El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha anunciado la interposición de varias denuncias para identificar a los “culpables” de la filtración de datos en el comunicado que difundió la Fiscalía sobre el pacto ofrecido por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En el comunicado, emitido el pasado jueves, la Fiscalía de Madrid explicó la secuencia de acontecimientos en torno al “pacto de conformidad” que ofreció el 2 de febrero la defensa de Alberto González Amador al fiscal que le investiga junto a cuatro personas por supuesta defraudación fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021.
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La Junta de Gobierno del ICAM se ha reunido este lunes para “tomar las acciones pertinentes” al considerar que la información contenida en dicha nota de prensa provocó una “ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados” y constituyó una “gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa”.
Por ello, según ha explicado Eugenio Ribón en rueda de prensa, los 14 miembros de la Junta han acordado por unanimidad denunciar los hechos por una doble vía: por lo penal, para investigar un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos, y por la parte administrativa para abrir un procedimiento sancionador al estimar que se ha infringido el artículo 62 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía.
Las denuncias no se dirigen contra nadie en concreto
El decano ha precisado que las denuncias en principio no se dirigen contra nadie en concreto, sino que persiguen la “identificación completa de los autores” para “depurar responsabilidades”. Según ha anunciado, la Junta dará instrucciones a los servicios jurídicos del ICAM para presentar la denuncia por la vía penal y, “en su caso”, el Colegio se personará en la causa como “parte interesada”.
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La Junta de Gobierno sostiene que la “revelación” de datos de unas diligencias penales en ese comunicado, “detallando fechas” y conversaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador, supone una “ruptura del principio de confidencialidad”, básico en el derecho de defensa, y una vulneración “sin paliativos” del deber de reserva y sigilo del ministerio público.
Considera asimismo que pone en riesgo la neutralidad que debe garantizar la actuación de la Fiscalía y que “incumple flagrantemente el protocolo de actuación” para juicios de conformidad entre el ministerio público y los abogados. Por ello, el ICAM ha acordado desvincularse de este protocolo hasta que se establezcan “mecanismos reforzados de confidencialidad”.
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Precisamente este lunes, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado por carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega, que impulsará la creación de una comisión mixta con esta institución para “revisar y actualizar” dicho protocolo.
En dicha carta, García Ortiz rechaza que el comunicado buscase “interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente” y defiende que nunca se reveló “la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas” del letrado de González Amador.
Ribón, que ha subrayado la obligación del ICAM de “defender a ultranza” el derecho de defensa, ha señalado que “en el ánimo de la Abogacía” está la normalización de las relaciones con la Fiscalía, pero también ha puntualizado que “esto pasa” por la “depuración de responsabilidades”.
Información elaborada por Efe