Los siete diputados de Junts en el Congreso de los Diputados cunden mucho. No hace ni 120 días que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno, pero el partido independentista ya le ha demostrado su fuerza. En este tiempo ha conseguido pactar una ley de amnistía a medida, es decir, que garantice la vuelta de Carles Puigdemont, que volvería a pisar España en julio tras seis años en el exilio; y no solo eso, sino que encima puede volver como candidato a los próximos comicios catalanes, que se celebran el 12 de mayo después de que Pere Aragonés anunciara un adelanto electoral este miércoles. Y encima, como efecto colateral, consigue que Pedro Sánchez renuncie a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Jugada maestra.
El fin de Junts no es otro que lograr la autodeterminación de Cataluña, y si por el camino puede torpedear la gobernabilidad de España, mejor. Pese a haberse convertido en socio principal del PSOE en esta legislatura, España y sus leyes no le importan. Lo que querían era garantizar que Puigdemont y los imputados por terrorismo se pudieran beneficiar de la medida de gracia y lo han conseguido. Y después han tenido todo a su favor, tanto por el movimiento del Govern catalán adelantando la llamada a las urnas como por el del Gobierno español, que dada la situación en Cataluña se ha echado a un lado.
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Amnistía hecha a medida para Puigdemont
Vayamos por partes. Este mismo jueves la ley de amnistía vuelve al Congreso de los Diputados. Será el último paso antes de llegar al Senado, para ser ratificada por el PSOE y sus socios de Gobierno. El camino hasta llegar a este día ha sido largo. Junts la tumbó el 30 de enero porque no garantizaba el amparo a Puigdemont y a los imputados por terrorismo (los CDR principalmente). Y finalmente, para salvar la legislatura, el Ejecutivo también salvó a Puigdmont. El terrorismo era la línea roja del PSOE. Y encontró la fórmula para contentar a su socio a su vez mantener sus principios. Este es el primer punto de la lista en el que Junts sale ganando.
¿Cómo lo hicieron? PSOE, ERC y Junts redactaron con precisión una ley que trasciende de España y mira a Europa, de aplicación inmediata una vez se publique en el BOE. En ese mismo momento, las euroórdenes quedarían en papel mojado y Puigdemont podría embarcar rumbo a Cataluña. Y lo más seguro es que, además, el expresident pueda llegar a tiempo para el día de las urnas. Segundo golpe maestro. Sobre si está estudiando la posibilidad de presentarse como candidato en el 12-M, dijo este miércoles que aún era pronto. “Todo es muy reciente y debemos sentarnos y analizar bien todo”, ha afirmado.
Puigdemont, posible candidato a la presidencia de la Generalitat
Y aunque desde que Pere Aragonés anunció la convocatoria apenas tuvo tiempo de plantearse su futuro, en una rueda de prensa en Estrasburgo dejó claro que hablaría con sus abogados para que analizaran la situación. La decisión final que tome afectará a su candidatura al Parlamento Europeo, porque cree que esta posición no es compatible con ser candidato a la Generalitat. “Es mi obligación y estoy en contacto permanente con la cúpula de mi partido, como sabéis, por las negociaciones que tenemos en otro nivel y por todo el momento político que vive Cataluña”. La decisión final estará marcada por el plazo para presentar las candidaturas, que ha asegurado que no sabe cuál es. Aun así, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, da por hecho que el gran líder será aspirante a la presidencia de la Generalitat.
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Habrá que ver que dice la ley. Sin embargo, Cadena SER adelantó que fuentes del Tribunal Supremo no ven ningún motivo por el que Puigdemont no pueda concurrir a las elecciones catalanas porque no ha sido ni condenado ni procesado por delito de rebelión o terrorismo. Además, tampoco es necesario que viaje a España para formalizar su condición de diputado, ya que la mesa del Parlament permite el voto telemático para los fugados. Eso sí, si Puigdemont pisa España antes de tiempo (con la ley de amnistía sin aprobar), sí se puede ejecutar la orden de busca y captura y puede acabar en prisión.
Por qué Sánchez renuncia a los presupuestos
Tras la convocatoria de elecciones, Pedro Sánchez ha visto que se le avecinaba un escenario complicado en el que la aprobación de los PGE iba a verse empañada por la llamada a las urnas. Sus socios principales de negociación eran ERC y Junts, y ambos estarían con el foco puesto en su región. La primera en pronunciarse fue la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la encargada de elaborar el borrador de los presupuestos, quien ha asumido frente a los periodistas en un acto en Madrid, que estos comicios inesperados afectan, “sin duda”, al tablero político y dificultaban las cuentas, ha dicho antes de que hubiera salido a la luz la renuncia de Sánchez.
Poco después, Sánchez ya dio la orden de que había que centrarse en los presupuestos de 2025, que se pactarán una vez que la situación en Cataluña esté más tranquila. Siendo que en Cataluña Junts y ERC no han sido capaces de negociar los presupuestos regionales -el Govern firmó un pacto presupuestario con el PSC, pero no ha logrado reunir los apoyos suficientes, solo tenía 66 de los 68 votos necesarios, para sacar las cuentas adelante, después de intentar negociar con los Comuns, Junts y la CUP- probablemente no era el mejor momento para negociarlos a nivel estatal, o así lo ha visto el presidente.
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Y quien gana aquí es Junts, casi sin darse cuenta: consigue convencer al Gobierno para que tramite con sus normas la ley de amnistía, gracias a esta medida de gracia Puigdemont puede llegar a tiempo para ser candidato y volver por todo lo alto al Parlament, si finalmente se aprueba, claro, y encima logra boicotear los Presupuestos Generales del Estado español, algo que a Sánchez le urgía aprobar y que de hecho usaba como moneda de cambio para aprobar la ley de amnistía. Ya lo dijo Laura Borrás, presidenta de Junts, recientemente: el objetivo de su partido no es favorecer la gobernabilidad de España sino conseguir la independencia. Además, hasta hace poco, para Puigdemont el PSOE era el enemigo número uno de la democracia.