Barricadas en los accesos a las cárceles de Cataluña: los funcionarios exigen “dimisiones” tras el asesinato de una cocinera

“Es un punto de no retorno”. El asesinato de Núria, cocinera de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), a mano de un preso que después se suicidó, ha acabado con la paciencia de los funcionarios de prisiones de Catalunya. Este jueves iniciaron unas protestas ante la Conselleria de Justicia que se han prolongado la pasada madrugada con el bloqueo de los accesos a la mayoría de las cárceles catalanas.

Alberto Gómez, coordinador de CSIF Prisiones en Cataluña, atiende a Infobae España desde las barricadas organizadas por los funcionarios de los centros penitenciarios Brians I y II. “La plantilla está muy caliente y enfadada, además de consternada”, subraya. Exigen la dimisión de la consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, y del secretari de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó.

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Los funcionarios acudieron este jueves con las manos pintadas de rojo a la sede del Departament de Justicia, donde se vivieron momentos de tensión con los Mossos d’Esquadra. Después, los sindicatos tomaron la iniciativa de bloquear los accesos al centro penitenciario de Mas d’Enric, donde el miércoles se produjo el asesinato de la cocinera Núria a manos de un preso que cumplía condena por el crimen de una prostituta.

La medida ha sido secundada, de forma popular, por funcionarios del resto de prisiones de Cataluña, a excepción de la cárcel de Puig de les Basses, en Girona. Los manifestantes han bloqueado los accesos a los centros penitenciarios con barricadas desde primera hora de la mañana y no se irán, dicen, hasta que sean desalojados por los Mossos d’Esquadra o la integridad física de sus compañeros que trabajan en el interior de las prisiones esté en peligro.

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El asesinato de Núria, acuchillada en el cuello, en su puesto de trabajo, ha traspasado una “línea roja” que los funcionarios ya vaticinaban tiempo atrás. Según el coordinador de CSIF Prisiones, han pedido en reiteradas ocasiones, sin éxito, negociar con la Conselleria de Justicia un plan de actuación ante la situación de “violencia y hostilidad” que se vive en las cárceles catalanas. Así, además de la dimisión de los responsables de la Generalitat, exigen que se les dote de “herramientas” para combatir las amenazas a las que se enfrentan día a día en los centros penitenciarios, como por ejemplo aerosoles.

Otra de las medidas que reclaman es la condición de agente de autoridad, lo que implica que las agresiones que sufran por parte de los internos serán juzgadas como atentado a agente de la autoridad y conllevarán indemnizaciones por los daños causados. Además, los partes de los funcionarios tendrán presunción de veracidad salvo prueba de lo contrario.