Una cooperativa expulsa a un socio con una discapacidad y le exige una fianza de 9 millones cuando recurre: “Me dijeron que no querían tontitos”

“No lo puedo demostrar con pruebas, pero a mí me han dicho a la cara que no quieren tontitos en la cooperativa”. Con esta crudeza y claridad se explica Sergio Huerta, un chaval de 22 años que tiene una discapacidad psíquica y que en marzo de 2021 se apuntó como socio a la cooperativa ‘Puerta de Leganés’, que intenta construir un centenar de viviendas protegidas en el municipio madrileño del mismo nombre, Leganés. Como publicó Infobae España, esta cooperativa se constituyó en mayo de 2009. Casi 15 años después, apenas tiene el 4% del suelo que necesita para levantar los pisos y el Consejo Rector que la dirige desde 2021 ha decidido abrir expedientes de expulsión a todos los cooperativistas que se quejan de la mala gestión. Cooperativistas que en muchos casos han entregado entre 80.000 y 100.000 euros y que ven como pasan los años y este proyecto no acaba de despegar.

Sergio es uno de los expulsados. Su madre, Pilar, asesora fiscal, también era cooperativista. “Yo me apunté en diciembre de 2016. He aportado ya casi 100.000 euros para optar a uno de los pisos. A principios de 2021 desde la cooperativa nos comunican que se ha quedado libre un ático en la misma promoción por 170.000 euros y mi hijo se apunta. Él ya era mayor de edad, y quería vivir solo con cierta independencia. Nos pareció bien que residiera en el mismo edificio para estar cerca. Al fin y al cabo, en 2021, la cooperativa todavía no había empezado a construir y pensábamos en un futuro a medio plazo. Así que Sergio pone otros 89.000 euros”. Pero según Pilar todo se complica cuando a ella le nombran tesorera en julio de 2021 y llega al poder un nuevo Consejo Rector.

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“Yo empiezo con ganas y quiero analizar la contabilidad de los últimos años, porque con la poca información que disponía las cuentas no cuadraban. Había deudas con Hacienda y el Ayuntamiento. Había préstamos que nos había hecho una constructora, difíciles de devolver. Muchos gastos sin una explicación coherente. Pero no me dan acceso a nada de documentación y no puedo realizar la labor que se me encomendó”. Se convierte un poco “en mosca cojonera y eso no gusta”. Así que en noviembre de 2021 la destituyen como tesorera y pocos días después su hijo recibe un burofax comunicándole la expulsión. Le devuelven incluso el dinero que puso.

En eso tuvo más suerte que otros socios que fueron expulsados después. Porque la expulsión supone que la cooperativa se quedan con el 30% del dinero que se ha aportado. “Pero aunque a Sergio le reintegran todo el dinero que entregó, que por cierto me lo reintegran a mí aunque tenían que haberlo hecho a la cuenta de mi hijo, demandamos para que los tribunales anulen el acuerdo de expulsión y readmitan a Sergio. Consideramos que era una injusticia. Además, con esa demanda en curso, la cooperativa no podía asignar el ático de mi hijo a otro futuro socio”, explica Pilar. La disputa judicial cae en el juzgado de lo mercantil número 14 de Madrid.

Aquí llega lo más sorprendente de todo. La parte demandada, la cooperativa, alega que el procedimiento judicial que se acaba de iniciar para ver quién tiene razón conlleva que se imponga al demandante, a Sergio, una medida de caución de 9,4 millones de euros, una especie de fianza porque ‘Puerta de Leganés’ argumenta que todo este litigio “determina que el proyecto sea inviable con el consiguiente perjuicio para cada uno de los 105 cooperativistas”. Aquí se reduce el número a 105 viviendas, aunque el proyecto inicial siempre habla de 107. “Fue el colmo. Expulsan a mi hijo sin motivo, demandamos, y encima nos piden unas medidas cautelares de más de nueve millones de euros porque tienen el cinismo de justificar que no se puede construir por culpa de Sergio. ¡Si nunca han tenido todo el suelo para edificar! Llevan años engañando a los socios”, explica Pilar.

El Consejo Rector, la parte demandada, también argumentó que los contratos de adhesión a la cooperativa de Pilar y de su hijo Sergio eran ilegales, ya que según la ley solo cabe una adquisición de vivienda por unidad familiar, y atribuían a Pilar la compra de los dos pisos, el suyo y el de su hijo. “Es que el planteamiento de la cooperativa era erróneo”, señala el bufete Pérez-Tejón, que defiende a Pilar y a Sergio. “Los dos son solo socios cooperativistas. Cada uno ha aportado un capital. Solo cuando llegue el momento de adquirir y escriturar sus respectivas viviendas, deberán cumplir los requisitos que exige la ley para optar a un piso protegido, es decir, demostrar que no tienen otro inmueble en propiedad y que son unidades familiares independientes”.

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En marzo de 2022 el juzgado dio la razón a Sergio, acordando como medida cautelar la suspensión del acuerdo por el cual se anulaba su contrato de adhesión. Y como medida de caución, como fianza, solo debía poner 1.000 euros en el juzgado. Nada de los nueve millones que reclamaba la cooperativa. Esta recurrió ante la Audiencia Provincial, pero también ha perdido el recurso. “En teoría, Sergio vuelve a ser socio, aunque no le notifican nada”, explican desde el despacho Pérez-Tejón. Este ha sido el primer paso de su batalla judicial. El juicio está previsto para noviembre de 2024. Mientras, Pilar, también fue expulsada en junio de 2022. “Me echan porque en las asambleas daba demasiadas explicaciones de las irregularidades que veía”. Ella también ha denunciado su expulsión y tiene el juicio antes, para julio. “Yo lo que quiero es que me devuelvan el dinero y largarme. No quiero saber nada más de ellos. Y demostrar que con mi hijo se ha hecho una gran injusticia”. Este diario ha intentado, sin éxito, recabar la versión de la presidenta del Consejo Rector.

Sergio y Pilar no son los únicos socios expulsados. “También lo fueron los miembros del antiguo Consejo Rector”, señala Pilar. Y otra decena de cooperativistas que se han quejado de la mala gestión y de la falta de transparencia. Este diario ha hablado con algunos de ellos. Muchos han recurrido su expulsión en los tribunales porque conlleva perder el 30% del dinero que han estado aportando durante años.