Montero, ante la posibilidad de que Alves quede en libertad provisional: “Necesitamos que la justicia sea feminista e igual para todos”

El futbolista podrá abandonar la cárcel si paga una fianza de un millón de euros a la espera de que su sentencia por agresión sexual sea firme

La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en un acto público como aspirante a liderar la candidatura de Podemos a las elecciones europeas. A 25 de enero de 2024, en Sevilla. (Rocío Ruz/Europa Press)

Este miércoles, la Audiencia de Barcelona ha acordado imponer a Dani Alves una fianza de un millón de euros para que pueda quedar en libertad provisional a la espera de que su sentencia por agresión sexual sea firme. La decisión se ha llevado a cabo por mayoría y con el voto particular de un magistrado. Ante esta noticia, la exministra de Igualdad, Irene Montero, ha publicado un mensaje a través de X (antes Twitter) en el que rechaza que los “hombres poderosos” puedan “comprar su libertad”.

En su comentario, añade que “este es un peligroso mensaje de desprotección para todas las mujeres”, y recuerda que “necesitamos que la justicia sea feminista e igual para todos”.

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Los hombres poderosos pueden comprar su libertad. Éste es un peligroso mensaje de desprotección para todas las mujeres.

Necesitamos que la justicia sea feminista e igual para todos. https://t.co/xSSo7p8qfb

— Irene Montero (@IreneMontero) March 20, 2024

La abogada de Alves, Inés Guardiola, solicitó la libertad provisional de su cliente al haber cumplido una cuarta parte de la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta al futbolista. La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha aceptado la petición, de manera que, en caso de abonar esa cantidad, el tribunal retirará al futbolista sus dos pasaportes -español y brasileño-, le prohibirá aproximarse o comunicarse con la víctima y le obligará a comparecer semanalmente en el juzgado.

El tribunal ha explicado en su resolución que “conviene recordar que la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado o la de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería de los límites constitucionales reconocidos en el art. 17 de la Constitución Española”.

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(Noticia en ampliación)

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