El Govern plantea recaudar todos los impuestos pagados en Cataluña, dar un cupo al Estado y compensar a las regiones pobres

El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha presentado este martes su propuesta para reformar el modelo fiscal de la región consistente en salir del régimen común en el que se encuentra desde el inicio de la democracia junto con otras 14 comunidades para adoptar una “financiación singular” que es similar al Concierto del País Vasco y al Convenio de Navarra. Más allá del carácter rupturista del planteamiento, el documento ve la luz en un momento complicado: la convocatoria de elecciones anticipadas catalanas para el próximo 12 de mayo hace inviable negociar concesiones con el Gobierno central y con el resto de grupos políticos.

La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha explicado que se trata de un modelo de “soberanía fiscal plena” en el que el gobierno regional pasa a recaudar todos los impuestos que se pagan en la comunidad al margen de los locales. Esto incluiría a las grandes figuras tributarias como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o los impuestos especiales. “Con la aplicación de este nuevo sistema, la Generalitat pasaría de gestionar el 9% al 100% de los impuestos generados en Cataluña, y gozaría de plena capacidad normativa para regularlos”, detalla un comunicado.

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Según la Generalitat, esto se traduciría en un ingreso potencial cercano a los 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual (25.616 millones de euros con datos de 2021, último año liquidado). Además, como contraprestación por los servicios que el Estado presta en Cataluña (políticas de defensa, administración de justicia), el Govern propone una transferencia, es decir, como el cupo vasco y la aportación navarra.

Cabe recordar que los importes de ambos se fijan tras un acuerdo político y se divulgan en el BOE periódicamente, pero sus cálculos no se hacen públicos. Está demostrado que País Vasco y Navarra aportan mediante esta vía menos a la equidad interterritorial de lo que les correspondería por renta per cápita. Precisamente por esto, el Govern plantea un aspecto novedoso: crear un “fondo de reequilibrio territorial” destinado a aquellas comunidades autónomas con menor capacidad económica, a fin de “contribuir a la equidad entre territorios”.

La cuantificación de la transferencia al Estado y del fondo de reequilibrio se acordaría conjuntamente entre la Generalidad y el Gobierno del Estado. De hecho, el nuevo sistema también contempla un mecanismo bilateral Generalitat-Estado de negociación y revisión, así como un mecanismo permanente de coordinación entre ambas partes.

Con este sistema, el Govern quiere corregir el déficit fiscal de Cataluña, que calculan que ascendió al 9,6% del PIB en 2021, 21.982 millones de euros. No obstante, se trata de una estimación, ya que los datos para elaborar las balanzas fiscales no son públicos. Hacienda avanzó una parte de las cifras necesarias para calcularlas la semana pasada, una década después de los últimos cálculos oficiales de balanzas fiscales (referidos a 2014).

También busca ganar autonomía tributaria, es decir, la capacidad de gestionar, recaudar y regular la totalidad de los tributos. “Permitiría a la Generalidad adaptar el actual sistema fiscal a la realidad social y económica de Cataluña, por ejemplo, con una normativa más ajustada al peso de las pymes y autónomos, o implantando herramientas digitales más sencillas que faciliten los trámites tributarios”, informa en un comunicado.

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El Govern argumenta además que la Generalitat dispondría así de los recursos necesarios para financiar adecuadamente sus competencias, lo cual permitiría “fortalecer los servicios públicos”, pero también “corregir el déficit crónico de inversiones estatales en equipamientos e infraestructuras que Cataluña arrastra desde hace décadas”. Según los datos de la IGAE, en los años 2021 y 2022 el Estado solo ejecutó, respectivamente, el 35,8% y el 42,9% de las obras que había presupuestado.

En cuanto a las modificaciones normativas necesarias para implementar la propuesta, el documento concluye que la disposición que debe incorporar el nuevo sistema de financiación al ordenamiento jurídico debe ser una ley orgánica de modificación de la LOFCA. Esta modificación debería complementarse con cambios en la ley de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y en la ley de cesión de tributos a la comunidad autónoma de Cataluña.