Un informe sobre la gestión de Ayuso en las residencias asegura que se podrían haber evitado 4.000 muertes

Un informe elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid que investiga la gestión de Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid sobre los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia de covid-19 calcula que se podrían haber evitado al menos 4.000 fallecimientos si estas personas hubieran sido derivadas a los hospitales con protocolos que garantizaran su atención médica.

La Comisión denuncia criterios “discriminatorios” para las derivaciones de personas enfermas en las residencias de los centros hospitalarios. El estudio ha detectado “decisiones discriminatorias” por lugar de residencia, discapacidad física, deterioro cognitivo o no tener seguro privado de salud.

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La Comunidad de Madrid fue la región de España con mayor número de fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia. Solo en los dos primeros meses, perdieron la vida 9.468 personas, uno de cada cinco residentes totales. Investigaciones paralelas sobre la labor de Isabel Díaz Ayuso estipulan que alrededor de 7.291 lo hicieron sin recibir atención sanitaria, debido a unos protocolos firmados por su gobierno que cribaban la atención y la derivación a hospitales.

Las conclusiones del informe son contundentes. Primero, que las muertes entre marzo y abril de 2020 en las residencias de mayores podrían haberse evitado. Son más de 4.000 las vidas susceptibles de haberse salvado si no se hubieran firmado esos protocolos, han asegurado los ponentes del informe en rueda de prensa. Otra de las conclusiones es que “la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia fue inadecuada”, puesto que los centros no contaron con protecciones adecuadas ni se medicalizaron estos espacios para cuidar la salud de sus residentes. Que la información a los familiares sobre las víctimas fue “incompleta, inapropiada y muchas veces contradictoria”, que con el personal médico que se mandó al IFEMA se podrían haber medicalizado al menos 1.000 camas de las residencias de mayores.

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La investigación señala que la Comunidad de Madrid “restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo”. Esta evidencia ya ha servido para que se inicien algunos juicios aislados en la región, pero la gran demanda de las organizaciones de afectados es que la Fiscalía de la comunidad inicie investigaciones pertinentes para conocer y verificar lo ocurrido en las residencias.

Durante la pandemia, Díaz Ayuso decidió montar un “hospital de campaña” en el centro IFEMA, gestión altamente criticada por la demanda de otras necesidades en ese momento. A ese centro solo se derivaron 23 pacientes leves desde las residencias. Durante el funcionamiento de IFEMA, 5.000 personas murieron en las residencias sin atención médica. “No se autorizó la derivación de ningún paciente de las residencias a los hoteles medicalizados”, asegura el informe.

Los afectados aseguran que “se ha vulnerado el derecho a la verdad”. Solicitan más y mejores investigaciones, puesto que la Comisión de Investigación que realizó la Asamblea de Madrid solo duró ocho sesiones y archivó el asunto por elecciones anticipadas. Ninguna otra investigación pública ha buscado esclarecer los miles de fallecidos en las residencias de mayores.

El informe ha sido elaborado por José Antonio Martín Pallín, presidente de la Comisión y magistrado emérito del Tribunal Supremo, Fernando Flores Giménez, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad, María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California, Fernando Lamata, médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, Anna Freixas Farré, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba, Cristina Monge Lasierra, socióloga y politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza y Eduardo Ranz Alonso, abogado.