Miedo, preocupación, angustia. Son algunas de las sensaciones que comparten muchas de las familias que están en riesgo de desahucio y que este miércoles se han concentrado en Madrid frente a la sede de Intrum, uno de los mayores gestores de cateras de vivienda, para denunciar la situación a la que se enfrentan miles de personas en España, ya que a pesar de que el Gobierno prorrogó hasta 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, se siguen produciendo desalojos cada día.
Al grito de “fuera fondos buitre de nuestras casas”, “banqueros usureros” o “que baje el que desahucia”, unos cien activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han reclamado que se ponga fin a los desahucios y han pedido a Intrum que renegocie los contratos de alquiler, algo que por el momento la empresa descarta. Cabe destacar que Intrum, una empresa sueca que se dedica al cobro de deudas y que se ha convertido en un gigante inmobiliario, compró la inmobiliaria del fondo Cerberus, Haya Real State, y la del Banco Sabadell, Solvia, por lo que gestiona la mayor parte de las viviendas y suelos de estas dos entidades.
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Rita, una mujer con cuatro hijas menores de edad que vive en Vallecas, es una de las personas a las que Intrum quiere desalojar y asegura que toda su familia lo está pasando “fatal”. Su casa fue vendida en 2013 a Cerberus, uno de los fondos especulativos inmobiliarios más activos en España con más de 150.000 viviendas compradas al Banco Sabadell, BBVA y Banco Santander, y desde entonces, asegura, el acoso es constante y cada poco tiempo la advierten de que debe marcharse. “El pasado mes de junio terminó mi contrato de alquiler social y sigo pagando, pero vivimos bajo la amenaza de quedarnos en la calle y es horrible. No nos ofrecen ninguna alternativa y así está otra mucha gente”, dice esta mujer a la prensa. “Mis hijas ya están instaladas en el barrio, en el colegio, y no queremos irnos, es nuestra casa”, añade.
Salma, otra vecina migrante de Vallecas, también se encuentra en una situación complicada, ya que a pesar de que la prórroga de la suspensión de desahucios la protege ahora, teme que llegue el día en que esa excepción termine y se quede en la calle con sus tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad. “Tengo miedo porque han llegado a venir a la puerta de mi casa y así no se puede vivir”, lamenta.
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Megáfono en mano y sin dejar de corear consignas como “no permitiremos ni un desahucio más”, Asun, una mujer de 67 años a la que BBVA y Cerberus han intentado desahuciar nueve veces, también ha acudido a la concentración para pedir a ese fondo que negocie un alquiler social, pues con su pensión contributiva de 500 euros mensuales no puede permitirse otras opciones.
Aumentan los “desahucios silenciosos”
Los bancos [Sabadell, BBVA, Banco Santander] saben perfectamente a quién han vendido las viviendas, saben que Cerberus es un fondo buitre que quiere vender rápidamente y marcharse a hacer otro negocio. Cerberus está mandando miles de brufaxes por toda España, sobre todo por Cataluña, Levante, Andalucía y Madrid, para echarles a la calle”, señala Mercedes Revuelta, miembro de la PAH, que advierte que la moratoria de desahucios “tiene letra pequeña”, pues las personas afectadas deben demostrar la vulnerabilidad y que los servicios sociales lo acrediten “cuando están colapsados”.
Si bien es cierto que los desahucios han disminuido gracias a esa moratoria decretada por el Gobierno, Revuelta también asegura que por otro lado “han aumentado los desahucios silenciosos, de los que no se oye hablar, aquellos en los que alguien llama a tu puerta y dice que te largues y tienes tanto miedo que te vas”.
La PAH, que ha puesto en marcha la campaña #GuerraACerberus para protestar contra el fondo en todo el territorio, recuerda que la negociación colectiva que llevan años intentando llevar a cabo “no ha dado ninguna solución”, y ponen como ejemplo los “más de 800 contratos de alquiler que el Banco Sabadell tiene encima de la mesa sin negociar absolutamente nada” con los inquilinos. “Solo compran y venden. Son traficantes de casas”, concluyen indignados.