En qué consiste el conflicto que planteará el Senado al Congreso por la amnistía: ¿puede retrasar su aprobación y desbaratar los planes del Gobierno y Puigdemont?

La ley de amnistía comenzó este martes su camino en el Senado y el PP hizo valer su mayoría absoluta, anunciando que planteará un conflicto con el Congreso para reclamar la retirada de la norma, que los letrados de la Cámara Alta censuran como institucional, si bien admiten que no pueden detener su tramitación. La iniciativa del partido que preside Alberto Núñez Feijóo tiene que pasar por la Mesa y aprobada por el Pleno. Si la Cámara Baja no atiende al requerimiento, acabará en el Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver.

El PP, a propuesta de Vox, impulsará después de Semana Santa un choque institucional que no tiene precedentes, anticipando al Gobierno una tramitación tortuosa, como prometió. La figura de este conflicto está contemplada y explicada por el propio Constitucional, que lo hace así:

“Cuando un órgano constitucional considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor (...) y le solicitará que la revoque. Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas”.

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Si esto ocurre, es decir que el Senado no haya recibido una respuesta satisfactoria del Congreso en el plazo mencionado y así lo haga saber al Constitucional, el tribunal dará un mes en este caso al Congreso para que se persone en el procedimiento y formule sus alegaciones. “La sentencia que resuelve el conflicto -explica el Constitucional- determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones”. En este momento, el tribunal tiene una mayoría progresista.

Alicia García, portavoz del Grupo Popular y encargada del anuncio este martes en la sesión de control, cree que “cualquier gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley porque es la única salida decente”. Anticipó que “el PP defenderá por encima de todo las facultades del Senado” porque “no está solo en juego su capacidad, sino la defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusó al PP de convertir el Senado “en un freno a la actividad parlamentaria”, en una “cámara dilatoria y obstruccionista que renuncia a tramitar y mejorar leyes y solo aspira a paralizarlas”. Augura Bolaños que el PP “se avergonzará de las barbaridades que dice hoy cuando dentro de unos años diga que la ley es una victoria de la democracia”. “Ustedes se incorporan siempre tarde”, acusó.

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Pero, haga lo que haga el PP, el calendario avanza. Y sea cual sea la maniobra de la oposición, el periodo de tramitación de la amnistía en el Senado no puede exceder de los dos meses desde su inicio, por lo que el 16 de mayo debe haber finalizado. Previsiblemente, de vuelta al Congreso, la ley será aprobada definitivamente y ya solo los jueces podrán tumbarla. En función de cómo actúen éstos lo hará Carles Puigdemont, candidato a las elecciones en Cataluña del 12-M y que para asumir su escaño debería estar en España antes de la sesión de investidura del próximo president.