mesa el caso del hermano de Ayuso o el de los comisionistas Luceño y Medina en el Ayuntamiento de Madrid liderado por José Luis Martínez-Almeida.

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Asimismo, los populares han supeditado su apoyo a la propuesta del PSOE a la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien estuvo en el punto de mira en los primeros compases del caso Koldo, aunque ya compareció para rendir cuentas sobre su gestión. Armengol era la presidenta del Gobierno balear cuando adjudicó un contrato de 3,7 millones de euros a la trama investigada para la compra de mascarillas. Frente a este rechazo del PP a votar a favor de una comisión en el Congreso, cabe recordar que el PSOE sí apoyó la investigación del caso Koldo en el Senado.

La comisión quiere establecer “los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos”. Asimismo, en un plazo inicial de cuatro meses se investigará la actuación de otras administraciones públicas.

Con todo, la comisión de investigación valorará posibles modificaciones de la legislación estatal “en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro” y, “a tal efecto, se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas”.