Los contribuyentes no deben olvidar esta fecha: 3 de abril. Es este el día que empieza la campaña de la declaración de la Renta 2023-2024 en España. La Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de realizar este trámite de forma online, digital o telefónica. Pero, sea como fuere, rendir cuentas con la administración pública es una obligación que deben cumplir quienes reúnen los requisitos para ello. Además, aquellos que tengan un piso en alquiler tienen que incluir las rentas que obtienen por el inmueble ya que, de lo contrario, se exponen a las cuantiosas multas que puede imponer Hacienda.
Son muchos los propietarios de viviendas arrendadas que desconocen las consecuencias a las que pueden exponerse si no las incluyen en la declaración del IRPF: cuatro de cada diez alquileres no se declaran, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Esto significa que cerca de un 40%, es decir, más de un millón de inmuebles, se alquilan “en negro”.
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Es por ello que la Agencia Tributaria cuenta con “varias formas para verificar el alquiler no declarado: mediante el consumo de suministros como luz, agua y gas, datos catastrales, o la declaración del inquilino en busca de beneficios fiscales”, tal y como explican los expertos de Wolo, la compañía tecnológica especializada en los alquileres de larga duración.
Qué sanciones puede imponer Hacienda por no declarar un piso alquilado
La Agencia Tributaria pone el foco en los alquileres no declarados, imponiendo sanciones que pueden alcanzar hasta el 150% del importe defraudado, más intereses. Es crucial que los propietarios informen sobre sus ingresos por alquiler como rendimientos de capital inmobiliario cuando estos superan los 1.600 euros anuales, para evitar penalizaciones económicas que van desde multas leves hasta muy graves.
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Para cumplir con las obligaciones fiscales, es esencial que los propietarios detallen la naturaleza del inmueble y la distribución de la propiedad, en caso de haber múltiples copropietarios, quienes también deben declarar los ingresos generados. Es posible deducir hasta el 60% del rendimiento neto de los arrendamientos destinados a vivienda habitual, lo que se perfila como un incentivo significativo para optar por alquileres de larga duración, en comparación con alternativas como el alquiler temporal o vacacional, caracterizados por una mayor carga fiscal.
Germán Rabellino, Director de Marketing de Wolo, destaca la importancia de esta deducción fiscal, mencionando que “es uno de los principales incentivos para que los propietarios se decanten por el alquiler de larga estancia”. Además, bajo esta modalidad, se permite la desgravación de varios gastos e impuestos, incluyendo hipoteca, IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), y tasas municipales relacionadas con servicios como limpieza, recogida de basura, alumbrado o suministro de agua.
Los gastos que pueden desgravarse los arrendadores de viviendas
En una reciente actualización de la legislación de viviendas de alquiler, se ha establecido que los gastos de conservación, reparación, comunidad (incluidas las derramas), amortización de bienes inmuebles y los derivados del contrato de alquiler, son susceptibles de deducción.
Aquellos propietarios que hayan acudido a empresas o plataformas inmobiliarias para la gestión de sus propiedades, podrán también beneficiarse de la desgravación de los gastos de agencia si fueron abonados por ellos y no por los inquilinos, conforme a la ley de vivienda aprobada en 2023.
Esta medida busca favorecer a los propietarios al momento de declarar los ingresos obtenidos por el alquiler de sus propiedades. Tras sumar todos los gastos anuales relacionados con la vivienda y restarlos del ingreso obtenido por el alquiler, el propietario podrá determinar su base imponible. Sobre esta cantidad, se permite aplicar una deducción de hasta el 60% si el inmueble se utiliza como vivienda habitual del inquilino.
Para los expertos como Germán Rabellino, la aplicación de estas normas puede presentar ciertas complicaciones. De ahí que compañías especializadas, como Wolo, ofrecen su apoyo a los propietarios para garantizar un cálculo adecuado y evitar errores que puedan derivar en sanciones.
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