El asesinato de una cocinera agita el polvorín de las cárceles en Cataluña

El asesinato de la cocinera Núria López de la prisión Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona) en la tarde de este miércoles han puesto en jaque a las cárceles españolas. La mujer fue asesinada a manos de un preso que se suicidó tras apuñalarla con un cuchillo.

Tras el asesinato de Núria, los funcionarios de prisiones han dicho basta. Si en 2022 se contabilizaron 453 agresiones sufridas por los funcionarios de prisiones, en este pasado años los ataques a los trabajadores ha subido hasta los 508. La paciencia de los funcionarios ante estos ataques por parte de los reos ha terminado por hacer estallar una situación que ya era una olla a presión y que se escenificaba con las barricadas en los accesos de las cárceles catalanas. De hecho, este viernes, los sindicatos de prisiones han rechazado reunirse con la conselleria de Justicia, que lidera Gemma Ubasart, y han perdido que se destituya al máximo responsable de prisiones, pero ambos se han negado a dimitir. Este sábado, 1.200 presos se han visto afectados al no poder salir de sus celdas por la falta de personal.

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Ubasart había convocado a las dos de la tarde del viernes a los representantes sindicales de los funcionarios de prisiones, pero estos rechazaron reunirse con la consellera hasta que no destituyera oficialmente al secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó. Pero tanto la consellera como el responsable de las prisiones catalanas han rechazado dimitir y han urgido a estos a retomar el diálogo tras esta jornada de protestas.

Los sindicatos han denunciado el creciente clima de inseguridad en los centros penitenciarios de Cataluña, protestando, primero, el jueves ante las puertas de la conselleria de Justicia, y desde la madrugada del viernes, bloqueando las puertas de las prisiones catalanas. Durante las protestas, los trabajadores coincidían en el análisis: la muerte de López ha sido una muerte que tarde o temprano iba a suceder por el creciente número de agresiones, que en 2023 se convirtió en el año más violento de los últimos nueve años para este sector instituciones penitenciarias.

En una rueda de prensa concedida este sábado por Gemma Ubasart y Amand Calderó han asegurado que “volverán” a ofrecer mano tendida a los sindicatos para encontrarnos lo antes posible y solucionar, entre todos y todas, la situación”. Han remarcado que el Govern es muy consciente del trabajo de los funcionarios, “que es un trabajo indispensable, complicado, y sus demandas son legítimas”.

Por ello, han insistido en que se impulsará una inversión para incorporar 800 efectivos especializados con medidas que son “concretas y patentes”, con la incorporación de programas específicos de atención especializada a la incidencialidad y unidades de intervención compensatoria.

Ante el bloqueo de los accesos de las cárceles catalanas, 5.000 reclusos de seis centros penitenciarios se han tenido que confinar en sus celdas, lo que según la consellera de Justicia esto no hace más que aumentar la “tensión” en los centros y puede suponer “un riesgo” para el personal.

En la rueda de prensa del viernes, Ubasart ha explicado que debido a las concentraciones, se ha impedido el cambio de turno en las cárceles de Mas d’Enric, Brians 1, Brians 2, Ponent, y Lledoners. Los reclusos permanecen en sus celdas desde el jueves, aunque el Departamento de Justicia sí ha asegurado que los servicios alimentarios y sanitario están garantizados.

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Con motivo de las protestas, el sindicato ‘Tú abandono me puede matar’ (TAMPM) ha aprovechado para volver a exigir ser declarados profesión de riesgo y nombrados agentes de la autoridad, un reconocimiento que solo tienen los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las policías autonómicas y de los cuerpos de Policía Local.

Los sindicatos penitenciarios llevan tiempo reclamando para hacer su labor diaria con garantías jurídicas para su integridad física y psicológica. Por el momento, no se considera delito un intento de agresión a un funcionario. Solo se catalogan como agresión aquellos actos por parte de los presos que dejen marcas físicas visibles.

Si durante todo el día del viernes, los funcionarios mantuvieran bloqueados los accesos a las cárceles catalanas, obligando a confinar a casi 5.000 recursos, a lo largo de esta noche se decidió levantar el bloqueo -para permitir el acceso de visitas y amigos a los presos o que puedan salir por sus permisos- en la mayoría de los centros penitenciarios de Cataluña. Sin embargo, a primera hora de la mañana han vuelto a cortar los accesos a las cárceles de Quatre Camins, Joves y el de Wad Ras.

Este sábado, cerca de 1.200 reclusos internos de las cárceles catalanas se han visto afectadas. Esto ha hecho que no puedan salir de sus celdas por la falta de personal, cifra que han aportado Ubasart y Calderó en una rueda de prensa este 16 de marzo. De esta forma, los internos que no pueden salir de los módulos tampoco pueden realizar actividades de vida ordinaria y tampoco comunicarse con sus familiares y amigos en los habituales contactos de fin de semana.