El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este jueves la propuesta del Ministerio de Trabajo para endurecer los registros de jornada (obligatorios desde 2019) porque dejan fuera a la mayor parte de las empresas que son, precisamente, en las que se suelen producir los incumplimientos. Según ha explicado durante una rueda de prensa, “donde hay sindicato se cumple razonablemente el control horario, pero donde no se cumple es donde no hay sindicato”, es decir, en las empresas más pequeñas. En este sentido ha reprochado al ministerio que se centre solo en los negocios de más de 50 trabajadores cuando “el fraude se produce en otros ámbitos” y ha puesto como ejemplos los restaurantes y las cafeterías con jornadas de 10 o 12 horas diarias.
El vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, que negocia estos asuntos con el ministerio, ha matizado que UGT le parece “buena iniciativa” que se obligue a digitalizar los registros, se eleven las sanciones y se permita que la Inspección de Trabajo pueda acceder a ellos de manera remota. “Lo de empezar con empresas de más de 50 trabajadores tiene que ver con la facilidad de aplicación de esas nuevas tecnologías, pero nuestro objetivo es que todas las personas trabajadoras disfruten del derecho de un registro fiable, no manipulable y objetivo”, ha afirmado.
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Por otra parte, Álvarez ha reconocido que los procesos electorales, fundamentalmente las elecciones anticipadas en Cataluña en mayo y las elecciones europeas en junio, complican las fechas para aprobar la reducción de la jornada laboral, que implica modificar el Estatuto de los Trabajadores y obtener 176 votos a favor en el parlamento. Por ello ha considerado que existe un plazo de unos meses (hasta antes del verano) para llegar a un acuerdo con la CEOE y trasladarlo al Ministerio de Trabajo.
En este sentido, ha incidido en que “no se pone en cuestión” que el punto de llegada de la negociación tiene que ser la reducción a 37,5 horas porque en España la negociación colectiva “no sirve” para este fin (como sí sucede en otros países europeos). “En los sectores más atomizados, donde hay más pymes, es muy difícil abordar la reducción del tiempo de trabajo”, ha explicado.
Propone que las horas extras rebajen la edad de jubilación
Relacionado con el tiempo de trabajo y con las dificultades para medirlo correctamente, el sindicato ha recordado la denuncia presentada en enero ante el Comité Europeo de Derechos Sociales porque España incumple supuestamente la carta social europea en lo relativo al pago de las horas extras. La intención de UGT es que se establezca un sobrecoste del 25%. Además, ha incidido en su propuesta de que estas horas cuenten para la jubilación. “En la medida en la que se cotizan a la Seguridad Social, deben de servir como coeficiente reductor para la edad de jubilación”, ha defendido Luján. Se trata de un planteamiento trasladado en la mesa de diálogo social de pensiones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque el sindicato no ha recibido todavía valoración a cerca de la misma.
Por otra parte, el secretario general de UGT ha criticado la forma que el Gobierno le quiere dar al Consejo de la Productividad. En su opinión, es “surrealista” que el Ejecutivo vaya a hablar de productividad sin que las organizaciones sindicales tengan voto en el consejo, por lo que ya ha avisado de que las resoluciones que haga el organismo “tienen un valor cero” para el sindicato. “Que el Gobierno no pierda el tiempo en llevar a esa comisión temas como la reducción de la jornada de trabajo, si no estamos ahí, no vamos a reconocer ninguna legitimidad”. Álvarez ha añadido además de que las características del consejo no se corresponden con las conversaciones mantenidas con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a principios de año.